Abogado Mauricio Daza ante decisión del SII de no presentar querellas: «Lo que se pretende es garantizar impunidad»

El cuerpo de reportajes del diario La Tercera informó este fin de semana que las investigaciones abiertas por financiamiento ilegal de la política de parte de grupos empresariales no prosperarían más allá de los casos SQM y Penta.

La causa es que el Servicio de Impuestos Internos (SII) privilegiaría -tal como anunció desde 2015- su rol recaudador, no así el de persecutor, en lo que diferiría entonces con el Ministerio Público. En otras palabras, solo se perseguirían los dineros defraudados y no habrían querellas para que la Fiscalía pudiese continuar con sus investigaciones.

El tema ha provocado una fuerte y pública discrepancia entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y el director del SII, Jorge Barraza, en el que el primero ha expresado su disconformidad con la medida.

Y es que las investigaciones parecían haber recién divisado la punta de un sumergido témpano de hielo gigante, que ahora comenzaría a involucrar empresas como Ripley, BCI y otras del grupo Angelini, como Copec y Celco, entre otras.

En conversación con El Ciudadano, el abogado querellante del «Caso Penta» y parte de la fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, manifestó su disconformidad y resignación, al apuntar que «no hay mucho que hacer si la persona asignada no va a iniciar acciones criminales». Sin embargo, agregó que «esto no debiera afectar a aquellas querellas, las cuales ya han sido interpuestas, y que están analizándose en procesos abiertos, y tampoco la posibilidad de que el Ministerio Público, a lo menos, investigue hasta el final para los efectos de esclarecer qué es lo que realmente sucedió».

En específico, acusa que “se hace una selección para los efectos de señalar que no se va a perseguir criminalmente solamente a los casos donde hay personas involucrados con el ámbito político y que recibieron dineros a través de la triangulación de boletas ideológicamente falsas”. Esto, añade Daza, es calificable como «una actuación impresentable, la cual, lejos de buscar el cumplir con los fines del Servicio de Impuestos Internos, lo que se pretende es garantizar impunidad para personas que han cometido claros delitos tributarios».