Un decreto-espía que no prosperó, un uso abusivo de la Ley de Inteligencia, la creación de un Dicom de evasores del Transantiago y el Acuerdo de Cooperación del Transpacífico fueron los cuatro puntos que movilizaron a la sociedad civil a enfrentarse al Estado en pos de protegerse de nuevas arbitrariedades propias del desarrollo del mundo digital.
El Ciudadano