Álvaro García: De lobista de las mineras al Ministerio de Economía

Cuando el recién nombrado ministro de Economía, Álvaro García, desempeñó igual cargo en 1995 en una opaca negociación terminó por entregar las últimas acciones que tenía Corfo en la Sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal) a SQM.

Las vendió por la módica suma de 7 millones de dólares.

SQM quería comprarlas por 4,5 millones de dólares (1).

Gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su administración se empeñaba en acabar con la pequeña participación que aún tenía el Estado en las empresas que comenzaron a ser privatizadas en la dictadura. Según detalló Ciper, Corfo vendió su participación en Ferronor, Radio Nacional y Empremar, así como también, el 49% que aún tenía en LAN en US$ 10,7 millones y liquidó su participación en la sanitaria ESSAL Valdivia en otros US$ 10,5 millones (2).

También fue el turno de Soquimich, creada en 1968 por la Corfo y Anglo Lautaro con el proyecto de ser una industria pesada de fertilizantes y cuya privatización se había iniciado en 1983, bajo dictadura. Ahora, en el segundo gobierno democrático, el 25% del capital accionario que a comienzos de la post-dictadura aún mantenía la Corfo, comenzó a ser desgranado, encargándose Álvaro García de culminar cualquier participación estatal en Soquimich, que para la época explotaba potasio y boro del acuífero atacameño. La fiebre del litio vendría dos décadas después.

La cifra de 7 millones de dólares en 1995 correspondería hoy con 14 millones 865 mil 900 dólares.

Para hacer una comparación:

– En 2025, Rio Tinto compró la empresa Arcadium Lithium por 6.700 millones de dólares.

– Codelco en 2023 pagó 244 millones de dólares por un proyecto minero sin industria instalada en el Salar de Maricunga.

La operación fue realizada el 21 de diciembre de 1995, cuando la Corporación de Fomento vendió a Julio Ponce Lerou a través de la Bolsa de Comercio, todas las acciones que tenía en Minsal. Con la venta, el cien por ciento de la compañía pasó a propiedad del ex-yerno de Pinochet.

Álvaro García mandató al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval Precht (DC), al fiscal jefe de la Corfo, el abogado Raúl Donckaster Fernández (DC), y Eduardo Bitrán Colodro (PPD), quien después llegaría al máximo cargo en Corfo y en la actualidad fue nombrado por el presidente Gabriel Boric en el directorio de Codelco.

Industria química pesada: SQM y el proyecto original que nunca fue

Felipe Sandoval, en tanto, también se encargó de cerrar el yacimiento carbonífero de Lota en abril de 1997, que daba trabajo a 1.350 trabajadores. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Sandoval asumió en 2001 como subsecretario de Pesca, ocasión en la que se extendió la Ley transitoria de Pesca por diez años más, hasta el 2013, lo que redundó en directo beneficio de los grandes conglomerados pesqueros. En 2008, fue nombrado secretario ejecutivo de la Mesa del Salmón, liderada por el Ministerio de Economía y dos años después lo vemos en la salmonera Aqua Chile. En 2013, fue elegido presidente del gremio de los salmoneros, Salmón Chile. Los efectos de la legislación pesquera que amplió terminaron con que de 30 empresas se pasó a cinco dominantes, las que hoy controlan el 90% del mercado (3).

DE LOS GABINETES CONCERTACIONISTAS A INVERLINK

Militante del PPD desde 1987,la carrera de Álvaro Desiderio García Hurtado comenzó en altos cargos estatales para derivar con los años como cabildero de la industria minera. Es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y tiene un Master of Arts en Filosofía y Letras otorgado por la Universidad de Maryland y un doctorado en la Universidad de California en Berkeley.

Su primer cargo fue como subsecretario de como subsecretario de Planificación y Cooperación de Mideplan, entre 1990 y 1990, bajo el gobierno de Patricio Aylwin.

Luego de ser ministro de Economía de Eduardo Frei, fue nombrado ministro secretario general de la presidencia por Ricardo Lagos, desempeñándose en el cargo entre los años 2000 y 2002, última fecha en que se privatizó conformando la sociedad de inversiones Inverlink.

Se trataba de un grupo financiero constituido en el año 2000, dedicado a la administración de fondos de pensiones, seguros generales y médicos, fondos mutuos y acciones. El actual ministro asumió como presidente de la aseguradora Le Mans, una de las filiales del grupo Inverlink.

¿Es bueno para Chile el acuerdo entre SQM y Codelco?

En 2003 la secretaria del presidente del Banco Central fue sorprendida enviando correos electrónicos con información confidencial al ex-director general de Inverlink, Enzo Bertinelli, lo que destapó un caso de tráfico de datos, sobornos, robo de documentos a plazos y garantías de depósitos y su posterior venta. El monto del fraude alcanzó los cien millones de dólares, afectando tanto al Banco Central como a Corfo.

Álvaro García fue procesado por complicidad en estafa y fraude al fisco, dictando el ministro a cargo del caso, Patricio Villarroel, en octubre de 2003 una orden de detención en su contra.

La solicitud para procesar a García fue interpuesta por la Municipalidad de Viña del Mar. El alcalde de la ciudad en la época, el cirujano Jorge Kaplan, recibió en febrero de ese año un llamado de parte del actual ministro para pedirle que no retirara un depósito de 1.500 millones de pesos invertidos por el municipio en Inverlink. Pese a la denuncia fue declarado inocente.

Su abogado en esa ocasión fue Davor Harasic, del estudio jurídico Harasic & López, y quien defendería diez años después al dueño de Penta, Carlos Délano y al gerente de SQM, Carlos Eugenio Lavín, en el juicio por corrupción en la política chilena llevada inicialmente por el fiscal Carlos Gajardo. Según publicó un reportaje de The Clinic, los abogados Harasic y López cobraban $ 720 millones por la defensa de los financistas de la UDI y el PPD (4).

ALIANZA VALOR MINERO, UN ESPACIO DE CABILDEO

Álvaro García tiene una asombrosa capacidad para reinventarse. Tras figurar en el escándalo de Inverlink despareció del panorama político local, siendo nombrado en 2004 flamante embajador en Suecia. Cuatro años después lo vemos compitiendo por la alcaldía de Cerro Navia por un cupo PPD, elección que perdió frente al candidato de derecha.

En Junio de 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet había iniciado un nuevo gobierno con un programa orientado a la izquierda, Álvaro García volvió a aparecer como firmante del documento ‘Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida’, preparado por los empresarios Jean Paul Luksic, Bernardo Larraín y Rolando Carmona; el ex-ministro de Economía del anterior gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine; el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza; y el ex-presidente, Ricardo Lagos, entre otras lumbreras.

Con el argumento de “mejorar la competitividad del sector”, recomendaron la restricción del Estado en la minería, reduciéndolo a un rol “planificador, regulador y ser un articulador entre los actores”.

Sin decirlo directamente ponían cortapisas a un rol activo de las empresas estatales en proyectos mineros, para lo cual propusieron una ‘institución público-privada’ “que coordine, entregue información y otorgue una visión a largo plazo”. Es decir, el abandono de las autoridades del Estado en fijar una política minera y entregar los estudios de Corfo y Enami sobre las reservas minerales del país a una instancia en la que tendrían importante incumbencia compañías privadas.

También ya en esa época planteaban modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), políticas promovidas hoy bajo la consigna de la ‘permisología’. Pedían en el documento modificar el marco normativo haciéndolo “más eficiente, eficaz, confiable y transparente”.

Figuraba en esa fecha como ministra de Minería, Aurora Williams, quien se repitió el plato en la actual administración, jugándose por ampliar las concesiones a mineras extranjeras, el polémico acuerdo SQM-Codelco y la entrega de los ricos yacimientos de Andina para salvar a Angloamerican, que lleva a pérdida diez años en la explotación de Los Bronces.

Por qué la integración de Andina y Los Bronces favorece más a Anglo American que a Codelco

La participación de Álvaro García en la formulación de dicho documento fue el mismo año de su estreno como presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, instancia por él mismo diseñada y dedicada a hacer cabildeo a favor de las compañías privadas, como Antofagasta Minerals y SQM, en políticas mineras. De hecho, entre sus financistas figura el Consejo Minero.

Alianza Valor Minero se define como “una iniciativa público-privada que busca promover el diálogo y los acuerdos entre diferentes actores para lograr una inserción sostenible de los proyectos mineros en los territorios”.

Su objetivo es acelerar los proyectos mineros, promoviendo el desmontaje de los estudios de impacto ambiental y los espacios de participación de las comunidades, afán que se puede detectar ya en el documento entregado en 2014.

Bajo el actual gobierno, Alianza Valor Minero ha desplegado junto a otros sectores empresariales y mediáticos una campaña que enfocaron contra la permisología, que en la práctica persigue desmantelar la institucionalidad ambiental. En una actividad organizada el año pasado dedicada a como convencer a las comunidades que son afectadas por proyectos mineros, participaron el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino y el Gerente General, Carlos Urenda.

En recientes entrevistas y como vocero oficial de Carolina Tohá en la campaña de las primarias, Álvaro García se preocupó de defender los intereses de las mineras que operan en Chile. Planteó que para “recuperar el crecimiento económico”, pretendía aprovechar el aumento en la demanda de minerales críticos como el cobre.

García, sin embargo, esconde que las grandes inversiones en minería en la última década si bien han aumentado la explotación de cobre, éste es sacado del país como concentrado, perdiéndose así minerales preciosos como plata, oro, renio, molibdeno, selenio y varios otros, los que son recuperados en refinerías fuera del país.

Hasta comienzos de los años noventa, Chile era el país con una matriz de fundiciones de cobre líder en el mundo con un 14,6% de la capacidad de fundición de todo el orbe, seguido en segundo lugar por Estados Unidos, con un 12,9 por ciento de capacidad de fundición global. Hoy, en los que va del 2025, los concentrados representan el 54,2% de las exportaciones mineras chilenas, en tanto, el cobre refinado fue el 29,4% del total.

EL ROL DE ÁLVARO GARCÍA EN EL ROYALTY MINERO

La influencia del cabildeo de Alianza Valor Minero se hizo notar en la aprobación del royalty minero aprobada por el Congreso en 2023. Álvaro García fue el principal asesor técnico del ex-senador y hombre fuerte del PPD, Guido Girardi, quien estuvo por detrás de las definiciones del monto final acordado con un sector de la derecha. García, en calidad de director ejecutivo de Alianza Valor Minero, expuso ante los parlamentarios bajo la etiqueta de ‘técnico’.

Según destacó José Gabriel Palma, economista, profesor emérito en la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, la fórmula García-Girardi que se impuso con un 6% de las utilidades es idéntico al impuesto anterior, lo que terminó siendo “suma cero”.

Según Palma, la propuesta de García y Girardi significaba una recaudación extra neta “incluso menor a un décimo del royalty de la Cámara. Mientras éste recaudaría en forma neta extra 2.5% del PIB, el nuevo a las 5 mineras más grandes no llegaría ni con suerte al 0.2% del PIB”(5).

El economista también destacó que “la fórmula Girardi-García no incluye ningún componente para incentivar la diversificación productiva ― sólo quedaban las buenas intenciones expresadas en los “porcentajes cero” del gasto extra. Pero cuando yo proponía componentes concretos para adicionar a la fórmula para el cálculo del royalty, como, por ejemplo, que dejáramos el royalty de la Cámara para el concentrado y sólo le aplicásemos las reducciones a un cobre con un mínimo de procesamiento, como el fundido ― para así al menos incentivar la industrialización del sector exportador ― fuera de la Senadora Provoste, no tuve ningún apoyo”.

La relación entre los dirigentes del PPD y SQM está mediada por el traspaso de por lo menos $ 57 millones a dicho partido político entre los años 2011 y 2012, según pudo detectar una investigación de la Fiscalía Nacional, dados a través de la Fundación Chile Ambiente, dirigida por Patricio Rodrigo, también militante del Partido por la Democracia.

INSTALANDO LA NOCIÓN DE ‘PERMISOLOGÍA’

Una de las últimas presentaciones de Álvaro García a cargo de Alianza Valor Minero fue realizada en la reciente versión de Expomin, realizada en abril de 2025, en el Espacio Riesco, en donde presentó una exposición titulada ‘Inversión y Minería’ el jueves 24 de abril a las 9 y media de la mañana. En la presentación abogó por bajar las exigencias ambientales para estimular la llegada de capitales mineros. Uno de los principales financistas del evento es Angloamerican.

Cómo Libertad y Desarrollo colonizó la política minera del gobierno

Como jefe programático de la fallida candidatura de Carolina Tohá, Álvaro García ofreció las mismas recetas de antaño de la Concertación, la que disfraza políticas neoliberales de decisiones técnicas, llama orden fiscal a un Estado que no hace inversión social ni es capaz de pensar políticas públicas financiadas a largo plazo. Entre las recomendaciones divulgadas por Álvaro García estaban las “alianzas público-privadas”, etiqueta para la privatización soterrada de Codelco y la entrega del Salar de Atacama a SQM; la “sostenibilidad fiscal”, cobertura de políticas de austeridad y baja inversión pública. Se ofrecía así “una fuerte colaboración público-privada como motor para diversificar la economía, aumentar la productividad y avanzar hacia un desarrollo sostenible”.

Lo cierto es que en Chile desde hace décadas, se les vienen dando estímulos fiscales y rebajas de impuesto, pero los grandes empresarios persisten en tener un padrón de acumulación rentista que no invierte en producir tecnología. Al mismo tiempo, la colaboración público-privada se ha expresado en la entrega de la mitad del Salar de Atacama a cero costo a SQM hasta el año 2060 y el traspaso de los yacimientos de Codelco Andina a Angloamerican, cuya sobre explotación del mineral Los Bronces los tiene con baja producción hace diez años.

En plena campaña de primarias, Álvaro García dio una entrevista a Ex-ante en la que propuso que la única forma de crecer económicamente era atraer más capitales extranjeros, fundamentalmente en el sector de minería y energía. “Esa es la oportunidad que queremos aprovechar. Y tenemos que asegurar que esos proyectos se aprueben más ágilmente. Para eso hemos desarrollado una metodología de aceleración de los permisos”- sostuvo.

Tras asumir el ministerio de Economía la semana pasada, al ser consultado sobre sus lineamientos para los meses que quedan del actual gobierno, dijo que sus metas son “crecer más rápido” y fortalecer la inversión privada.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano

FUENTES:

(1) Alejandro Carrasco Luna. SOQUIMICH. El negocio del litio y el financiamiento irregular de la política (1968-2017). Lom Ediciones, Santiago, 2025.

(2) Alberto Arellano y Juan Pablo Figueroa. El día en que el Estado le entregó el control del Salar de Atacama a Ponce Lerou. Ciper Chile, 26 de Junio de 2015
https://www.ciperchile.cl/2015/06/26/el-dia-en-que-el-estado-le-entrego-el-control-del-salar-de-atacama-a-ponce-lerou/

(3) Daniel Matamala. Poderoso caballero es don dinero. Catalonia, Santiago, 2015.

(4) The Clinic: Secreto revelado: ¿Cuánto le pagan los dueños de Penta a sus abogados defensores?The Clinic, 22 de Diciembre de 2014.
https://www.theclinic.cl/2014/12/22/secreto-revelado-cuanto-le-pagan-los-duenos-de-penta-sus-abogados-defensores/

(5) José Gabriel Palma: Cómo un senador y un lobista de mineras transformaron la ley del royalty en una nueva “Ley Longueira”. Tehuelche Noticias, 22 de abril de 2022.
https://tehuelchenoticias.cl/nuevo_sitio/2022/04/22/como-un-senador-y-un-lobista-de-mineras-transformaron-la-ley-del-royalty-en-una-nueva-ley-longueira/