CIDH solicita a El Salvador respeto a la vida en prisiones

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presionó a El Salvador a cumplir con su obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, a través de la no renovación de las medidas extraordinarias de seguridad a ese respecto.

Las medidas que están vigentes desde hace casi dos años y que la Asamblea Nacional salvadoreña deberá debatir en los próximos días, han ocasionado serios riesgos para la vida e integridad de las personas detenidas en los centros en los que dichas medidas se encuentran vigentes, apuntó la CIDH en un comunicado.

Asimismo consisten, en acciones y prohibiciones en el ámbito penitenciario que buscan elevar el control en los centros carcelarios del país a fin de detener la influencia de grupos criminales dentro de las prisiones.

Antes del 31 de marzo de 2018, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobará la renovación de las mismas, a solicitud en enero de este año por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

«En el ámbito carcelario, además de incrementar las tasas de encarcelamiento, estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas, y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus familiares», apunta.

Asimismo, la CIDH alerta de que con su adopción existe un impacto al debido proceso de los internos que han conllevado a la prolongación arbitraria de la privación de libertad.

La Comisión también destaca su preocupación por las consecuencias derivadas de estas medidas respecto a la salud de los presos, quienes por «las condiciones inhumanas de aislamiento y encierro», han experimentado un aumento de un 440% en las tasas de tuberculosos y el consecuente número de muertes por esa enfermedad.

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La CIDH también advierte que de manera reciente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein y la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, se han pronunciado al respecto, y llaman al Estado a derogar dichas medidas, así como a permitir el acceso a organismos independientes de monitoreo.