¿El gobierno de Bachelet se la jugará por despenalizar el cannabis?
Tiró mucho la cuerda el psiquiatra Mariano Montenegro. Cruzado convencido antidrogas pensó que tenía la manga larga de la década de los noventa, pero su última campaña contra el alcohol provocó que a las pocas horas de lanzarse lo llamara el subsecretario Aleuy para decirle que la presidenta Bachelet le pedía la renuncia. En una entrevista con El Mercurio, el sábado pasado, aún se mostraba convencido de que hacía lo correcto. Consultado sobre alguna explicación a su renuncia, dijo que “ninguna, la verdad es que no lo entiendo. Comencé a revisar mi gestión de año y medio, y no aparece nada irregular”.
Su sucesor interino en el cargo es un desconocido entre quienes monitorean las políticas de drogas. En calidad de subrogante ocupa la jefatura del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), quien fuera Jefe de la División Jurídica del Servicio, el abogado Antonio Leiva Rabael.
El abogado trabajó anteriormente en las comunas de La Florida y Maipú como asesor jurídico y en la subsecretaría de Prevención del Delito (entre 2012 y 2013). En junio de 2015 llegó al Senda como Jefe de División Función Jurídica y hasta junio de este año percibía un ingreso de $3.885.886.
PODANDO LA LEY
Antonio Leiva estará a cargo del organismo en momentos en que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se estudia un proyecto de ley para despenalizar el autocultivo y el uso del cannabis. La iniciativa original, presentada por un grupo transversal de parlamentarios, planteaba permitir el cultivo de hasta 6 plantas, el porte de hasta 10 gramos de sumidades floridas (cogollos) y la tenencia en domicilio de hasta 500 gramos. El proyecto recibió 68 votos a favor y 39 en contra cuando fue votado en la Cámara en julio de 2015.
Pero la poda del proyecto de ley hilada por Montenegro conseguiría rebajar a sólo una la planta permitida para cultivar. La ofensiva fue orquestada a través del Ministerio del Interior durante la gestión de Jorge Burgos, reconocido cruzado anticannabis.
Cuando fue por pocos meses subsecretario del Interior del gobierno de Frei, Burgos proponía en la discusión de la ley de drogas una ‘acérrima penalización’ del porte de drogas y control de consumo a funcionarios públicos. También propuso que los consumidores que no pagaran la multa impuesta en los cinco días previos a la detención debía sufrir arresto domiciliario los fines de semana, uno por cada UTM y por un período no menor a las 36 horas. A la hora de argumentar tan oscuras medidas en circunstancias que el alcohol es más dañino señaló que ‘Hay dos razones que explican la diferencia. En primer lugar, el carácter ilegal de la droga, que, a diferencia del alcohol, genera potentes asociaciones criminales de alta peligrosidad y daño social -brutal desarticulación económica, dinero negro y, consecuentemente, lavado de dinero-, y también individual: asesinatos, chantajes y afecciones a la salud de las personas’.
Dicho imaginario domina hoy la comprensión respecto del uso de sustancias psicoactivas por parte del gobierno de Bachelet. Uno de los legados de Montenegro fue sembrar la institucionalidad pública encargada de las sustancias declaradas ilícitas de una burocracia adicta al prohibicionismo. El mismo recordó que sintió el apoyo del ex ministro Burgos cuando le permitió elegir a tres de los cuatro jefes de división y a los 15 directores regionales del Senda.
En su cruzada anticannabis Montenegro logró enlistar como aliados a los ministerios de Justicia y Salud.
El organismo dedicó los últimos meses a preparar su campaña contra el consumo de alcohol. Como el objetivo fijado es la reducción del consumo, diseñó una serie de 60 medidas contenidas en el Plan de Acción 2016-2020. Las más polémicas fueron restringir los happy hours y las barras libres. “Es un fomento de consumo a bajo precio, donde puedes tener un consumo desmedido, exactamente lo contrario a lo que necesita el país, que haya menos consumo excesivo, consumo de riesgo. Es parte de lo que hay que debatir sobre las restricciones, porque no ayudan a la salud pública”- sostuvo a un matutino cuando lanzó las medidas.
Como a pocas horas del anuncio se le pidió la renuncia, para no pocos observadores llama la atención que el psiquiatra sólo llenó el vaso de desatinos cuando se enfrentó al alcohol y no con sus desacertadas y repetidas campañas y opiniones sobre el cannabis y otras sustancias.
Así pasó cuando en un spot del Senda relacionaban la música rock con drogas y muerte con la frase “A mí también me gusta el rock… qué pena que algunos mueran antes de los 30 años, y parece que por drogas”.
O cuando en una entrevista radial sostuvo que “la marihuana aumenta la locura”. En la ocasión dijo que “está demostrado los daños brutales de la marihuana para la salud”. A su juicio, el cannabis “altera la memoria, la concentración… altera la motivación y también aumenta la psicosis, aumenta la locura”.
EFECTOS DE LA PROHIBICIÓN
Una investigación reciente publicada por Le Monde Diplomatique, analizando los datos disponibles de detenciones por drogas en Chile, da cuenta que en 2013 más de 85 mil personas fueron detenidas por infracciones a la Ley 20.000 de drogas, cifra que representa el 55% de todos los detenidos en el país por todos los delitos de mayor connotación social para la población.
De los detenidos por cannabis, el 4,9% lo fue por cultivo plantas y el 53% por porte. El 44% de los imputados por drogas portaban menos de un gramo de cualquier sustancia psicoactiva sometida a control y cerca del 60% menos de dos gramos. Al analizar el uso de recursos policiales en usuarios o traficantes, el 77% de los imputados fueron sobreseídos o sancionados por faltas con multas y otras sanciones no privativas de libertad, el 11% por microtráfico y el 5% por narcotráfico. Un dato final detalla que el 87% de estos detenidos lo fueron por control de identidad y solamente el 1,3% por investigación policial.
El otro férreo defensor era el senador Jaime Orpis (UDI), mas por estas fechas está ocupado dando explicaciones a la justicia por los delitos de cohecho tras recibir mensualmente por dos años del grupo Angelini mientras se desempeñaba como senador. Orpis, al igual que los narcotraficantes, usó como pantalla para lavar el dinero la Fundación la Esperanza, creada con la excusa del ‘combate a las drogas’.
LA CERRADA DEFENSA DE LOS PSIQUIATRAS CHILENOS
Tras la caída de ambos cruzados fanáticos la oposición al avance de una política de drogas realista, eficaz y que respete los derechos humanos se concentra ahora en instituciones. Por un lado están las iglesias católicas y evangélicas, las últimas que con el miedo a las drogas han tenido grandes lucros con comunidades terapéuticas. El otro sector duro es el estamento psiquiátrico atrincherado en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, (Sonepsyn), hegemonizada por los profesionales de salud mental dedicados a la terapéutica de adiciones.
Su argumento se sustenta en que el consumo de cannabis y otras sustancias es una toxicomanía a erradicar, lo que de paso les genera una gran clientela. Argumentan que dicha sustancia provoca ‘psicosis tóxicas’, una mirada respecto de uso de drogas desarrollada por la medicina fisiológica del mediados del siglo XIX y reducida a un determinismo biomédico. Pero las recientes investigaciones sobre las propiedades terapéuticas del cannabis han cambiado el enfoque dominante en ciencias y hoy el monopolio de la competencia científica corresponde más a éste sector por la densidad empírica de sus argumentaciones.
Ante este avance, la Sonepsyn y el gobierno han cedido terreno sólo en la medida de poder medicalizar el cannabis. Es decir, que el acceso pase sólo por fármacos o por permisos de ellos. En este contexto se entiende la reciente aprobación por parte del El Instituto de Salud Pública (ISP) de la comercialización en Chile del medicamento a base de cannabis Sativex, utilizado para tratar la esclerosis múltiple y el control de los espasmos musculares asociados. Su costó es de un millón de pesos….
El estamento psiquiátrico tiene al mismo tiempo una clientela cautiva con el modelo sanitario de drogas. Dicho paradigma, que ha dominado las políticas públicas y los discursos mediáticos en las últimas décadas, tiene como eje un ideal sanitario de que la cura de las toxicomanías es la ausencia total del consumo de drogas. El imaginario del rehabilitado tras años de tratamiento genera un buen nicho de negocios ante empresas conservadoras y familias desinformadas. No en vano conocidos psiquiatras figuran como asesores en adicciones en los colegios más caros de Chile, como el caso de Sergio Canals y Rolando Chandía. Montenegro mismo cuando era director del Senda con un sueldo de $6.006.845, figuraba en septiembre de 2015, según publicó La Segunda, como asesor en temas de drogas de los colegios La Girouette, el San Ignacio de El Bosque y el Saint George.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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