El Gobierno de José Antonio Kast logró aprobar la compensación financiera a los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años incluida en su proyecto de megarreforma económica-tributaria, que ha sido cuestionada por favorecer a las comunas del país que más recaudan.
Con un estrecho margen de 27 votos a favor, el Senado dio luz verde este martes al informe de la comisión mixta que define la fórmula para resarcir a los municipios por la pérdida de ingresos derivada de la exención de contribuciones para adultos mayores, que la única norma pendiente de su criticada ley de «Reconstrucción Nacional«.
Este desenlace cierra la última discrepancia que mantenía trabada la iniciativa desde el pasado 22 de julio, cuando la administración del ultraderechista se vio forzado a retirar la urgencia del proyecto al constatar que carecía de los respaldos necesarios para su aprobación.
Según la fórmula de compensación aprobada, los recursos serían sacados del Tesoro Público, es decir, vía presupuesto general de la nación–
En concreto, establece que la Tesorería General de la República deberá restituir tanto la disminución de los aportes del Fondo Común Municipal como los ingresos propios que cada comuna dejará de percibir por la exención.
Sin embargo, el acceso a estos recursos no será automático, ya que las municipalidades deberán cumplir con dos condiciones específicas: mantener actualizada su información de personal y lograr una reducción del 30% en los tiempos de tramitación de permisos, tomando como base el promedio registrado entre 2023 y 2025.
«Vecinos de todo Chile deberán financiar presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos»
Esta medida ha despertado críticas entre los alcaldes y alcaldesas del país, quienes la califican como “injusta”, “regresiva” y que profundiza las desigualdades territoriales.
El jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic, advirtió que «Municipios como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía presupuesto general de la nación».
«Es decir, vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos. Se agrandan aún más las enormes desigualdades que existen, con un financiamiento sumamente regresivo», expuso.
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, calificó como «grotesca y aberrante» la fórmula y señaló que el mecanismo «acrecienta la desigualdad, haciendo que las personas más pobres y humildes de nuestro país terminen financiándole los lujos a los municipios ricos«.
Explicó que este mecanismo de compensación considera la entrega de 120 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal (FCM) y 80 mil millones de forma directa a los municipios, de los cuales casi 40 mil millones van dirigidos sólo a seis comunas (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Providencia y Ñuñoa), mientras que los 40 mil millones restantes se reparten entre 339 municipios .
Ante este escenario, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, encabezó un pronunciamiento respaldado por más de 100 alcaldes y alcaldesas de todo el país, en el que le solicitaron a Kast que los US$200 millones comprometidos por el gobierno para compensar la exención de contribuciones sean traspasados íntegramente al Fondo Común Municipal (FCM).
Sin embargo, el mandatario de ultraderecha optó por no tomar en cuenta la propuesta y se negó a modificar el acuerdo de la comisión mixta.
Durante el debate, los parlamentario de oposición insistieron en que la fórmula planteada por La Moneda incrementa la desigualdad territorial, porque devuelve más dinero a las comunas que actualmente recaudan más.
Las negociaciones del Gobierno para alcanzar los votos
La aprobación de la norma fue el resultado de intensas gestiones de última hora que evidenciaron la fragilidad de la coalición de derecha en el Parlamento.
Según reveló El Mostrador, el resultado de la votación se fraguó en el despacho del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien logró atar los votos de los senadores Matías Walker y Sergio Gahona mediante la suscripción de un protocolo de acuerdo político.
Este documento compromete al Ejecutivo a priorizar las gestiones y asegurar el financiamiento para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama, duramente afectadas por los temporales que asolaron la zona norte del país.
La situación de Walker era particularmente crítica, ya que había condicionado su respaldo a que el Gobierno proporcionara certezas concretas sobre estos recursos, exigiendo incluso que fueran incorporados mediante un veto aditivo.
No obstante, el voto que terminó dando luz verde a la iniciativa fue el del senador Pedro Araya, del PPD, quien se convirtió en la única voz disidente dentro de la oposición al respaldar el informe de la comisión mixta. Su decisión se produjo tras una ronda de conversaciones con alcaldes de distintas comunas y con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. El parlaamentario justificó su voto argumentando que, en el contexto actual, el mecanismo de compensación se vislumbra como la única herramienta disponible para garantizar que las municipalidades sigan recibiendo los recursos que perderán por la exención.
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