Habitantes de Juan Fernández exigen una ley de regulación por posibles efectos de sobrepoblación

La idea finalmente es que exista una modificación en la Constitución para que se pueda restringir el ejercicio del derecho de libre circulación, permanencia o residencia, con el fin de proteger el medio ambiente y el desarrollo sustentable para los habitantes de Juan Fernández.

Hace unas semanas la Isla de Pascua llegó a un preacuerdo muy parecido a lo que desea lograr Juan Fernández hoy, un acuerdo que venía desde el año 2009 (e incluso antes), cuando el Ejecutivo envió un proyecto al Senado, donde se propuso modificar el artículo 126 de la Constitución, con el fin de prevenir que los ecosistemas de la Isla de Pascua pueda sufrir daños a medida que llegue gente en forma masiva con la noción de vivir  o desarrollar actividades ahí.

A través de una reforma constitucional que impulsó Michelle Bachelet en el 2007, se nombró a Juan Fernández, junto con la Isla de Pascua, ambos territorios especiales del país. Lo que significa que se debe regular en medida con los aspectos propios de los apartados, pero a pesar de esta condición, los estatutos encargados de la regulación no han hecho pronunciación alguna.

La búsqueda está fundamentada en evitar la permanencia en su territorio, a turistas que tienen solo la apariencia de tales, pero que carecen de los recursos y de la intención de permanecer en JF para realizar actividades propias del turismo, lo que se manifiesta en el incremento de la población.

Cuando llegan personas que no cuentan con el acceso al derecho a tierra, por lo tanto, tampoco cuentan con vínculos directos, podrían llegar a desarrollar relaciones sociales complejas, y para solucionar esta situación, quieren limitar los derechos de libertad de movimiento y de residencia.

Los habitantes de Juan Fernández (JF) buscan en pro de un bien superior, que en este caso es la sustentabilidad ambiental del lugar. Por supuesto que la idea no es limitar el turismo en el sector, que siendo una de sus bases económicas no podría verse disminuida, pero sí se puede acotar  el accionar de personas que se insertan de cierta forma artificialmente en la comunidad, afectando en la capacidad humana que posee el archipiélago.

Felipe Paredes, el alcalde de Juan Fernández, señala que buscan regular el tránsito por el territorio, de esta manera podrían manejar racionalmente la cantidad de personas que llegan de manera esporádica y turística al archipiélago en determinadas fechas, algo parecido a lo que ocurre con Machu Picchu, donde se limita la carga humana que puede soportar el recinto en un año.

Al comparar la situación de JF con la de Rapa Nui, Paredes reconoce diferencias con relación al terreno, donde la Isla de Pascua tiene sólo un 30% de su terreno, evidentemente más grande, correspondiente al parque nacional administrado por la Conaf, mientras que JF entrega el 98% de su territorio al parque, evidenciando que la regulación se pide de forma urgente, considerando además el alza en la población de Robinson Crusoe.

Por lo menos, hasta el momento se sabe de la existencia de un borrador establecido del reglamento. Sin embargo, las conversaciones con el Estado aún mantiene dudas sobre el proceso regulatorio, sobre si este regularía sólo el tránsito a la isla o finalmente sería una regulación del conjunto en general.

La confianza está, según el alcalde este año podríamos conocer algo más concreto que solo ideas y borradores, además añadió que la zona urbana se encuentra colapsado en materia de servicios básicos.

El avance de este proyecto regulatorio también ayuda a la idea de una descentralización para las figuras administrativas de la isla, debido a que se espera coquetear con la idea de una Gobernación Provincial, un estatuto propio del archipiélago en lo posible, pero eventualmente, se espera un avance que tenga dirección hacia la Gobernación territorial de la isla.