¿Impeachment o golpe de estado en Brasil?

Este domingo la Cámara de Diputados brasileña vota la revocación del mandato de la presidenta Dilma Rousseff. La incertidumbre hasta el final de la votación respecto del resultado es una sensación que se suma al guión que pareciera haber sido fabricado en la televisora Globo, experta en construir telenovelas y, sobre todo, opinión pública. Un guión con traiciones de última hora, negociaciones secretas y oscuras fuerzas en pugna: un juez imparcial, medios monopólicos y obsesionados, una crisis económica, una presidenta que aplica políticas de austeridad y un escándalo de corrupción que envuelve a la principal empresa pública brasileña, salpicando a todos los grandes partidos políticos.

Hasta ahora no hay evidencia de que Dilma o Lula se hayan enriquecido con dineros de la Petrobras, a diferencia de los parlamentarios patrocinadores de la destitución, pero los grandes medios empeñados en sacar a la mandataria del gobierno, apuestan por la estrategia del golpe de Estado.

El impeachment es apoyado por el opositor PSDB (socialdemocracia neoliberal) y el PMBD (centro oportunista), desde 2003 la fórmula de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder. El partido del vicepresidente, Michel Temer, decidió romper el pacto de gobierno y pasarse a la oposición.

La polarización política es alimentada por medios empeñados en derrocar a la mandataria a como de lugar. Dilma Rousseff tampoco lo ha hecho bien en su segundo mandato. Nombró ministro de Hacienda a un neoliberal que le recetó austeridad para enfrentar la crisis económica mundial y que mantiene estancada a la economía del país más grande de América Latina. El resultado fueron tasas de desempleo que los brasileños en su anterior mandato y los dos de Lula habían olvidado, recortes importantes de presupuestos, alza del costo de la vida e insatisfacción social.

¿IMPEACHMENT O GOLPE?

El impeachment requiere 342 votos de los 513 diputados del Congreso brasileño (2/3) y hasta la tarde de este domingo no hay certeza de su aprobación.

El proceso de destitución de la mandataria se inició cuando el 2 de diciembre, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, decidió dar curso a una petición sustentada por tres juristas de derecha y respaldada por un grupo de diputados que acusan irregularidades en la forma de administración del presupuesto nacional por parte del gobierno del PT.

La defensa de Dilma sostiene que la destitución de un presidente es posible si hay crimen. Y como a la presidenta no se le ha probado delito alguno, no hay razón para el impeachment. Acusan que en el fondo se trata de un golpe de estado.

El abogado General de la Unión, José Eduardo Cardoso, a cargo de la defensa de la presidenta ante el Congreso, citó al jurista y político Ulysses Guimarães para iniciar su defensa de la jefa de estado: “Cuando se quita el voto del pueblo, el pueblo es herido del centro para la periferia de la historia, pierde el pan y la libertad”.

Las distintas formas de noticiar del diario de la red Globo: En la protesta del 13/3 en contra del gobierno sale a las calles Brasil en contra de Lula y Dilma y a favor del juez Moro (izq.). En la jornada a favor del gobierno los que salen a las calles son los aliados de Lula (der.).

Cardoso calificó el impeachment como una ruptura institucional de la democracia de los brasileños y brasileñas. Argumentó que Cunha chantajeó en diciembre pasado a Dilma con iniciar el impeachment si es que el PT apoyaba la formación de una comisión del Consejo de Ética para analizar casos de corrupción en los que está involucrado. Como el PT no se prestó a su juego, apenas cuatro horas después de que los diputados del partido gobernante aprobaran iniciar la investigación, Cunha anunció que aceptaría el proceso de destitución de la presidenta.

“Una amenaza, una venganza no es un factor decisorio para apartar un presidente de la República”- sostuvo Cardoso.

Las razones argumentadas para la destitución de Dilma son bicicletas fiscales usando fondos de los bancos públicos para pagar beneficios sociales, dinero que en el año presupuestario  siguiente era devuelto y una reasignación presupuestaria por decreto. Frente a esas causas, el abogado Cardoso advierte que “solo en casos excepcionalísimos que el presidente pueda ser apartado. Es para actos graves, dolosos, que atenten contra los principios del país, pero meras operaciones contables, aceptas y hechas por todos los gobiernos, respaldadas por los tribunales de cuentas, aceptadas por los juristas y aprobadas por los funcionarios técnicos de carrera… que sean utilizadas como impeachment… Señores diputados y diputadas: me permiten utilizar una palabra que no es jurídica, pero es de la ciencia política: esto es un golpe”.

Luego Cardoso agregó que “es la destitución de una presidenta electa por el pueblo, esto es la sustracción del derecho al voto. Se eventualmente el parlamento aprueba el impeachment el pueblo quedará puesto en la periferia de la historia y la historia jamás perdonará a aquellos que rompan con la democracia creada en 1988”.

UN PARLAMENTO CON CASOS DE CORRUPCIÓN COMPROBADOS

El pasado 11 de abril, una comisión especial dominada por la oposición al gobierno aprobó por 38 contra 27 votos el informe contra la presidenta. Llama la atención que de los 65 diputados que integraron la comisión, 36 tienen un proceso abierto por delitos judiciales o electorales.

Transparencia Brasil indica que 60% de los parlamentarios enfrentan algún tipo de acusación, como cohecho, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y hasta homicidio.

El periodista Gleen Greewald, galardonado con el Premio Pulitzer en 2014 y que vive hoy en Brasil, comenta que “el hecho más bizarro de la crisis política en Brasil es también el más importante: Casi todas las figuras políticas de relevancia que defienden el impeachment – y aquellos que podrían asumir el gobierno del país en caso de dimisión de la mandataria- enfrentan acusaciones de corrupción bien más serias que las que son dirigidas a ella”.

Es el caso del diputado Paulo Maluf (PP-SP), quien está siendo procesado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por sospechas de haber recibido US$ 40 millones en coimas. Maluf no puede salir de Brasil debido a que es procurado en Francia por lavado de dinero y en Estados Unidos por desviar dineros por más de US$ 11,6 millones.

Hasta el New York Times (14/4) califica de absurdo el proceso de destitución de Dilma Rousseff, a quien consideran “algo raro entre las principales figuras políticas de Brasil: Ella no ha sido acusada de robar para sí”. En el caso de su posible destitución, ella no se enfrenta a cargos de corrupción, a diferencia de la mayoría de los parlamentarios  que orquestan su salida del gobierno, sostiene el periódico norteamericano.

Al concluir la defensa de Dilma, el abogado Cardoso dijo que “la historia colocará a las personas en su debido lugar. En las materias que se acusan no hay ilícito, no hay dolo”.

Concluyó advirtiendo que “cualquier gobierno que venga a nacer de una ruptura institucional no tendrá legitimidad para gobernar frente a la población”.

¿ESTÁ PROCESADA POR CORRUPCIÓN LA PRESIDENTA DILMA?

No. Pese a que los grandes medios brasileños y gran parte de los medios internacionales relacionan los casos de corrupción detectados en Petrobras con el gobierno del PT, hasta ahora el juez que lleva la causa, Eduardo Moro, no ha logrado establecer ninguna relación robusta que vincule a la presidenta Dilma Rousseff ni a Lula con los desvíos de dinero de la estatal petrolera.

La destitución de la mandataria por el parlamento es justificada en las llamadas pedaladas fiscales (bicicleta), mecanismo usado por los gobiernos brasileños para mantener caja. De esta forma se usa dinero de los bancos del Estado para pagar cuentas y prestaciones sociales y en el periodo fiscal siguiente se le devuelve. Los opositores a Dilma se basan en las objeciones dadas por el Tribunal de Cuentas (TCU) y acusan que sería un “delito de responsabilidad”.

Lo acostumbrado de dicha práctica para mantener los deberes y las cuentas pagas del Estado se evidencia en el hecho de que 16 gobernadores estaduales también realizaron en 2015 pedaladas fiscales, entre ellos el gobernador de São Paulo, el PSDB Geraldo Alckmin.

El segundo motivo de la destitución es que se acusa a la presidenta de firmar seis decretos de aumento presupuestario en 2015 sin la autorización del Congreso, los que no habrían respetado la meta de responsabilidad fiscal.

El gobierno se defiende diciendo que no fue una ampliación de gastos, sino una reasignación. Agrega que la firma de la presidenta fue a pedido del TCU, tras la evaluación del personal técnico de dicha instancia.

EL PAPEL DE LA PRENSA

La crisis política de Brasil es como una telenovela de la Televisora Globo, o más bien es un guión salido de la emisora de la familia Marinho, obsesionada con sacar al Partido de los Trabajadores (PT), gobernante desde 2003, del poder. La base son los escándalos de corrupción que se han destapado tras develarse el esquema de financiamiento de algunas campañas del PT, partido huérfano de la oligarquía política, y que apostó por hacer crecer el país de la mano de las constructoras. El esquema fue develado por el caso Lava Jato, instruido por el juez Eduardo Moro, y que tiene presos a un centenar de personas, entre cambistas, tesoreros del PT, ex políticos y empresarios, como Marcelo Odebrecht, cabeza de la más grande constructora de Brasil.

La trascendencia de la investigación en un país donde se acostumbraba hacer vista gorda a la corrupción fue opacada por el proceder del juez Moro, quien la ha orientado tras los vínculos con el PT y Lula, omitiendo importantes caminos que conducen a políticos del PSDB, principal opositor. Moro también abusa de filtraciones selectivas a la prensa de declaraciones obtenidas bajo presión que en su mayoría apuntan al partido gobernante y , al contrario, decretando sigilo cuando se trata de documentos que comprometen a figuras del PSDB como los senadores Aecio Neves y José Serra.

Los medios han recogido el guante y han aprovechado la munición para su campaña contra el gobierno de Dilma y Lula, quien quiere volver a ser presidente en 2018. Una masacre mediática que domina las tapas de las revistas y llena los noticiarios con imágenes de la policía deteniendo personas. Al mismo tiempo los medios fueron construyendo un consenso de opinión pública a favor de la renuncia de Dilma y ‘Fuera el PT’. Es una narrativa, como han denunciado medios independientes brasileños, de ver dicho partido como una “organización criminal”.

El periodista Greewald comenta que “las organizaciones Globo, Veja y Estadão están involucradas en el movimiento contra el gobierno, defendiendo a los partidos de la oposición”. Junto con destacar que el control de los medios está en pocas familias ricas de Brasil, el periodista sostiene que dichos medios estimulan el odio. “El objetivo real es remover del poder un partido político -el PT- que no consiguieron derrotar en cuatro elecciones democráticas seguidas”.

La información de noticias falsas en momentos claves, la selectividad en la divulgación de los implicados en delitos de corrupción, según se trate el partido, la cobertura desproporcionada de las movilizaciones de la oposición y la invisibilización de los apoyos al gobierno han sido la tónica de la cobertura mediática en los últimos años. Es tal la simpatía con las protestas contra el gobierno que para una realizada en julio de 2014 un día domingo, Globo corrió los partidos de fútbol durante unas horas para dar cobertura en directo a la manifestación. Tal desequilibro informativo ha hecho mella en la conciencia de los brasileños de tal modo que entre los gritos para parar el golpe está uno que dice: “la verdad es dura, la red Globo apoyó la dictadura”.

¿QUIÉN GANA CON EL IMPEACHMENT?

Si bien los grandes articuladores de la campaña por la destitución de Dilma son la derecha dura que en los últimos años ha cobrado gran vigor en las calles, junto al PSDB, principal fuerza opositora al gobierno, representante de los sectores medios altos y de los intereses de Washington, el gran beneficiado con la destitución de la mandataria es un aparecido de última hora: el presidente de la Cámara Eduardo Cunha.

De ideas conservadoras, contrario al aborto y a los derechos GLBT, Cunha representa una onda fuerte en Brasil que es el evangelismo pentecostal, que ha sumado peso en la sociedad brasileña en las últimas décadas. Mas para Cunha la fe cristiana no implica en absoluto tolerancia. Una de sus últimas cruzadas como parlamentario fue reducir la edad penal a los 16 años. Una de sus frases recientes fue que “estamos viviendo la fase de los ataques, como la presión de los gays, de los marihuaneros y de los abortistas. El pueblo evangélico tiene que posicionarse”.

Cunha integra el PMBD, un partido de centro con presencia en los estados del sur, particularmente Rio de Janeiro. La colectividad está caracterizada por su oportunismo político que lo llevó a distanciarse de sus viejos socios del PSDB, luego aliarse al PT cuando no había como parar la llegada de Lula a la presidencia en 2003 y hoy volver al maridaje con sus viejos amigos de la socialdemocracia.

Hay buenos motivos para investigar a Cunha. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) en diciembre del año pasado su destitución del cargo por varios delitos de corrupción que se le imputan. El más conocido es haber recibido coimas por más de $ 52 millones de reales en el esquema de corrupción montado en Petrobras.

Además en los últimos meses le fueron detectadas cinco cuentas con depósitos millonarios en Suiza. Cunha negó todo en la Cámara hasta que las propias autoridades suizas mandaran el informe de una cuenta a su nombre con US$ 5 millones y sus gastos. Entre sus continuos viajes aparecen gastos como una cena por 2.500 dólares en París, compras por 5.400 dólares en la tienda Chanel de New York, otra cena por 3 mil dólares en Rusia y una cuenta por U$ 6 mil en un hotel de Dubai.

También Cunha aparece en una recientemente divulgada lista de una planilla de sueldos de la constructora Odebrecht junto a otros 200 políticos brasileños, tanto militantes del PT, el PSDB, el PMBD y varios partidos más. Figuran en la lista el presidente del Senado Renan Calheiros (PMBD) y el vicepresidente Temer, quien también, según la investigación de Janot, habría recibido 5 millones de reales de la constructura OAS, vinculada con la corrupción en Petrobras.

Ni Lula ni Dilma aparecen en esa lista.

UN GOLPE EN PREPARACIÓN

En caso de prosperar en la Cámara la destitución de Dilma, el siguiente paso es el Senado, cuyo presidente, Renan Calheiros (PMBD) también está acusado de recibir dineros sucio. Por mientras la autoridad del país la asumiría el vicepresidente Michel Temer, quien desde una semana ya se siente gobernando. Hace pocos días se reveló un audio en el que le habla a los brasileños como si ya fuera presidente.

Instalado en el Palacio do Jaburu, Temer ha comenzado a operar un gobierno de facto negociando alianzas y ofreciendo cargos a los partidos políticos (hay más de 50 en Brasil) que se quieran sumar con sus votos al impeachment. Al PSDB ya les ofreció el ministerio de Salud para el senador José Serra.

Su programa de gobierno exige a los brasileños “sacrificios” para superar la crisis económica. Anunció ya ajustes fiscales, una reforma al sistema previsional (administrado por el Estado) y la tercerización laboral.

Temer sería presidente hasta 2018, fecha de la próxima contienda electoral. La posibilidad de elecciones anticipadas sólo es posible en caso del ser apartado. En dicho caso quien asume como interino es el presidente del Congreso, Eduardo Cunha.

Para Temer, Cunha y el PSDB llegar al gobierno es la oportunidad para salvarse de los casos de corrupción en los que están involucrados. A todos les conviene parar el Lava Jato y la selectividad del juez Moro y del Ministerio Público juegan a su favor. Greewald observa que “los líderes de la oposición brasileña esperan que, manipulados por los medios, la destitución de Dilma resulte ser de una catarsis para el público brasileño, que permitiría el fin silencioso de la operación Lava Jato”.

Para el periodista norteamericano “el impeachment está designado para proteger la corrupción, no para punirla o acabar con ella. Es el retrato más característico de una plutocracia que de una democracia madura”.

Si Dilma fue electa con 54,5 millones de votos ( 51,64%), el problema de Temer es que las encuestas nunca le han dado más que un 1% de intención de voto y un 58% de rechazo.

Pero hoy la presidenta tampoco la tiene bien. El golpe constante de los medios y sus políticas de austeridad de cuño neoliberal no la hacen preferida de los brasileños. Una encuesta de Datafolha divulgada el 9 de abril recogía que un 61% de los entrevistados estaban a favor de que los diputados votaran a favor del impeachment. Un 33% estaba en contra.

El caso de Eduardo Cunha es más bizarro: Un 77% de los encuestados están a favor de su destitución como presidente de la Cámara. Apenas un 11% de la población le da un apoyo.

Al cierre de esta noticia, de los 172 diputados necesarios para parar el golpe de estado mediático-judicial sólo faltaban 4.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

MAPA DE LOS VOTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL IMPEACHMENT