Lagos muy bien lo dijo: En Chile las instituciones funcionan

La frase proferida por Ricardo Lagos para dar cuenta de una consolidada ‘gobernabilidad’ durante su gestión se volvió el niño símbolo del periodo de la postdictadura, cobrando en las últimas semanas una renovada actualidad. Un Servicio de Impuestos Internos y un Tribunal Constitucional obligados por escrutinio público a investigar delitos contables y dejar a la Fiscalía operar, respectivamente, dan cuenta de que la institucionalidad diseñada por la dictadura no sólo fue para asegurar la impunidad en las violaciones a los derechos humanos, sino que por sobre todo para asegurar un patrón de enriquecimiento que concentra en pocas manos el PIB chileno y que de tanto en tanto tiene que hacer ‘inversiones a futuro’ pagando a los políticos de su conveniencia.

En torno de tal sistema fueron erigidos y moldeados una serie de instituciones cuyo accionar en las últimas semanas da cuenta de la profundidad de los cimientos del modelo de Estado dejado por Pinochet. Una de ellas es el Tribunal Constitucional (TC), barrera de contención creada por el dictador para refrenar cualquier salida a su constitución, que también ha resultado ser protectora de los secretos contables de la empresa creada por su ex yerno.

Cuando el TC acogió en tiempo récord y a través de un fallo unánime (5:0) la solicitud del abogado PPD-Soquimich, Samuel Donoso, mantuvo paralizada hasta el 25 de marzo la investigación desarrollada por la Fiscalía, dando tiempo suficiente para que la empresa pudiera blanquear boletas falsas.

El TC resulta ser un cuarto poder del Estado, un último reducto al cual acuden los defensores de la institucionalidad postdictadura cuando los mecanismos de contención edificados en el parlamento, las agendas mediáticas y los acuerdos tras bambalinas de los gobiernos no han dado resultado.

La selección de sus integrantes está determinada por el cuoteo político de la transición. La sala que vio el recurso del abogado PPD-Soquimich está integrada por dos ex funcionarios de gobiernos concertacionistas (Carlos Carmona y Gonzalo García Pino) y dos de la gestión de Piñera (Iván Aróstica Maldonado y María Luisa Brahms). Se sumaba el ex parlamentario UDI que negociaba dineros con Penta, Cristián Letelier, quien se vio obligado a inhabilitarse.

En la postdictadura chilena las fuerzas conservadoras recurrieron al TC en diversas ocasiones. En 2001 ratificó la censura de la Corte Suprema respecto de la prohibición de exhibir en Chile la película La Última Tentación de Cristo; un año después tras una solicitud de diputados UDI y RN declaró inconstitucional la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI); en 2006 acogió una solicitud del senador Andrés Allamand que permitió mantener el abuso del multirut en las empresas, y en 2008 prohibió la distribución de la llamada píldora del día después en Chile tras otro recurso de diputados de la Alianza por Chile. De la misma forma, su papel de muro de contención no ha servido para reclamos contra el monopolio con los recursos naturales, como lo fue con dos pedidos de parlamentarios que argumentaban la inconstitucionalidad de la polémica Ley de Pesca del ministro Pablo Longueira, los cuales no fueron aceptados.

UN SII MEDIEVAL

Otra institución funcional es el Servicio de Impuestos Internos (SII), que cumple muy bien su función según los parámetros de los recaudadores de tributos medievales: temible con los pequeños tributarios y haciendo la vista gorda hacia los grandes señores.

Más de 4 meses demoró el SII en presentar querellas por el caso Soquimich. El 7 de noviembre del año pasado el fiscal Carlos Gajardo envió un informe que daba cuenta de las evasiones de impuestos de Ponce Lerou. A comienzos de enero el servicio presentó ante la Fiscalía una solicitud de la revisión contable de la empresa del ex yerno de Pinochet acotada al mes de julio de 2009. La empresa se negaba a entregar información a la Fiscalía y ponía cortapisas legales a la investigación de los fiscales.

La ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, denunció al periódico El Mostrador que el organismo obstaculizaba “el trabajo de la Fiscalía” y que hay vista gorda del SII con las grandes empresas, actitud muy diferente a la de sus funcionarios frente a las medianas y pequeñas.

El aceite del engranaje institucional de la postdictadura era el dinero. El gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, hermano de un ministro de Piñera, ya admitió pagos irregulares por US$ 11 millones entre 2009 y 2014. Los destinatarios abarcaban un amplio espectro político, como la Fundación Chile 21, que congrega a Carlos Ominami y Guido Girardi, con $90 millones recibidos entre 2012 y 2013; o al subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier, quien recibió una boleta de la minera del ex yerno de Pinochet en enero de 2013 por 6 millones de pesos. La explicación del subsecretario fue que fue el pago por un informe político comunicacional referido a un proyecto minero en Pozo Almonte.

LA POLÍTICA DE LOS ACUERDOS

Los chilenos acostumbrados a esa imagen gris de la institucionalidad pinochetista la representamos como ese blindaje institucional que protegía los pinocheques de la familia del dictador o la impunidad de los que violaron, quemaron, torturaron y asesinaron a chilenos. Pero el manejo de las instituciones chilenas funcionaba más en ese lugar opaco, en esa relación carnal entre el poder político y las grandes fortunas que alimentó Pinochet. La estabilidad institucional o la sacrosanta gobernabilidad eran, más allá de la impunidad garantizada, para mantener el patrón obsceno de acumulación de riquezas.

Cualquier asomo de crisis era resuelto convocando al consenso de las ‘mesas de diálogo’ o las ‘comisiones de expertos’. Así engañaron a las madres de los detenidos desaparecidos cuando las fuerzas armadas entregaron información falsa sobre el destino de sus familiares o a los estudiantes en 2006 cuando entramparon toda una reforma en una mesa de diálogo y un acuerdo educacional del cual hoy todos se borrarían haber estado en la foto. Las instituciones de la democracia pinolaguista muy bien funcionan cuando la reforma tributaria es pergeñada en el departamento de un cientista pagado por los grandes grupos económicos, cuando las empresas del rubro pagan los puestos en las comisiones de pesca y de minería (como se comienza a develar) o cuando para cualquier salida a las crisis institucionales se convocan a estas ‘comisiones de expertos’. En esas reuniones de salón en que se definen los destinos del país, los acuerdos y las omisiones, donde se pactan las agendas.

¿Acaso los acuerdos para la transición pactada de la dictadura no fueron en el living de Onofre Jarpa? ¿Acaso la investigación por los cheques del hijo de Pinochet no fueron resueltos en esas reuniones secretas entre Enrique Correa y el general Ballerino? ¿Acaso la reforma tributaria de Bachelet no fue consensuada con el empresariado en el avión presidencial camino a Nueva York?

Si en la década de 1990 el consenso en las grandes alturas sirvió para garantizar la impunidad, en los ‘nuevos tiempos’ siguientes fueron para asegurar el patrón de ganancias de los empresarios que se hicieron ricos en dictadura. Lo que en el fondo las instituciones protegen no es sólo una pactada impunidad en las altas esferas del poder político y económico, sino que por sobre todo la mantención de un modelo de acumulación diseñado para producir grandes fortunas y sustentado en una precarización de la vida para las multitudes.

Así no es de extrañar que el hombre más rico de Chile, Andrónico Luksic, sea el principal financista de la Nueva Mayoría y hasta de los negocios del hijo de la presidenta. Tampoco no es de extrañar, como lo denuncio el periodista Tomás Moschiatti, que hace pocas semanas el senador Guido Girardi, cuya campaña senatorial fue la que contó con más aportes reservados, alineara a los diputados del PPD que pensaban presentar una querella en el caso Soquimich, diciéndoles que sería un actuar imprudente y que había que tener “lealtad con el gobierno”.

En las próximas semanas, a medida que se vayan conociendo más involucrados en los contratos forward de Soquimich nos desayunaremos con más sorpresas. Ya se sospecha que algunos de los parlamentarios integrantes de las comisiones de Minería, al igual que el senador Fulvio Rossi, se entendían muy bien con la minera controlada por Ponce Lerou.

En ese panorama las instituciones funcionan: El SII no fiscaliza, en el Senado siguen votando parlamentarios corruptos y el Tribunal Constitucional termina siendo el muro de contención a la transparencia de la función política. La democracia pactada diseñada por Jaime Guzmán, impuesto por Pinochet y remodelado por Ricardo Lagos muestra una gran solidez institucional.

COMISIONES DEL CONSENSO O ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En tal contexto de estabilidad institucional bien amarrada, el trabajo de remover los cimientos partió justamente de instituciones lejos del consenso político binominal: la Fiscalía y los tribunales. La sagacidad de fiscales y el censo común de los jueces han sido en los últimos años las piedras de tope al abuso sacralizado por los consensos en las altas esfera.

No fue la ‘institucionalidad ambiental’ la que paralizó los proyectos que convertían en zonas de sacrificio pueblos y regiones de nuestro país. Los proyectos en Ventanas de Codelco fueron paralizados por la Corte Suprema, así como también la paralización de las mineras de Luksic en Caimanes. Pasó lo mismo para desnudar la colusión de las farmacias, investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Económica y ahora reciente por el destape de la danza de millones para corromper a los políticos por parte de la empresa Penta.

Lamentablemente en esos casos la institucionalidad acabó funcionando para proteger los grandes negocios: Un llamado del embajador norteamericano a cuatro ministros de Bachelet, como revelaron los cables de wikileaks, o el refuerzo de fuerza pública mandado por Aleluy para reprimir a los habitantes de Caimanes que exigían que se cumpliera la ley, son señales de que los límites de la gobernabilidad chocan con los intereses de las transnacionales.

La semana reciente la presión pública obligó al TC a declarar inadmisible el pedido del abogado PPD-Soquimich y la Fiscalía, pese a un titubeo de verano, apuesta por profundizar la investigación sobre los contratos falsos para pagar a políticos. En ambos casos, el escrutinio ciudadano fue capaz de saltar los cerrojos de la institucionalidad.

El periodista Pedro Santander destaca en una columna reciente que en Chile estamos asistiendo al ocaso de un ciclo político. Argumenta que todos los liderazgos institucionales y personales que cumplieron un rol fundacional para en el ciclo político de la post dictadura están desprestigiados. Las salidas acostumbradas de la Moneda son convocar a comités de expertos cuando los casos Pentagate y los negocios de Sebastián Dávalos terminaron por hundir la credibilidad de la clase política. Ya sea por una estéril inercia o falta de imaginación política, lo cierto es que el gobierno de Bachelet está perdiendo la oportunidad histórica de aprovechar la crisis para cumplir justamente la tercera propuesta de su programa de gobierno: una nueva constitución.

La situación de crisis institucional y desprestigio amerita convocar a una asamblea constituyente que sea lo más participativa posible para que la definición del país que queremos y las instituciones que realmente deseamos sea efectivamente democrática. Todo lo otro (comisiones de expertos, disculpas públicas y repetidas promesas) sólo son las instancias para reparar una institucionalidad vigente que, al igual que después de las lluvias en el norte, está haciendo agua.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

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