jueves, febrero 20, 2020

Ley contra la evasión en el Transantiago: La amenaza de un “DICOM” para los usuarios

Créditos: Terram.cl

Dos son las perspectivas desde las cuales se observa la política pública de transporte. Una es la mirada de las autoridades, que cifra como principal preocupación la recaudación del transporte metropolitano, para poder mantener el funcionamiento, según arguyen.

Con este objetivo a la vista es que el Gobierno envió al Parlamento el proyecto que modifica la ley de transportes “con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores” y modificar otras normas procedimentales.

La iniciativa, a la cual se le impuso suma urgencia, se encuentra en segundo trámite constitucional y ad portas de ser votada en particular en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con la creación del registro público de evasores, frente al cual ya se han pronunciado críticamente instancias como la ONG Derechos Digitales y el Consejo para la Transparencia.

Dos serían los registros. Uno para los eventuales beneficiarios del sistema, es decir, poblaciones como la tercera edad o la estudiantil, que ya cuentan con descuentos en su tarifa. El otro sería para aquellas personas que han sido sancionadas por haber accedido al sistema de transporte sin pagar la tarifa. Este último «busca precisamente desincentivar las conductas de evasión por parte de los usuarios y a la vez aumentar la recaudación del sistema”, según indica a El Ciudadano la parlamentaria integrante de la Comisión de Transporte, Clemira Pacheco (PS).

Contra un nuevo Dicom

La otra perspectiva desde donde se observa la política pública de transporte viene de sujetos para los cuales los precios en este ámbito son demasiado costosos para el presupuesto del que disponen. Desde esta óptica, resalta, un dato aportado por el investigador Alexander Páez, de la Fundación SOL, que señala que prácticamente la mitad de la población chilena vive con un salario de no más de 300 mil pesos líquidos, es decir, muy cercano al mínimo.

La ONG Derechos Digitales ha protagonizado la crítica a la elaboración del registro de evasores, contemplada en el artículo 22 bis propuesto. Pablo Viollier, vocero de la institución, apunta que “va a generar los mismos problemas sociales que DICOM”. ¿A qué se refiere?: a “un círculo vicioso entre deuda y cesantía”.

La afirmación, señala Viollier, se fundamenta en que la actual legislación de datos personales, más allá de una u otra indicación que se pueda dar en el trámite legislativo, reconoce este tipo de registros como una “fuente accesible al público”. De este modo, explica, pueden elaborarse a partir de ella “bases de datos paralelas o listas negras que se usarán para discriminar a las personas cuando busquen trabajo”.

En ese sentido, el miembro del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, argumenta en este sentido que la institución de la que participa “ha manifestado su preocupación por la propuesta de registro público de evasores”. En específico, la crítica apunta al carácter público de la información y al libre acceso, pues “atentaría contra el adecuado resguardo de los datos de quienes formen parte de dicho registro” y, en cambio, “podrían ser utilizados indiscriminadamente, sin que haya antecedentes que prueben su utilidad en reducir los niveles de evasión”.

La preocupación encuentra asidero en lo expresado por la Jefa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores (ver video), quien señaló en marzo pasado que el registro de evasores debe ser público, de modo que “en el futuro, cualquier empleador -por ejemplo, cuando una persona vaya a buscar trabajo-, pueda revisar esta información en la base de datos de ese registro”. ¿Para qué?: para “decidir si contrata o no a una persona que no paga por los servicios”.


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Cabe señalar que estas listas la mayoría de las veces son secretas, motivo por el cual, independiente de si se han pagado las deudas consignadas o no, no hay garantías de que los datos efectivamente se borren del registro.

Por último, Viollier también subraya que la lógica del registro “establece una pena infamante”, es decir, que tiene por preocupación “exponer y humillar públicamente a una persona como forma de coacción”. Por el contrario, en su impresión “esto es inaceptable, porque el deber del Estado es proteger la intimidad y los datos personales de sus ciudadanos, nunca exponerlos activamente”.

La diputada Clemira Pacheco rebate algunos de estos puntos, relevando que en la discusión la comisión ha determinado que “la información de los registros se sujetará, en el peor de los casos, a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que ya se cuenta con una base de protección de la privacidad de los datos personales contenidos en dichos registros”.

En ese sentido, agrega que se proponen agregar “barreras de acceso a dicha información, incluso para otros organismos públicos que no dependan del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”. Este es el contenido de una de las indicaciones que se debe votar en particular en la comisión. “Creo que la indicación respectiva tendrá éxito, por cuanto ha sido objeto de un apoyo prácticamente transversal en aras de la privacidad de chilenos y chilenas”, señala.

La vida en la BIP

Otro de los elementos críticos de la discusión legislativa dice relación con el artículo 88 bis. Éste indica que “al momento de la entrega de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público remunerado de pasajeros (por ejemplo, la tarjeta BIP), pueda requerirse al usuario su domicilio e individualización”.

En la opinión de Derechos Digitales, aquí hay un severo riesgo: “Esto permitiría vincular la identidad de cualquier persona a su tarjeta BIP”. El nudo problemático de aquello, es que la BIP “registra los lugares por donde transita el usuario», apunta Pablo Viollier, por lo que «vincularla a un individuo puede permitir rastrear cada uno de los pasos del usuario y registrar sus movimientos». Lo anterior -agrega- «tiene profundas consecuencias relativas al derecho a la privacidad de las personas”.

La diputada Pacheco relativiza la afirmación, al señalar que “podríamos defender la idea de asociar los datos personales a los instrumentos de uso de beneficios en el transporte público, porque a través de esta vía se pretende desincentivar la adulteración de estos instrumentos, como el pase escolar”.

¿Solución a la evasión o más segregación?

La parlamentaria PS agrega que “en Santiago la tasa de evasión del pago de la tarifa del transporte público es más relevante que en otras regiones del país, y es relevante en la medida que la cantidad de chilenos allí es mucho mayor». Al respecto, eso sí, agrega que «en el último trimestre los índices de evasión han decaído en más de 3 puntos, y se espera siga disminuyendo a través de medidas adoptadas por el Gobierno, como esta que se pretende implementar a través de esta ley».

Por su parte, el doctor (c) en Transportes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, señaló a El Ciudadano que las medidas propuestas para mejorar la recaudación no realizan tales fines.

El principal problema del Transantiago, para Fielbaum, es que “se sigue privilegiando el transporte privado por sobre el público, con una sistemática creación de autopistas y alta tarificación del transporte público”.

Reconoce que la evasión es un problema, pues “no es racional en un sistema que funcione, que de tres personas dos paguen y una no”. Sin embargo, sostiene que las medidas propuestas no solucionan el problema, pues “no se hacen cargo de la dimensión estructural”.

¿Cuál es esa dimensión? Fielbaum apunta que se trata del “alto precio de la tarifa del transporte público en relación al salario, que sitúan a Santiago como una de las ciudades más caras del mundo en este ámbito”. En ese marco, añade que la política pública se piensa aún desde “una lógica punitiva”.

Por su parte, los ciudadanos, que en un 50% no superan los 300 mil pesos líquidos de salario, “deben debatirse entre pagar el transporte público para ir a trabajar o comprar los útiles escolares, o medicamentos para la familia”, ejemplifica.

Para comenzar a solucionar el tema, Fielbaum resalta que “lo primero es bajar la tarifa. Luego, asumir las responsabilidades políticas que no se han asumido”. En ese sentido -critica- “las medidas propuestas solo aumentarán los niveles de segregación de invasión al espacio privado». «Eso es totalmente inaceptable”, concluye.

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