Marcel Claude: «Yo me siento profundamente latinoamericano»

Marcel Claude Reyes. Considerado un activista político ecologista, tiene 56 años y es economista y Magister en Economía de la Universidad de Chile y candidato a Doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente se encuentra realizando el doctorado de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Fue funcionario del Banco Central y participó en el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y en la Agrupación de Economistas Socialistas. Fue director de la Fundación Terram y director de la Fundación Océana para América Latina. Asesor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la División Andina de Codelco. Profesor de la Universidad de Chile en la Escuela de Gobierno y en la Facultad de Economía y Negocios; académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y la Universidad Diego Portales. Fue Director de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales y Director de Estado, Economía y Gestión de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

-¿Cuál es a su juicio, la política más adecuada respecto de la explotación de nuestros recursos naturales en general y en particular, en relación al cobre y el litio?

-Es insoslayable y de primera importancia recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, los que durante años se han entregado al capital extranjero para su explotación indiscriminada, sin beneficio alguno para el pueblo chileno. Resulta inaceptable e inmoral que las mineras multinacionales se lleven más de 30 mil millones de dólares anuales, mientras en Chile las necesidades en los hospitales y escuelas públicas son una tragedia que duele y quebranta la conciencia moral. Es preciso detener esta usurpación avalada por el Estado y que impide contar con los recursos que nos permitirían dar respuesta a las demandas que se han hecho presentes en los últimos años. En este sentido la recuperación del cobre y del litio son esenciales por el carácter estratégico que tienen para nuestra economía y, por ello, debemos avanzar hacia un Estado soberano no solo para su extracción, sino también, para su refinación y producción de productos terminados. Estos recursos, además, deben orientarse a la inversión pública en energías renovables y sustentables. No sé cómo no se dan cuenta aún que la energía es un tema de alta política, que las tendencias van en la dirección de ese tipo de energías pues los combustibles fósiles están en extinción.

-¿Qué política adoptaría respecto de la explotación forestal, y su proceso de expansión sobre los bosques?

-Hay que terminar con todos los subsidios que recibe la industria forestal para desplegar su negocio y que han beneficiado ampliamente a los grandes grupos económicos, tales como el grupo Angelini y Matte, lo que les ha permitido expandir la frontera forestal para especies introducidas como el pino y el eucalipto, haciendo desaparecer el bosque nativo chileno y reduciendo aún más el territorio de las comunidades mapuches. En materia de bosque natural, será prioritario para nosotros modificar la ley de protección de este bosque, eliminando la posibilidad de sustituir el bosque nativo por especies introducidas. Mientras no se elimine la sustitución, no será posible la protección eficaz del bosque nativo chileno. Yo tengo una particular preocupación por los bosques chilenos, no sólo porque son de una belleza invaluable, sino también, porque me inicié en la vida política pública denunciando su desaparición por parte de las empresas forestales.

-¿Cuál es a su parecer, la política más adecuada respecto de la pesca industrial y la pesca artesanal?

-Como en el caso de los otros recursos naturales, en relación a las especies pesqueras también debemos recuperar la soberanía marítima. Así como nuestros hermanos bolivianos, nosotros los chilenos también hemos perdido la soberanía marítima a favor de siete familias multimillonarias, quienes han operado sin ninguna ética. La Ley de Pesca debe ser reformulada a fin de concentrar las cuotas pesqueras en favor de la pesca artesanal –que da mucho más empleo para sectores socialmente más vulnerables y suministra el pescado como alimento a las familias chilenas- y reducir la importancia de la industria pesquera, que es mucho menos intensiva en dar trabajo y destina el recurso a la producción de harina de pescado para el alimento animal. La ley de pesca no debe permitir el uso perpetuo de esas cuotas y éstas deben asignarse en función de criterios de sustentabilidad, es decir, deben entregarse a empresas que no recurran a la pesca de arrastre que desertifica el fondo marino, ni a las prácticas de descarte que devuelven muertas a los mares aquellas especies que capturan y no les interesa. Ante los problemas de insuficiencia alimentaria y la falta de proteínas sanas para suministrar a la población chilena, la pesca artesanal debe retomar el rol protagónico en materia alimentaria que permita satisfacer la demanda interna y, lo más importante, hacer posible que las especies marinas puedan recuperarse y asegurar con ello la sustentabilidad.

-¿Cuál es a su juicio, la política más adecuada respecto del desarrollo de la agricultura, considerando además la circunstancia que debe ser abordado el tema de la Seguridad Alimentaria de nuestra población?

-La política agrícola debe a nuestro juicio estar sustentada en el apoyo a la agricultura familiar, al desarrollo de cooperativas campesinas que diversifiquen la propiedad y la producción. También hemos pensado que la solución del problema mapuche puede estar vinculado a la política agrícola pues la devolución de tierras al pueblo mapuche, es posible amarrarla con el incremento de la producción alimentaria agrícola. Claramente la tierra debe estar orientada a la producción alimentaria y eso implica pensar en políticas de uso racional y sustentable del agua y del suelo, así como revertir aquellas políticas orientadas al uso de transgénicos. En esta materia el Estado debe volver a involucrarse en la creación de la infraestructura de riego adecuada, dado que, uno de los graves problemas del desarrollo agrícola es el suministro del recurso hídrico.

-¿Cuál es la política energética que debe desarrollar nuestro país, qué valor le da en ella a las llamadas energías alternativas?

-Hasta ahora la política energética en Chile se ha basado en la preponderancia que se le ha dado al interés privado por sobre el interés público, lo que se demuestra en cada uno de los proyectos energéticos que han sido cuestionados por la comunidad en los últimos años. Acá lo menos importante ha sido la eficiencia energética, puesto que la visión de Estado que es ahorrar energía ha sido sustituida por la lógica del negocio privado: aumentar el consumo que permite mayor flujo de negocios y ganancias. Con este diagnóstico el Estado debe asumir su rol en cuanto a preservar el bien público, orientar sus políticas energéticas principalmente a la eficiencia –es decir al ahorro- y a inversiones considerables en energías no convencionales y sustentables. Para nosotros, la protección del medio ambiente y la búsqueda de una relación respetuosa con toda forma de vida es una obligación moral y una tarea insoslayable.

-¿Cuál es el rol de decisión y el imperio que debe atribuirse a las organizaciones sociales, gremiales y sindicales?

-La cuestión política es inherente a todas las personas, es esencial en la vida pública, pues como decía Bertolt Brecht, hasta el precio de los porotos es una cuestión política. Ella no se hace sólo desde los partidos políticos, también los movimientos sociales, las organizaciones estudiantiles y sindicales, son actores políticos y deben jugar un rol preponderante y no intermediado por los partidos. Deben tener la misma importancia y actuar equiparadamente con los partidos. Las organizaciones sociales deben estar presentes en la toma de decisiones nacionales porque ellas responden a la base ciudadana, representan su sentir. Por este motivo desde la dictadura y los gobiernos del duopolio se han conculcado los derechos de los sindicatos, los gremios y las diferentes instancias de organización social para poder desarrollar su política sin una organización fuerte que pueda hacer sentir su voz. No obstante, el código laboral y las enormes dificultades que tienen los trabajadores para realizar sus actividades de representación deben cambiar. Es muy importante para asignarle un rol político al mundo sindical que se modifiquen radicalmente las condiciones en que se desarrolla la actividad sindical. Debe reinstalarse el derecho a huelga y acabar con la multiplicidad de sindicatos que solo dividen a los trabajadores.

-¿Cuál es a su juicio, la importancia y el rol que debe asignarse a la norma contenida en el art. 5° de la Constitución Política del Estado que autoriza para llamar a Plebiscito?

-En el actual contexto, con esta Constitución ilegítima y moribunda, el artículo 5 nos debe invitar a movilizarnos para ser parte de un nuevo proceso constituyente. Nuestro compromiso es que llegando a La Moneda vamos a llamar –en lo inmediato- a un plebiscito para preguntar a los chilenos si quieren o no una verdadera y auténtica Constitución democrática. Lo único importante de esa norma es que nos permite llamar a un plebiscito, pero, como no es vinculante, es decir, no por ello el Parlamento está obligado a convocar a una Asamblea Constituyente que posibilite activar el poder constituyente original, es decir, al pueblo mismo; con los resultados del plebiscito deberemos movilizar al pueblo chileno y marchar dos millones desde La Moneda hasta el Parlamento para exigir que se convoque la Asamblea Constituyente, la que deberá aportar una nueva Constitución.

-¿Cuáles son a su juicio, las principales modificaciones que debieran hacerse a la actual Constitución Política del Estado. ¿Mediante qué vía debiesen hacerse estas modificaciones?

-Para ser honesto pienso que esta Constitución debe ser quemada en una plaza pública, como signo de que no puede nunca más un pueblo aceptar una Constitución como esta. Como decía Rousseau –uno de los pensadores más notables que fundamentaron el sistema democrático moderno-, “el derecho nacido por la fuerza no es legítimo…” y esta Constitución nació por la fuerza bruta y criminal, sus redactores no fueron elegidos y fue refrendada en un plebiscito espúreo, sin libertad de prensa, sin registros electorales, es decir, es todo lo contrario, está en las antípodas de lo que debe ser una Constitución moderna. Es más, recordando a Camilo Henríquez en el Catecismo de los Patriotas: “El pueblo siempre tiene derecho de rever y reformar su Constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras”. Como ya dijimos, una Asamblea Constituyente de carácter originaria, es la forma en que llegaremos a una nueva y auténtica Constitución democrática.

-Respecto de nuestras Relaciones Exteriores y, especialmente, con los países latinoamericanos y nuestros vecinos Perú, Bolivia y Argentina. ¿Cuál es su política?

-Yo me siento profundamente latinoamericano. Y me siento peruano de las alturas de Machu Picchu, boliviano indígena del altiplano andino, argentino del Río de la Plata, mejicano nacido en su azteca capital de Tenochtitlán, venezolano de la cuenca del Orinoco… Como lo decía Martí “Mi patria es América” o la misma Gabriela Mistral “tengo esparcida en la propia carne una especie de limo continental”; debemos definitivamente mirarnos como pueblos hermanos, unidos por una misma historia, una misma cultura y una misma ambición de independencia libertaria. Nos queda como continente latinoamericano, superar las herencias coloniales –políticas, culturales y psicológicas- que habitan en nuestro imaginario como pueblo. Es necesario que de una vez por todas, discutamos seriamente y con un profundo sentido de justicia, una salida al mar para Bolivia. Así, con una común idea de que nuestro Norte es el Sur, tenemos que volver siempre a mirar al Sur. Recordando el genio de Piazzola “vuelvo al Sur, como se vuelve siempre al amor”….

-¿Cuál es su propuesta respecto al rol del Estado en la salud de las personas?

-La salud, como la educación y la seguridad social, es un derecho que el Estado debe garantizar. Hoy, como en todo ámbito de nuestro atormentado país, la salud es una oportunidad de negocio altamente lucrativo. Creo que acá es donde más se puede apreciar –junto con el tema de las pensiones de vejez- la profunda descomposición moral de Chile. Hacer un negocio de algo tan sagrado como la salud es un despropósito moral incalificable. Se hace urgente, a través de inversiones en hospitales y en servicios asociados, incrementar el esfuerzo estatal en salud, a fin de lograr un sistema público que asegure este derecho en eficiencia, calidad y prontitud a todos los chilenos.

-¿Qué monto le parece el adecuado como sueldo mínimo en nuestro país y por qué?

-Nosotros pensamos que una familia de cuatro personas debe al menos disponer de 600 mil pesos mensuales para asegurar en lo básico sus necesidades. Esto no es fácil lograrlo, pero, si el Estado provee la educación y la salud adecuadamente y en forma gratuita, un salario mínimo de 300 a 350 mil pesos, sería en lo mínimo y muy mínimo algo razonable. Esto debe ser -en todo caso- materia de estudios más precisos y detallados. Lo que creemos es que el ingreso familiar debe incrementarse considerablemente. De todas maneras, cuando fortalecemos la capacidad de negociación de los trabajadores, no es necesario que el Estado defina un salario mínimo, pues las remuneraciones serán también el resultado de una mayor capacidad de negociación. Esa discusión se irá haciendo cada vez menos importante cuando los trabajadores –fruto de sus propias luchas- sean capaces de capturar una mayor porción de la riqueza que ellos producen mayormente.

-Respecto a la tributación. ¿Le parece que pague el mismo impuesto una gran cadena de supermercados que un pequeño almacén de barrio? ¿Qué propone para disminuir la creciente desigualdad en Chile?

-Todos sabemos que en Chile las empresas no pagan impuestos, que hay evasión tributaria desenfadada y escandalosa, que los impuestos son pagados por los trabajadores, fundamentalmente con el ingreso que ganan y con los gastos que hacen. Esto contribuye notablemente a la desigualdad. Nuestra propuesta es terminar con la evasión –unos 10 mil millones de dólares anuales- e incrementar el impuesto a las grandes empresas, para llegar a un 35% de tributación a las utilidades. Las pequeñas empresas en cambio, deberían mantener su actual tasa de impuestos. No obstante, es urgente terminar con el uso de los impuestos de las empresas como un crédito para sus propietarios. No sacamos nada subiendo el impuesto a las empresas cuando éstos se les devuelven a sus dueños. Si a esto agregamos el gasto público incrementado en salud, educación, vivienda social y pensiones de vejez, gracias a la mayor recaudación de fondos públicos por los mayores impuestos, la desigualdad se corrige significativamente, lo cual se vería reforzado con un mayor poder de negociación de los trabajadores. Esto asegura una significativa disminución de la desigualdad.

-Respecto al fuerte centralismo que asfixia a las regiones de nuestro país ¿Cuál es su propuesta? ¿Estaría dispuesto a avanzar hacia un Chile federal?

-Efectivamente. Creo que nuestro país requiere orientarse en la dirección de un federalismo fiscal, donde las regiones y las comunas participen activamente en el diseño, planificación y ejecución de las políticas locales. Es necesario modificar los instrumentos con que hoy se cuenta para equilibrar recursos entre regiones. Además en la línea de un proceso de descentralización y desconcentración es necesario transformar flexibilizando las formas, la metodología y los atributos de los participantes que piensan, deciden y actúan en las regiones y comunas.

-El narcotráfico sigue escalando en el país, frente a ello estaría dispuesto a avanzar hacia la legalización del uso personal de drogas ¿Cuáles y por qué?

-La política en materia de drogas por parte del Estado ha sido errática. El enfoque represivo es un completo fracaso sin dar cuenta de un proceso educativo y preventivo. Al mismo tiempo, es un despilfarro de recursos fiscales que no ha tenido resultados. Debemos llevar a cabo un debate profundo y no mediático, acerca de cómo se ha desarrollado hasta ahora la política de prevención de drogas y enfrentamiento del narcotráfico. Creemos que hay que cambiar el actual marco legal, por ejemplo, despenalizar el cultivo de cannabis para el consumo personal o para el uso medicinal. Lo que está claro es que las políticas al respecto son un completo fracaso y hay que buscar métodos más eficaces para hacernos cargo de ese problema.

-Siendo honesto ¿Cuál es el objetivo real de su candidatura? ¿Por qué cree que puede ser un buen candidato y eventualmente un buen presidente, qué cualidades tiene para ello?

-Nadie es un buen juez de sí mismo, por lo que es difícil responder a esta pregunta sin caer en la exagerada subjetividad. No puedo decir que sea un buen o mal candidato ni un buen o mal presidente, eso habría que preguntárselo a otros y, es más, no es posible saberlo hasta que eso haya acontecido. Al final de la campaña sabremos si fui un buen o mal candidato. Nadie sabe si tiene dedos para el piano hasta que intenta tocar un teclado. En todo caso, es importante señalar que esta candidatura presidencial no nace porque yo quiera ser presidente de la República de Chile. La idea se fue configurando durante las movilizaciones estudiantiles del 2011. Allí sostuve más de 100 conversaciones con dirigentes estudiantiles locales y regionales, en medio de charlas que se hicieron en gimnasios, en la calle, en aulas universitarias, en salones de plenario. Recintos todos atestados de estudiantes que exigían un nuevo proyecto político para Chile y me emplazaban a asumir la candidatura presidencial. Durante el 2012 sostuve infinitas reuniones con dirigentes sindicales y sociales sobre la necesidad de levantar un nuevo proyecto político y el emplazamiento era recurrente. Yo lo asumo como un mandato, nada más.

-Imaginamos que su candidatura cuenta con el apoyo de organizaciones sociales ¿Nos puede nombrar algunas de dichas organizaciones?

-Así es. Contamos con el apoyo de organizaciones como Modatima (Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente), la Confederación de Trabajadores Bancarios, el Sindicato de Supervisores de Codelco, mantenemos conversaciones permanentes con organizaciones de pescadores artesanales, organizaciones estudiantiles, vecinales de diferentes zonas del país, además de sindicatos de diferentes empresas. Esta candidatura se sustenta en los movimientos sociales de base.

-Atendiendo al alto grado de descontento, inconformidad y desprestigio de la política partidista en Chile ¿Cómo se explica el surgimiento de muchos candidatos fuera de las coaliciones? Y ¿qué le parece que siga operando el sistema binominal?

-La política tradicional en Chile se encuentra en la última fase de su descomposición. Cooptada por el capital privado se ha convertido en una herramienta más de los grandes grupos económicos y utilizan el binominal como método de supervivencia. La última elección municipal y el resultado de las encuestas, coinciden en que más del 60% no se siente representado por el binomio ConcertAlianza, son minoría, no representan el sentir ni los sueños ni las aspiraciones de las mayorías. Tienen capturado el sistema de representación gracias al control de los medios de comunicación, las multimillonarias campañas electorales, el clientelismo financiado con recursos públicos y el sistema binominal. Esta es una “democracia” rehén. Muchas candidaturas, tales como Velasco, Enríquez, Orrego, Parisi, Jocelyn–Holt, son el resultado de una crisis de representación y ausencia de democracia al interior de las coaliciones dominantes –Alianza o Concertación– que ya es evidente y notoria. Sin embargo, ninguna de esas candidaturas pretende realizar las transformaciones radicales que el país exige y necesita. Ahora bien, existen organizaciones no tradicionales como el Partido Humanista o emergentes como el Partido Izquierda Unida, el Movimiento Libres del Sur, Nueva Fuerza de Valparaíso y otras que están trabajando para que en Chile se lleven a cabo transformaciones profundas dejando atrás discursos que apelan a mantener el estatus quo.

-Siendo sincero, ¿Quién cree será el próximo presidente de Chile?

-Sinceramente, no lo sé, es más, nadie lo sabe. Creo que la situación política está abierta, que la credibilidad tanto de la Concertación como de la Alianza es tan baja –apenas llegan en conjunto al 30% del electorado- que los números dejan un territorio amplio y fecundo para construir un proyecto muy diferente. Hay descontento, hay mayor politización de la sociedad chilena, existe una nueva generación muy involucrada en la cuestión pública. Entonces, si hacemos las cosas bien, si logramos ser claros y trasmitir la convicción de que los cambios que proponemos son posibles y necesarios, podemos dar una sorpresa. En Chile son más o menos 11 millones de electores. No más de cinco millones se los reparten casi equitativamente entre la Concertación y la Alianza, por lo tanto, si logramos tres millones de votos de aquel sector cansado y saturado por 40 años de abuso y usurpación, vamos a entrar todos y todas a La Moneda.

AGUA PÚBLICA O PRIVADA

-¿Qué política tomaría desde un eventual gobierno respecto del dominio y uso de las aguas?

-Poner término al actual Código de Aguas -un producto de la dictadura- es lo primero que hay que hacer. Como sabemos esa creación maléfica convirtió el agua e un “bien” económico y generó las condiciones para el desarrollo del mercado lucrativo del agua, permitiendo la adjudicación vitalicia de derechos de agua, los cuales no se asignan en función de las necesidades ni de la disposición de tierras. En consecuencia, hoy estos derechos se intercambian para fines comerciales con grandes ganancias –en Atacama, por ejemplo, el litro por segundo para fines comerciales cuesta 30 millones de pesos- produciendo un problema mayúsculo para el suministro humano y productivo a pequeña escala. Los derechos consuntivos –que consumen el agua- en más de un 90% están en manos de empresas mineras y agroindustriales- mientras que los no consuntivos –que implican la devolución del agua a sus cursos- en un 100% en manos extranjeras como Endesa que producen hidroelectricidad. Recuperar el agua es una medida de carácter indispensable y prioritario.

EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD

-¿Cuáles son a su juicio, las reformas necesarias en el campo de la Educación? ¿Está de acuerdo con la demanda social de Educación Gratuita y de Calidad?

-Para nosotros esa ya centenaria máxima de don Pedro Aguirre Cerda “gobernar es educar” nos conmueve, nos convoca y nos desafía desde la historia. Es evidente que debemos concretar un sistema de educación pública y gratuita a partir de un Estado que entienda que la educación es un derecho individual –toda persona debe ser educada como un ser integral, crítico y autovalente- y un derecho colectivo: los pueblos deben ser educados pues de ello dependerá una vida colectiva más sana, respetuosa y donde los servicios y las cosas funciones bien. Sin médicos de calidad no hay salud pública adecuada, lo mismo para los ingenieros que construyen puentes, así como para todas las profesiones y oficios que realizan mujeres y hombres del país. Este derecho es para todos –ricos y pobres- y cuando esta educación es financiada por sistemas tributarios donde los ricos pagan más impuestos –es decir, contribuyen a la educación de sus hijos y a la de otros jóvenes- entonces, también tienen derecho a recibir educación pública. Ese es nuestro compromiso: un sistema de educación con sentido y razón pública no lucrativo.

PUEBLOS INDÍGENAS

-¿Qué solución daría a los pueblos originarios que reclaman por sus derechos ancestrales y autodeterminación?

-El Estado chileno arrebató a los pueblos originarios su territorio. La mal llamada “Pacificación de la Araucanía” fue una operación de exterminio, usurpación y degradación del pueblo Mapuche. Hay mucha injusticia plasmada en esa historia y mientras no se repare, nunca habrá paz entre los chilenos y los mapuches. Hay que reparar el daño, restituir tierras, reconocer constitucionalmente al pueblo Mapuche como Nación. Una Constitución que adhiera al principio de un Estado plurinacional, permitiendo a ese pueblo determinar sus propias autoridades y gobernar en conjunto con ellas, es un camino saludable hacia la paz.

Por Bruno Sommer Catalán

El Ciudadano Nº141, abril 2013

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