Tratado de Lisboa atenta contra la autodeterminación de los pueblos europeos

El nuevo tratado se basa en un 90%  de sus contenidos en la Constitución que fue rechazada el 2005, y además no considera una consulta general a los ciudadanos europeos -excepto el proceso que se realizó en Irlanda en 2008-, y que se volverá a efectuar el 2 de octubre de este año

Por Mauricio

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El nuevo tratado se basa en un 90%  de sus contenidos en la Constitución que fue rechazada el 2005, y además no considera una consulta general a los ciudadanos europeos -excepto el proceso que se realizó en Irlanda en 2008-, y que se volverá a efectuar el 2 de octubre de este año.

Después del fracaso del proceso de ratificación del Tratado Constitucional, rechazado mediante referéndum en Francia y Holanda en 2005, la canciller alemana Ángela Merkel durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea en 2007, trató de paliar la crisis institucional de la Unión Europea, promoviendo la creación de un tratado alternativo: el Tratado de Lisboa.

Luego de duras negociaciones, en especial con Italia y Polonia, el tratado se firmó en esa ciudad el 13 de diciembre de 2007 por los 27 países miembros de la Unión Europea. El nuevo acuerdo, modificó los tratados de la UE y Comunidad Europea, pero sin llegar a sustituirlos, como sí lo hizo el anterior Tratado Constitucional. Según sus creadores, el tratado “proporcionaría a la UE el marco jurídico y los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos del futuro y dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos“.

Sin embargo, si se aprobara el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo obtendría los poderes que caracterizan al legislativo en las democracias nacionales: pasaría a decidir el 100% del presupuesto europeo (algo más del 1% del PIB de la Unión), sería un legislador pleno en materias clave como la inmigración, la cooperación policial y la política exterior y tendría en sus manos el nombramiento del jefe del Ejecutivo comunitario.

El nuevo tratado se basa en un 90% de sus contenidos en la Constitución que fue rechazada el 2005, y además no considera una consulta general a los ciudadanos europeos -excepto el proceso que se realizó en Irlanda en 2008,y que se volverá a efectuar el 2 de octubre de este año.

La relevancia del tema implicó que fuese incluido en la agenda temática de la última reunión del Club Bilderberg – grupo de elite político-económico-militar-intelectual mundial. No es un asunto menor, al entregar un súper poder al Parlamento Europeo por sobre las naciones miembro.

En la reunión del 14 al 17 de mayo de este año en Grecia -, Bilderberg consideró una seria amenaza al empresario Declan Ganley, fundador del partido paneuropeo Libertas y uno de los principales opositores al Tratado de Lisboa en Irlanda.

Pero Gangley -luego del fracaso electoral en las elecciones europeas de este año-, anunció que abandonaba «la vida política». Así quien participó activamente el 2008 en el movimiento Anti-Lisboa estaría dejando el camino libre para lo que algunos denominan un “superestado europeo en la perspectiva de un Nuevo Orden Mundial” de carácter autoritario.

El rechazo inicial al superestado se ha ido diluyendo. Este año el SÍ al Tratado de Lisboa se estaría imponiendo según las encuestas. Un reciente sondeo del The Irish Times, refleja que en otoño de este año, la mayoría del electorado irlandés, un 52 %, votaría a favor de la ratificación del Tratado, mientras que el 29 % continuaría votando en contra.

OPOSICIÓN TRANSVERSAL

Pese a las encuestas, la pposición de grupos de presión y partidos políticos de Irlanda al  nuevo referéndum no es menor. Roger Cole que representa al grupo Alianza por la Paz y la Neutralidad, acusó al Ejecutivo de “sacrificar los intereses y decisiones de los irlandeses ante la burocracia europea“. Además, señala que convocar una nueva consulta atenta contra la Constitución irlandesa que, en su artículo 6, establece que “todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, derivan del pueblo, que ostenta el derecho de designar a los gobernantes del Estado y, en última instancia, decidir sobre todas las cuestiones de política nacional”.

Mary Lou McDonald, del movimiento republicano irlandés Sinn Féin denunció el mismo día en que concluyó la negociación del Gobierno con el Consejo Europeo, que no se había producido ninguna alteración en el texto del Tratado de Lisboa en respuesta a las preocupaciones de los irlandeses. “Parece que a los irlandeses se les va a pedir que voten por el mismo Tratado que rechazaron el año pasado“- sostuvo, acusando al Ejecutivo de “no buscar o asegurar cambios en el texto del Tratado“.

En tanto, el ex primer ministro francés Laurent Fabius señaló que no hay ninguna diferencia entre el tratado que se sometió a referendo el 2005 con el Tratado de Lisboa.  “Se refería al mercado en 78 ocasiones y hablaba de la libre competencia en 27, pero sólo en una oportunidad mencionaba el pleno empleo”- dijo Fabius. El problema principal a su juicio es que el texto aprobado en Lisboa sigue cortando las alas al proyecto histórico que cabe atribuir a la socialdemocracia consecuente: un Estado que interviene en la economía para garantizar derechos y socorrer a los desvalidos.

En el mundo social también se han opuesto al Tratado de Lisboa. La Asociación para una tasa a las transacciones financieras y la acción ciudadana, en su versión Madrid (Attac), señaló en una declaración pública firmada por unas 20 organizaciones sociales que “contrariamente a lo que dicen algunos gobernantes no se trata de un minitratado. Bajo otro nombre y otra forma, este tratado conserva la parte fundamental de la constitución rechazada“. Así, en contra de lo que se ha afirmado, “el respeto a la economía abierta de mercado donde la competencia es libre seguirá siendo la piedra angular de la construcción europea, a la cual se supedita todo”- sostienen en Attac.

Así, la reinstalación de un referéndum en Irlanda evidencia lo impopular del Tratado de Lisboa, agravado por el hecho de que en el resto de los estados miembros de la Unión Europea no se consultará a sus ciudadanos. Es muy probable que si así fuera, esta iniciativa sería rechazada nuevamente, debido a que en lo esencial es el mismo que muchos franceses y holandeses votaron en contra en 2005. Esto evitaría la cada vez mayor consolidación de un sistema que beneficia al poder financiero-transnacional sobre la legítima soberanía de los estados y autodeterminación de los pueblos.

Francisco Luna
El Ciudadano


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