¿Y Matías Catrileo? Bachelet pide ‘justicia’ para indígenas en Venezuela en su cuestionado Informe
En las dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) en que Michelle Bachelet ocupó la presidencia de Chile, reinó la represión, allanamiento, detenciones y asesinatos, de ciudadanos mapuches
El 23 junio de 2017 la entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, pidió perdón en nombre del Estado al principal pueblo originario del país, los mapuches, por los «errores y horrores” cometidos históricamente en su contra.
«Hemos fallado como país. Por eso hoy, en mi calidad de Presidente de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades», señaló en una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda para presentar el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía, la región donde habita mayoritariamente esta comunidad indígena.
Para el pueblo mapuche las disculpas de Bachelet no resultaron sinceras, debido al historial de agresiones contra esta comunidad originaria que dejaron sus dos administraciones. Incluso, consideraron el acto de pedir perdón como un intento de vender al mundo una imagen de «respeto» a los derechos humanos.
«Bachelet lo hizo mirando la tribuna internacional, está dando un mensaje a la comunidad internacional para integrar nuevamente algún órgano de la ONU. Está armando su currículum«, criticó en ese momento el werkén (vocero) de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, sin imaginarse que Bachelet se convertiría en la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A juicio del dirigente mapuche, la entonces presidenta «tendría que haber pedido perdón por los actos cometidos por militares chilenos en la pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio, y por el despojo del territorios, que causó el conflicto».
“Un perdón efectivo y sincero debió ser el resultado del esclarecimiento histórico de la Araucanía y el pueblo mapuche. Paralelamente debió haber incluido un programa de resarcimiento e indemnización a las víctimas por el daño causado basado en el crimen de lesa humanidad y ocupación del territorio que se cometió alrededor de la pacificación de la Araucanía”, explicó.
Ley Antiterrorista de Pinochet
La opresión hacia los pueblos indígenas es un fenómeno que se ha dado desde la llegada de los conquistadores a tierras americanas. En las dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) en que Bachelet ocupó la presidencia fue muy evidente, pues reinó la represión, los allanamientos, las detenciones y hasta asesinatos de ciudadanos mapuches.
El 11 de marzo de 2018 terminó su segundo mandato y en ese mismo año la organización mapuche Meli Wixan Mapu,reportó que en Chile había 20 presos políticos mapuches injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en 1984, cuando no había Parlamento, durante la dictadura de Agusto Pinochet.
“Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos gobiernos. Al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones”, recordó el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein en su artículo titulado: “Es la hija del general Bachelet. Nada más”.
Prontuario de Bachelet
Desde su llegada al Gobierno, en 2006, ordenó la represión de comuneros mapuche de la localidad de Quepe de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, quienes protestaban por la instalación de un aeropuerto en territorios ancestrales mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios.
El 29 de agosto de aquel año, el lonko (jefe de una comunidad mapuche) Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, fue la primera víctima de la violencia excesiva por parte de Carabineros, reportada en el Gobierno de Bachelet, cuando fue baleado por el sargento Juan Mariman en un proceso irregular basado en un supuesto “robo de animales”.
La Fiscalía Militar se hizo cargo del caso y absolvió a Mariman. El caso poco salió en la prensa para denunciar este abuso de poder que poseían las fuerzas represivas.
El 30 de octubre de 2007, el menor de 13 años Patricio Queipul Millanao resultó herido en el tórax por al menos seis municiones de carabineros, quienes dispararon sus escopetas antimotines.
La violencia policial iba en escalada y marcó las bases para que en 2008 de se derramara más sangre.
La sangre mapuche de Matías Catrileo
El 3 de enero de 2008 quedó marcado como un día de luto en la historia de la reivindicación mapuche, ya que fue asesinado por la espalda el joven de 22 años Matías Catrileo Quezada, por el cabo 2° de Carabineros, Walter Ramírez. Las autoridades no realizaron ninguna investigación para hacer justicia y el oficial no vio un día de cárcel, pues siguió en plena libertad ejerciendo sus funciones policiales.
El 30 de enero, Patricia Troncoso quien había mantenido una huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la Ley Antiterrorista, concluyó su ayuno, pero junto la madre de Matías Catrileo, encaró a Bachelet escribiéndole en una carta en la que le decía:
“Yo quiero preguntarle (…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.
Al otro día, el 31 de enero, falleció Johnny Cariqueo (22 años) y se convirtió en la tercera víctima fatal de las transgresiones a los derechos humanos cometidos en contra del pueblo mapuche durante el primer gobierno de Bachelet.
Una vez detenido por Carabineros, luego de una gran golpiza, se quejó de dolores en el pecho. Los funcionarios policiales le negaron atención médica y falleció de un ataque cardíaco fulminante, dos días después y ante el silencio de la entonces presidenta.
La represión continuó en 2009. Específicamente, el 12 de agosto volvió a correr sangre mapuche, cuando el comunero Jaime Mendoza Collío fue asesinado tras la toma del fundo San Sebastián, en la comuna de Ercilla de la Araucaní.
Mendoza Collío recibió un impacto de bala por la espalda que le salió por el tórax. Las investigaciones revelaron que el disparo lo realizó el carabinero de las Fuerzas Especiales Miguel Jara Muñoz y, casi 10 años después, la sentencia sigue pendiente.
Condena internacional a Bachelet
La violación a los derechos de la comunidad mapuche, a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista, fue condenada por la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
La Secretaria General de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento”.
A su vez, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, se refirió a la aplicación de la ley pinochetista por los gobiernos de la posdictadura.
“La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue una tónica que se repitió durante las gestiones de Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche”, rechazó.
Apoyo de EE. UU. contra los mapuches
Gracias a los cables de WikiLeaks, en diciembre de 2010 se hizo público un documento de la embajada de Estados Unidos en Chile, fechado el 7 de febrero de 2008, en el que se reveló que Bachelet pidió apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”.
“Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al gobierno de una potencia extranjera para inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas”, señaló Sergio Rodríguez Gelfenstein.
El montaje de la Operación Huracán
Lejos de recapacitar, en el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) siguió la represión contra el pueblo mapuche y se produjo un escándalo, luego de que las fuerzas de seguridad chilenas fueron acusadas de haber inventado pruebas para incriminar a integrantes de de esta comunidad indígena.
En septiembre de 2017, Carabineros ejecutó la Operación Huracán, en la de ocho líderes mapuches fueron detenidos bajo el cargo de asociación ilícita terrorista, acusados de participar en ataques incendiarios.
Durante el operativo, la fuerza de seguridad expuso supuestos mensajes de las aplicaciones WhatsApp y Telegram de los comuneros en los que presuntamente coordinaban acciones violentas, por lo que procedieron a apresarlos de forma «preventiva«.
En los mensajes se hacía mención a la posibilidad de ingresar armamento desde Argentina.
La búsqueda de antecedentes se realizó sin participación de la Fiscalía, en el marco de la Ley de Inteligencia, que le permite a la institución policial actuar de forma autónoma en las investigaciones que ejecuta.
A medida que el caso avanzó, la Fiscalía comenzó a dudar sobre la investigación de Carabineros y solicitó más pruebas. El cuerpo policial alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información.
Posteriormente, las pericias realizadas por el Ministerio Público determinaron que los teléfonos incautados habían sido intervenidos por organismos de inteligencia de Carabineros para incluir las conversaciones de WhatsApp y Telegram.
Ante estos hechos, la Fiscalía cerró la causa contra los mapuches por manipulación de evidencias y abrió otra contra la institución de seguridad, lo que ocasionó la renuncia del entonces director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del general de Inteligencia, Gonzalo Blu.
La implicación de Villalobos, un hombre de confianza de Bachelet, despertó las dudas sobre si la Presidenta estaba al tanto del montaje.
Para Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, uno de los supuestos acusados, la responsabilidad de la Operación Huracán parte desde el Ejecutivo.
Se refirió a una reunión que tuvo en el sur de Chile el 20 de septiembre del 2017 –sospechosamente a menos de una semana de la operación- encabezada por el entonces subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, junto a las autoridades de Temuco, Concepción y la Región de Los Ríos.
“Esa reunión no tiene justificación legal ni constitucional y uno pudiese pensar que hay una trama que viene desde el más alto nivel, en este caso desde el Ministerio del Interior (…) No tengo duda alguna de que el Gobierno de Chile tiene participación en estos hechos. Este huracán es el huracán Michelle Bachelet”, dijo en febrero de 2018, en declaraciones ofrecidas a Radio y Diario Universidad de Chile.
El abogado señaló que Bachelet no se vio afectada por estos hechos por contar con la protección de “los ricos, los poderosos y los medios”. Sin embargo no dudó en responsabilizarla por llevar adelante “estas acusaciones infundadas”.
Indicó que lo más grave es que una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al Ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista. “Lejos de no aplicarla, invirtió cuantiosos recursos para condenar a los peñis (hermanos en mapuche) sobre conductas terroristas”.
Doble moral con los indígenas venezolanos
La doble moral de la hoy Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con relación a los comunidades indígenas quedó en evidencia en los últimos días.
En el informe que su oficina realizó sobre la situación política, social y económica de Venezuela, indicó que los indígenas -que constituyen un 2,5 % de la población- se han visto enfrentados a los mismos desafíos en materia de derechos humanos que el resto del país, aunque muchas veces se han enfrentado a retos mayores.
Según el documento firmado por Bachelet, la ACNUDH le recomienda al presidente Nicolás Maduro que “cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes, garantice su protección y adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra”.
El informe hace mención al supuesto abuso de poder contra estas comunidades por parte de los cuerpos de seguridad, y plantea que la militarización de tierras y recursos tradicionales de estas poblaciones han provocado una ola de “violencia e inseguridad en sus territorios”
Según el documento, la situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos de los pueblos originarios a un nivel de vida digno, incluido a la alimentación y a la salud. También hace referencia a la muerte de siete indígenas durante el transcurso de 2019 en circunstancias que consideraron violentas.
El informe, que en un 80 % está basado en entrevistas realizadas fuera del territorio venezolano, fue rechazado por el Gobierno de Maduro, por tratarse de un documento sesgado e imparcial, que no hace mención a los efectos del bloqueo financiero y las sanciones unilaterales aplicadas por Washington, y que, además, excluye los logros sociales alcanzados por la nación caribeña en las últimas dos décadas.
Para muchos, el documento responde al chantaje y las presiones del imperialismo sobre la Alta Comisionada, como parte del montaje para justificar una intervención a Venezuela.
“Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos (en Chile) le haría perder su cargo, por eso prefiero asegurarlo aceptando entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela” indicó Rodríguez Gelfenstein.
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