A lo Piñera: la Colombia de Duque ocupó el abuso sexual para reprimir las protestas sociales en 2021

El último informe de Amnistía Internacional aborda los incidentes y la violencia estatal que se vivió en Colombia durante el Paro Nacional de 2021. Esta vez el foco estuvo puesto en la violencia sexual, un patrón que ha constituido un arma organizada y planificada para reprimir las protestas. Modus operandi que se desarrolló no solo en Colombia, sino que en también en Chile durante la Revuelta Social en 2019, bajo la administración de Sebastián Piñera. En la actualidad la Fiscalía registra 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros.

Duque y Piñera

Fotografía: Sebastián Piñera y Iván Duque

Corría junio de 2021 en Cali, Colombia. Un amplio grupo de jóvenes y mujeres se desplegaba en las calles, hablando, compartiendo, cantando y exigiendo a las autoridades una vida mejor, más digna. Hasta que ya no más.

El corte de luz interrumpió las pacíficas protestas para dar paso a la violencia. Desde la oscuridad surgieron Policías disparando gases lacrimógenos, granadas y balines de goma.

Una mujer y su hija, que corrían entre el tumulto de gente, fueron alcanzadas por pelotas de goma por la espalda. Las fuerzas de «orden» les tocaron los genitales y las dejan ir, pero no sin antes asegurarse de que captaran un mensaje y los trasmitieran a sus compañeras: «Putas, te vamos a matar. Lleva este mensaje a todas las putas, que esto le puede pasar a ellas también».

Por más macabro que suene, lo anterior es solo uno de los tantos casos ocurridos en Colombia durante el conocido Paro Nacional que tuvo lugar entre junio y octubre de 2021.

Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones locales, dieron a conocer este jueves 1 de diciembre 28 testimonios que sirvieron de base para el informe La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional.

El informe es solo un muestreo de lo ocurrido a cientos de mujeres y jóvenes durante esos mesesuna herida que aún supura por la falta de acción del Estado

Este es el segundo informe que la organización realiza sobre los incidentes y la violencia estatal que se vivió en Colombia durante las protestas pacíficas del año pasado. Esta vez el foco estuvo puesto en la violencia sexual, un patrón que ha constituido un arma organizada y planificada para reprimir las protestas. Modus operandi que se desarrolló no solo en Colombia, bajo la administración de Iván Duque, sino que en también en Chile durante la Revuelta Social en 2019, bajo la administración de Sebastián Piñera. En la actualidad la Fiscalía registra 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros en contexto del Estallido.

«Esto es solo la punta del iceberg, que demuestra un patrón de exceso de fuerza y de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, que podemos considerar como masiva», ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional en una rueda de prensa desde la capital, Bogotá.

La tremenda represión policial y las violencias sexuales generalizadas son solo uno de los patrones que ha podido constatar Amnistía y otras organizaciones locales.

A la violencia sexual le siguió la violencia judicial

A la violencia policial le siguió la violencia judicial. Hasta la fecha no existe una sola condena por la violencia sexual ejercida durante el Paro Nacional y «las mujeres que se han atrevido a denunciar los hechos siguen conviviendo con los agresores en su comunidad», afirma Callamard.

«Las mujeres y los jóvenes LGTBI que denunciaron este tipo de violencias no fueron siquiera oídos. Esto es violencia por parte de la Justicia«, añade el texto.

La tercera conclusión del informe es la deshumanización, el silenciamiento de las víctimas que persista hasta el día de hoy. Para la organización de derechos humanos, la campaña de terror policial y luego la judicial que le siguió tuvo como fin «reducir el espacio de acción de las mujeres«. Las fuerzas de seguridad fueron contra mujeres y jóvenes «porque daban legitimidad a las protestas que eran pacíficas en su inmensa mayoría y el Estado no lo podía consentir e hicieron un plan para cancelarlos». Una cancelación que continúa en la actualidad por parte del sistema de seguridad y el judicial, señalan.

Según afirma el informe la violencia sexual no solo fue en contra de los cuerpos de las mujeres manifestantes, también fue dirigida contra mujeres defensoras de derechos humanos y contra las periodistas que documentaban las protestas

Las organizaciones exigen al nuevo Gobierno de Gustavo Petro que tome medidas urgentes en el asunto. «Un Gobierno que nació con el reto del cambio está obligado a romper este patrón de impunidad», explican las organizaciones.

El llamado al Gobierno de Petro es contundente, pues, si bien no fue bajo su administración en que ocurrieron los atroces crímenes, fue producto, en parte, de estas protestas que nació y se alzó como ganador el nuevo gobierno progresista.

«Existe un daño continuado que se materializa no sólo en el hostigamiento, sino también en la falta de garantías y la revictimización», afirma Amnistía. «No venimos a contar y a denunciar», añaden, «tenemos exigencias ante este gobierno de reparación y no repetición», cerraron.


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