A un año sin Julia Chuñil: la defensora del bosque mapuche que aún no aparece

Este 8 de noviembre se cumple un año desde la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental de la Región de Los Ríos. Ese día, la mujer de 73 años salió desde su vivienda rural en Máfil junto a su perro Cholito para buscar a sus animales extraviados. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ninguno de los dos.

Máfil, ubicado en la Provincia de Valdivia, es un territorio de fuerte presencia mapuche-huilliche. Su nombre proviene del mapudungún y significa “abrazado por los ríos”, en referencia a la confluencia de los ríos Iñaque y Máfil, que dan origen al Pichoy. En ese entorno natural y espiritual, Chuñil lideraba la comunidad indígena Putreguel, dedicada a la protección del bosque nativo y la defensa del territorio.

Cuando la familia de Julia advirtió su ausencia, comenzó de inmediato a organizar labores de búsqueda. Durante esas diligencias, hallaron indicios relevantes, como marcas de neumáticos en el suelo. Sin embargo, uno de sus hijos denunció que dichas evidencias no fueron resguardadas ni tomadas en cuenta por la investigación.

A un año de su desaparición, la investigación se ha enfocado principalmente en el entorno familiar de Julia Chuñil. Aunque la comunidad ha insistido en que también se consideren posibles vínculos con el conflicto territorial que ella mantenía con un empresario forestal, esa línea no ha tenido avances visibles.

“La hipótesis de que se perdió para nosotros no existe, a mi mamá de acá la sacaron. En este sector había huellas de camioneta”, declaró en febrero de este año Pablo San Martín —hijo de Chuñil— al canal de televisión comunitario Señal 3 La Victoria.

Durante más de una década, Julia Chuñil dedicó su vida a la defensa del territorio y el bosque nativo en la zona de Máfil. Su liderazgo en la recuperación de tierras mapuche la llevó a enfrentar un prolongado conflicto con un empresario forestal, marcado por tensiones y denuncias de hostigamiento.

Una mujer de tierra, bosque y resistencia

Pablo San Martín Chuñil, describe a su madre como una persona humilde y trabajadora, quien durante los últimos 10 años luchó por los derechos de las tierras ancestrales del pueblo mapuche.

“Defensora de esos bosques, quiso tener un campo donde poder criar sus animales y poder vivir tranquila. Nunca pensó que iba a tener problemas porque entró pacíficamente a una recuperación de tierras”, declaró su hijo a DW. 

Reserva Cora era el nombre del terreno de más de 900 hectáreas, ubicado en una zona forestal que se encuentra en disputa desde hace más de 15 años. Entre 2011 y 2015, el predio atravesó un proceso en el que una comunidad indígena buscó adquirirlo a un empresario forestal y ganadero mediante un mecanismo conocido como reivindicación de tierras indígenas, proceso que incluso contó con el respaldo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

A pesar de lo anterior, existieron irregularidades en el proceso que hicieron que la Corte Suprema invalidará la compra y devolviera el terreno, todo esto sin notificar del procedimiento a Chuñil, que desde 2014 optó por proteger una sección del territorio indígena, estableciéndose en el predio y dedicándose a su conservación.

La defensa de estas tierras emprendida por la activista provocó un enfrentamiento con el empresario por la propiedad del predio, que derivó en diversos episodios de presunto hostigamiento y agresión. Entre las denuncias realizadas en su momento por la defensora se incluyen un intento de atropello, ofertas de dinero para abandonar sus reclamaciones y el sabotaje de un puente que Chuñil solía usar para desplazarse dentro del bosque.

Según sus familiares, el hecho que siguió fue la desaparición de la defensora, quien consideraba que la comunidad mapuche no podría alcanzar autonomía sin que se reconocieran sus territorios.

 “Mi madre nació y creció en esta región de Chile. Su tierra era su vida y se dedicaba con empeño a preservarla. Si talaban un solo árbol, ella lo sabía. Conocía esta tierra como la palma de su mano. Y no quería irse a ningún otro lugar”, indicó San Marín a Global Witness.

Es por esta defensa del territorio que Julia Chuñil se ha convertido en un símbolo de protección ambiental y resistencia comunitaria. Tras su desaparición, el viernes 8 de noviembre, cientos de personas participaron en operaciones de búsqueda. Asimismo, miles han salido a las calles para exigir respuestas sobre el paradero de la defensora ambiental. Durante estos meses de ausencia, también avanzó el proyecto de ley que establece medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

“Julia Chuñil es reconocida como defensora ambiental, vinculada a la protección de territorios ancestrales y sitios de significación cultural hoy en manos de latifundistas y forestales”, declaró a Radio U Chile, la abogada de Pablo San Martín, Karina Riquelme. 

Una búsqueda marcada por el silencio

El día 8 de noviembre se le perdió el rastro a Julia y a su perro Cholito. Ese día, la defensora ambiental se trasladó al terreno “Reserva Cora Número Uno-A” para localizar algunos animales que se habían perdido. Una vecina fue testigo de su última aparición: la mujer de 73 años se dirigía hacia un monte con un hacha en la mano, acompañada por su perro.

Posteriormente, el día domingo 10 de noviembre, los familiares de Julia se preocuparon al notar su ausencia. Fueron a su domicilio para invitarla a almorzar, pero la vecina les informó que no había vuelto. Uno de sus hijos siguió algunas huellas que encontró, descubriendo además marcas de neumáticos de camioneta, algo inusual en la zona, lo que los llevó a temer que su madre pudiera haber sido interceptada mientras se desplazaba.

Al día siguiente, la familia de Chuñil presentó una denuncia por presunta desgracia. Desde entonces, familiares y vecinos de la zona iniciaron una intensa búsqueda durante varios días. Los voluntarios, familiarizados con el territorio al igual que Julia, fueron los primeros en señalar que la defensora ambiental podría haber sido retirada del lugar.

No fue hasta el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que el Presidente Boric y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, anunciaron de manera verbal la asignación de recursos para intensificar la búsqueda. El mandatario reconoció que Julia, como defensora ambiental de su comunidad, merece protección estatal, en línea con las obligaciones establecidas por el tratado de Escazú.

Unos siete meses después de la desaparición de Julia Chuñil, las abogadas de sus hijos denunciaron irregularidades en la investigación, incluyendo lentitud, rotación constante de fiscales, filtraciones de información y allanamientos abusivos por parte de funcionarios policiales. Denunciaron que la familia ha sido tratada como sospechosa en vez de víctimas y exigieron respeto a las garantías procesales y protocolos de protección para personas defensoras de derechos humanos.

En aquel momento debido a estos apremios ilegítimos y la vulneración de derechos, las representantes legales de Jeannette, Pablo y Javier Chuñil presentaron un recurso de amparo contra quienes resulten responsables de las actuaciones ilegales durante la pesquisa.

Cabe recordar que este recurso de amparo, presentado contra el Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones, surgió tras la diligencia de entrada y registro en el domicilio de una hija de Chuñil, realizada el 30 de enero. No obstante, en junio de este año, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó de manera unánime el recurso, descartando que la diligencia hubiera sido ilegal.

Según la abogada de la familia, Karina Riquelme, desde que Julia Chuñil desapareció, la causa se ha visto caracterizada por presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas afectadas, quienes han recibido “un trato discriminatorio, con una comunicación de muy mala calidad con la fiscalía y con filtración de antecedentes falsos a la prensa”, señaló la abogada a Mongabay Latam.

En julio de este año, el caso de Julia Chuñil llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado de Chile tomar medidas urgentes con el fin de evitar mayores riesgos tanto para la defensora como para su familia.

En la instancia, la familia de la referente ambiental de su comunidad, denunció distintas acciones de la fiscalía. Entre las situaciones denunciadas se incluyen siete allanamientos agresivos en el domicilio de Chuñil, habitado por sus hijos Javier y Jeanette Troncoso, quienes relataron haber sido sometidos a interrogatorios y señalados como posibles responsables de la desaparición de su madre, todo ello acompañado de actitudes intimidatorias por parte de los funcionarios.

Además, los familiares advirtieron sobre fallas en la investigación, como supuestos errores en el uso del georradar y el apartamiento de las tareas de búsqueda. Asimismo, indicaron que habían diligencias pendientes como la incautación y revisión de teléfonos y automóviles del principal sospechoso de la familia, por el conflicto territorial que mantenía con Julia. 

Aquella persona es Juan Carlos Morstadt, empresario forestal con quien Chuñil mantuvo un conflicto desde 2015 por la protección del bosque y a quien acusó de hostigarla para que abandonara el territorio.

A pesar de ello, las abogadas y familiares de Chuñil han señalado que las autoridades han sostenido una línea investigativa en contra de los familiares, además de filtrar información a la prensa siguiendo esa misma línea y supuestamente sin respaldo en evidencia.En esa línea denuncian que las autoridades no han tomado en cuenta el rol como defensora ambiental de Julia Chuñil. 

“Han registrado la casa de mis hermanos como si tuvieran algo que esconder y eso ha hecho que el foco de la investigación se desviara de las personas que realmente son culpables”, declaró San Martín a Global Witness.

Según la defensa de la familia, la única prueba en su contra proviene de un testigo cuya identidad se mantiene en reserva, quien afirma haber visto a los hijos de Chuñil prender fuego a su ropa.

En agosto, el director del INDH, Yerko Ljubetic, se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia para expresar su preocupación por las diligencias pendientes en el caso de Julia Chuñil y la necesidad de fortalecer los recursos de las fiscalías regionales. Constanza Montt, jefa regional del INDH en Los Ríos, señaló que buscan colaborar para que las investigaciones de desapariciones se realicen de manera ágil y sin sesgos, destacando la relevancia de que se trate de una mujer indígena y defensora territorial.

Desconocer su rol de defensora, una forma de invisibilización

La abogada Riquelme ha señalado que la fiscalía ha restado importancia al papel de Chuñil como activista ambiental, omitiendo información clave. Además, las defensoras denunciaron en su momento que se les bloqueó el acceso a la carpeta investigativa.

De hecho, en octubre de este año, la fiscal regional de Los Ríos a cargo del caso, Tatiana Esquivel López, declaró a La Segunda que no existían antecedentes que demostraran que Chuñil realizara actividades políticas o como activista organizada, describiéndola únicamente como una mujer de familia dedicada a labores agrícolas.

Otra de las pistas que la defensa acusa que no fue tomada en cuenta por las autoridades, fue la intercepción de una llamada telefónica de Juan Carlos Marstadt en el que habría señalado que Julia Chuñil “la quemaron”. 

En conversación con El Ciudadano, la abogada Karina Riquelme, consultada por las diligencias o líneas investigativas que hasta el día de hoy — un año después de la desaparición— siguen pendientes, señaló que son las que “tienen relación con las amenazas que vivía Julia en el contexto de su protección del territorio y la recuperación del predio antiguo y su cementerio en manos de un empresario forestal y de la forestal arauco”.

En esa misma línea, la abogada Mariela Santana declaró para El Ciudadano: 

“Desde el ministerio público han señalado últimamente que ‘todas las líneas investigativas se encuentran abiertas’, sin embargo, en los hechos, ha quedado demostrado que no se ha abordado la investigación tomando con perspectiva en ddhh e ignorando antecedentes importantes , como la calidad de defensora del ambiente de doña Julia Chuñil. Al ignorar su defensa por la tierra, dejan de ponderar la importancia del conflicto abierto con el terrateniente Juan Carlos Morstadt, quien desde el 2018 intensificó los hostigamientos en su contra.”

Morstadt, quien en el pasado había denunciado a Chuñil por ocupar las tierras que reclamaba desde 2015, recurrió a un amparo para determinar si todavía figuraba como imputado en la investigación. Tras optar por permanecer en silencio durante su declaración el 23 de enero, su situación cambió y pasó a ser testigo, motivo por el cual la abogada Carole Montory solicitó que se aclarara oficialmente su condición en el proceso. 

Por otro lado, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró que el audio era solo un antecedente “parcial”, ya que esto correspondería a una cita extraída de un documento presentado por la fiscalía ante el tribunal, solicitando la realización de diversas diligencias.

La representación legal de la familia de Chuñil ha intentado en más de una oportunidad cambiar a la fiscal a cargo, argumentando falta de objetividad en la conducción del caso. No obstante, el pasado 17 de octubre, la Fiscalía Nacional resolvió mantenerla en el cargo, al estimar que no existían motivos suficientes para su reemplazo.

Una región donde defender la naturaleza puede costar la vida 

El reporte anual de la organización Global Witness, dio a conocer que América Latina es la zona con mayor nivel de violencia hacia quienes defienden el medioambiente. El informe indica que el 82% de los asesinatos ocurridos en 2024 a nivel mundial se registraron en la región. 

El registro indica que a nivel global, entre el 2012 y 2024, más de 2.200 activistas fueron asesinados y 96 desaparecidos de forma forzosa, en su mayoría a raíz de conflictos territoriales. 

En el caso de Chile, según datos de la ONG Escazú Ahora, entre los años 2023 y 2024, se documentaron al menos 80 ataques contra personas defensoras del medio ambiente en diversas regiones del país. La organización señaló que el caso de Julia Chuñil no es un caso aislado y advirtió que se han replicado las violencias en contra de personas defensoras ambientales, en especial a las y los defensores que pertenecen al pueblo mapuche. 

“Hay un racismo muy fuerte en Chile respecto al pueblo mapuche. La criminalización tiene una doble mirada porque por un lado se persigue al pueblo mapuche y por otro lado se le abandona cuando son víctimas y ese es el caso en particular que está viviendo la familia de Julia Chuñil”, declaró la abogada Riquelme a Mongabay. 

Asimismo, entre los años 2023 y 2024, la organización registró 82 violaciones a los derechos humanos en contra de 47 defensores ambientales, donde, en tan solo un año, los casos de violencia física contra este grupo se triplicaron.

Además, dio a conocer que el 70% de los casos involucran mujeres y que durante el 2024, alrededor del 40% de las amenazas registradas y por sobre el 90% de las agresiones físicas contra activistas medioambientales, estaban vinculadas al sector forestal. 

Por otro lado, el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú — primer pacto ambiental de América Latina y el Caribe, que establece garantías específicas para quienes defienden los derechos humanos en materia ambiental— pidió al Estado chileno adoptar medidas de protección para la familia de Julia Chuñil, ante posibles riesgos de hostigamiento y represalias.

En Chile, el caso de Julia Chuñil no es un caso único. En 2016, la defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz, fue encontrada sin vida dentro de su domicilio. Macarena se oponía a un proyecto hidroeléctrico de la empresa RP Global, en Tranguil, Región de Los Ríos y aunque su muerte fue inicialmente calificada como suicidio, su familia y organizaciones sociales denunciaron indicios de homicidio vinculados a su labor ambiental. Años después, peritajes independientes reforzaron esas dudas, pero el caso aún no ha sido esclarecido.

Otro caso emblemático es el de Alberto Curamil Millanao, un lonko mapuche y defensor ambiental de la Región de La Araucanía, quien se destacó por liderar la oposición a proyectos hidroeléctricos en el río Cautín, lo que le valió el Premio Goldman 2019, uno de los más importantes del ambientalismo mundial.

En 2018 fue detenido y acusado de robo armado, cargo que su comunidad y organizaciones de derechos humanos calificaron como un montaje judicial para criminalizar su activismo. Estuvo más de un año en prisión preventiva hasta ser absuelto en diciembre de 2019 por falta de pruebas. Desde entonces, continúa su labor en defensa del territorio mapuche y los recursos naturales.

Una ley que busca frenar la violencia contra activistas del medioambiente

A casi un año de la desaparición de Julia Chuñil, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la iniciativa que dispone medidas de protección frente a agresiones contra defensores medioambientales. 

El proyecto incorpora por primera vez disposiciones concretas para proteger y sancionar los ataques contra quienes defienden el medioambiente, reconociendo los distintos tipos de violencia a los que se enfrentan en el ejercicio de su trabajo.

Además, la iniciativa ordena al Estado a implementar medidas de coordinación  interinstitucional, que garanticen un ambiente seguro y libre de violencia para quienes luchan por los derechos humanos en asuntos medioambientales. 

El proyecto de ley responde a una de las deudas del Estado chileno en la implementación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que marcó un hito global en la defensa de quienes protegen el medioambiente. Dicho acuerdo fue ratificado en 2022 por el presidente Gabriel Boric, a pocos meses de iniciar su mandato.

El Estado chileno bajo observación internacional

En julio pasado, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una resolución desde Washington concediendo medidas cautelares en favor de Julia Chuñil, tras evaluar que su caso representa una situación grave y urgente con riesgo de daño irreparable a sus derechos.

El organismo instó al Estado chileno a intensificar la búsqueda para esclarecer su paradero, avanzar en la investigación de los hechos y garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, manteniendo informada a su familia sobre cada paso del proceso.

Posteriormente en agosto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), anunció el ofició a los servicios públicos involucrados en la investigación, con el fin de recopilar antecedentes que serán enviados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En la instancia, Yerko Ljubetic se trasladó a Valdivia junto a la directora regional de Los Ríos, Constanza Montt, para reunirse con autoridades locales tras las recomendaciones emitidas por la CIDH al Estado chileno por la desaparición de Chuñil.

Durante su visita, Ljubetic destacó que una de las responsabilidades del INDH es garantizar que el Estado de Chile cumpla con las exigencias de la CIDH, reforzando los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido con Chuñil. 

Al respecto, Constanza Montt, señaló que “generaremos un informe que entregaremos a la CIDH para proporcionar antecedentes, destacando las brechas y los desafíos de esta investigación”. 

Un año sin respuestas ni avances en la investigación

A un año de la desaparición de Chuñil, la abogada Karina Riquelme, señaló a El Ciudadano que el avance de la investigación “se verifica con los nulos resultados: sin encontrar a Julia, sin formalizados ni tesis claras sobre lo que le sucedió. Una investigación que, además, tiene características de ser reservada hacia las propias víctimas, negándose así el acceso a la justicia”.

Además, agregó que “el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia ni la reparación. Ha existido una estigmatización y un maltrato constante hacia la familia, que sigue enfrentando la desaparición de su madre”. 

Por su lado, Mariela Santana declaró al medio que: “La investigación no ha avanzado en la búsqueda de la desaparecida, sino que, como es de público conocimiento, se ha enfocado en perseguir a la familia desde el inicio, sin abrir otras posibles líneas investigativas, perdiendo tiempo, evidencias y recursos”.

Santana, al igual que Riquelme, sostuvo que el Estado de Chile no ha cumplido con sus compromisos internacionales, calificando la situación como grave. Recordó que la suscripción de tratados en materia de derechos humanos y medioambientales implica una obligación real de cumplimiento, “de lo contrario, quedan como simples declaraciones de buenas intenciones”.

Por último, Santana declaró: 

“Desde CODEPU continuaremos con el seguimiento de las acciones internacionales que hemos presentado ante el sistema interamericano de DD. HH. y el sistema universal. La medida cautelar otorgada por la CIDH, de carácter vinculante para el Estado chileno, es la mejor carta con la que contamos para exigir una investigación seria, imparcial, con la debida diligencia y que respete los estándares exigidos para una causa de esta envergadura”. 

Se intentó obtener una respuesta de la Fiscalía —incluyendo a las fiscales vinculadas al caso— a través de correo electrónico, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Un año sin Julia, un país que no olvida

La Familia de la defensora ambiental ha convocado a una jornada de movilización a lo largo de todo el país por el aniversario de la desaparición de Julia Chuñil. 

“Ella, como tantas otras personas mayores que habitan el campo, cumplía un rol histórico: proteger la tierra, el agua y los bosques. Su ausencia no es casual, sino parte de la violencia estructural que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio”, indicaba la convocatoria.

Se proyectan más de veinte manifestaciones tanto en distintas regiones del país como en el extranjero, en apoyo a la demanda de verdad y justicia por la dirigenta mapuche y defensora del medioambiente.

Las actividades se iniciarán este viernes 7 de noviembre de 2025 frente a La Moneda, a las 18:00 horas, con un mitin convocado por distintas organizaciones, comunidades y personas, quienes asistirán portando banderas, lienzos, carteles y velas.

En Máfil, el bosque que Julia cuidaba sigue en pie, pero su ausencia pesa sobre cada sendero. Los árboles que defendió, los animales que resguardó y el río que recorría parecen hoy testigos de una historia que aún espera respuestas. Su familia, incansable, continúa buscando pistas, golpeando puertas y levantando su nombre como un acto de memoria y de amor.

A un año de su desaparición, su comunidad y las organizaciones que la acompañan se preparan para volver a marchar. Portarán lienzos, velas y fotografías que recuerdan que Julia no era solo una mujer campesina, sino una defensora de la vida y del territorio.

En cada consigna resonará el mismo reclamo que recorre Chile desde hace doce meses: verdad y justicia para Julia Chuñil, la guardiana del bosque mapuche que aún no regresa a casa.