Agrupaciones por la libertad de los presos de la revuelta critican indicación de Huenchumilla que reduciría el alcance del proyecto

La Asamblea Nacional de Familiares de Presos de Políticos de la Revuelta junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos manifestaron su preocupación frente a la indicación sustitutiva ingresada al proyecto de Ley Indulto General, por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (IND).

La indicación, que ayer fue considerada admisible por 3 a 2 votos en la Comisión de Constitución del Senado, modifica varios aspectos del proyecto, lo que despertó alarmas en las organizaciones que luchan por la libertad de los presos de la revuelta.

En palabras del Senador Araya, quien preside la Comisión, la indicación busca principalmente cambiar el título del proyecto de «Indulto General» a «Amnistía»; acotar el catálogo de delitos incorporados para la aplicación de la ley; establecer un filtro adicional para acceder a la amnistía, que será no tener antecedentes delictivos por el mismo delito o similar, al momento de los hechos; reponer el plazo original para su efecto, es decir, desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020; mantiene el efecto de extinguir la pena, pero a su vez hace obligatorio la eliminación de los antecedentes administrativos en los registros del Ministerio Público.

La indicación reduce el alcance del proyecto

Falta de justicia efectiva para los presos y disminución del espectro de casos que abordaría la ley son las principales críticas y preocupaciones de las organizaciones. «Las indicaciones presentadas en orden de disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la ley de Control de Armas, Homicidio Frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado atentan directamente contra el espíritu del proyecto, ya que impedirá a una gran cantidad de jóvenes optar al beneficio, considerando que durante este gobierno se aumentaron las penas asociadas a la Ley de Control de Armas«, señalan.

El panorama es preocupante, sobre todo por las 306 querellas presentadas por el Estado, bajo la Ley de Seguridad del Estado, en el marco del Estallido Social entre el 18 de octubre de 2019 y julio de 2021, según cifras del Ministerio de Interior. La mayoría tiene origen en la Región Metropolitana, donde se han interpuesto 219 acciones de este tipo contra 1.073 imputados, según la información consignada por La Tercera.

Y pese a que el presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a «revisar caso a caso» todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado en el contexto de la Revuelta Popular, para los familiares de los presos del estallido y las organizaciones que luchan por su libertad este compromiso no es suficiente.

Para la Asamblea Nacional de Familiares y el Grupo de Iniciativas por la Libertad de los presos la criminalización de la protesta social persiste. Lo que se ha traducido en prisiones preventivas que superan los dos años, y en las que se ha negado la presunción de inocencia, un principio básico de la justicia chilena e internacional. Además, agregan que «es grave la situación que enfrentan los condenados considerando los reiterados casos en que se ha comprobado montajes, infiltración policiaca y errores graves de procedimiento«.

«Lo sucedido hoy en la Comisión del Senado tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad, considerando el excesivo tiempo transcurrido sin debido proceso, las inhumanas condiciones carcelarias, así como el contexto de revuelta social en que ocurren estas detenciones arbitrarias«, señalan las agrupaciones, quienes finalizan haciendo el llamado urgente a realizar cambios profundos en la institucionalidad del país, cambios en pos de justicia real y oportuna.