Alerta: Este martes 30 Comisión Mixta del Congreso decide futuro de legislación ambiental, en proyecto de ley “Pro-inversión”

Por Francisco Cabrera, presidente de Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) En la última etapa de discusión, a través de la conformación de una Comisión Mixta, se terminará de revisar en el Congreso Nacional, las indicaciones al Proyecto de ley que ingresó el gobierno el 14 de mayo de 2018 y que modifica […]

Por Francisco Cabrera, presidente de Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA)

En la última etapa de discusión, a través de la conformación de una Comisión Mixta, se terminará de revisar en el Congreso Nacional, las indicaciones al Proyecto de ley que ingresó el gobierno el 14 de mayo de 2018 y que modifica algunos textos legales para promover la inversión; entre ellos algunos que intentan modificar la ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (boletín 11747-03).

Los miembros de esta Comisión Mixta son, por el Senado: Álvaro Elizalde (PS), Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD), José Miguel Durana (UDI), Rodrigo Galilea (RN); por los diputados: Jaime Naranjo (PS), Gabriel Silver (DC), Boris Barrera (PC), Joaquín Lavín Jr. y (UDI) Harry Jurgensen (RN). La sesión se realizará a las 14 horas y será transmitida en vivo por TV Senado https://tv.senado.cl/ y retransmitida por El Ciudadano.

Cabe recordar, que el gobierno presentó -en 2018- el “Proyecto de Pro-Inversión” a través de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, es decir, insiste en modificar la legislación ambiental a través de una Comisión que no se relaciona con la protección ambiental. Es más, la Comisión de Medio Ambiente de la misma Cámara, por más que lo solicitó, nunca tuvo a la vista este proyecto.

Este proyecto se aceleró luego que el 14 de junio el presidente Piñera firmara el “acuerdo Covid” con la ex Concertación, que contenía una letra chica que acelerará a depredación medioambiental en Chile.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley, es establecer el carácter vinculante y darles rango legal a las respuestas de las consultas de pertinencia (pronunciamiento que un titular solicita al SEA para saber si su proyecto o actividad, o su modificación, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

En efecto, es controvertido puesto que actualmente las consultas de pertinencia han perdido el espíritu con que fueron creadas y, lo que está ocurriendo, es que están posibilitando que los titulares modifiquen sus proyectos a través de dicha herramienta. En consecuencia, el permiso ambiental que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuando aprueba un proyecto, que es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), está siendo modificado por las consultas de pertinencia que son emitidas con posterioridad a la emisión de la RCA.

Darle un carácter legal y vinculante a las consultas de pertinencia, como pretende el gobierno, va a significar que el documento que autoriza el Proyecto, la RCA, no sólo pierda robustez y validación social como instrumento de aprobación o rechazo de los proyectos, sino que también pierda importancia respecto del cumplimiento de sus obligaciones y contenidos, puesto que ahora el proyecto evaluado y calificado no sólo podrá ser modificado, sino que no habrá posibilidad de verificación, chequeo y corrección de dichas consultas de pertinencia por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La propuesta del gobierno de establecer el carácter vinculante de las pertinencias, no sólo le haría perder atribuciones a la SMA, sino que perjudicaría el seguimiento y fiscalización que dicha entidad realiza. En efecto, la SMA cumple una importante función también para el caso de las pertinencias, toda vez que al realizar en terreno su trabajo de fiscalización, puede levantar un informe respecto de las brechas que existen entre lo que dice el papel (la pertinencia) y lo que el titular realizó de manera efectiva; divergencia que cuando es detectada permite corregir el “error”, levantar sanciones o multas. Es decir, esta atribución de la SMA permite perfeccionar la evaluación, cuestión contraria a la que intenta el Proyecto de Pro-inversión cuando quiere hacer vinculante el pronunciamiento del SEA.

Por último, no sólo se debe rechazar dicha moción, sino que, incluso, se debiera avanzar en el sentido de que al momento de que los titulares ingresen una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y, tal como ocurre con otros instrumentos de evaluación como las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), éstas debieran ser inmediatamente derivadas a los organismos con competencia ambiental, correspondientes, para que emitan su pronunciamiento, cuestión que hoy no es una obligación, ni una práctica habitual.

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