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Detrás de la muerte de joven Mapuche: El conflicto forestal de Mininco CMPC del grupo Matte

El asesinato de Pablo Marchant a manos de carabineros desempeñando la función de guardias armados de Forestal Mininco del grupo Matte, tiene como telón de fondo un histórico conflicto por tierras entre uno de los conglomerados más ricos de Chile y en pueblo Mapuche. CMPC está involucrada en ejecuciones durante la dictadura, la aplicación de normativas racistas como la Ley antiterrorista. Además CMPC controla más de 700 mil hectáreas de monocultivos de pino, con grave impacto ambiental.

Por Mauricio

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Chile / Derechos Humanos / Mapuche / Portada

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El joven Mapuche Pablo Marchant es quien murió al interior del fundo Santa Ana Tres Palos, sector Casa Piedra, que ahora está en manos de la empresa forestal Mininco, CMPC, en la comuna de Carahue, la tarde de este viernes 9 de julio, como consecuencia de disparos efectuados por agentes estatales de Carabineros.

Pablo Marchant, identificado como miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, fue muerto el 9 de julio del 2021 por agentes represores de Carabineros, en una acción reivindicada como sabotaje a instalaciones de la empresa forestal Mininco, en el fundo Santa Ana Tres Palos, sector Casa Piedra, comuna de Carahue.

Según versiones policiales recogidas por medios, los hechos se desencadenaron a partir de las 17 horas luego de una acción de sabotaje a instalaciones y maquinaria forestal, sin embargo, inicialmente, trascendió que el joven muerto, se trataba de Ernesto Llaitul Pesoa, hijo del histórico dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, cuya información confusa habría trascendido desde fuentes de Carabineros o Fiscalía.

A eso de las 2 de la madrugada, la vocera de la Fiscalía Regional, Daniela San Martín, confirmó que con peritajes de huellas “se trabaja en la identificación de la personas que falleció en enfrentamiento con Carabineros en Carahue”, señalándose a su vez, que Héctor Llaitul no reconoció el cuerpo como el de su hijo, descartando versiones preliminares.

La vocera señaló: «Un equipo especializado de la Fiscalía de Alta Complejidad y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional se encuentra trabajando en la indagación de los hechos ocurridos, a fin de esclarecer la dinámica de estos hechos, disponiendo en el lugar la práctica de diligencias que están siendo materializadas por personal de la PDI».

Paralelamente, medios independientes daban el nombre del joven mapuche: Pablo Marchant, reconocido como miembro de la CAM. Al respecto, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) aclaró en INTERFERENCIA en la madrugada, que al momento de ir a reconocer el cuerpo vio que se trataba de este joven weichafe, señalando: «Estamos consternados. Murió combatiendo en una acción de sabotaje a la Forestal Mininco, en una faena custodiada por Carabineros, por lo que lo vamos a reivindicar”, agregando que “No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo».

En la acción del Fundo de Forestal Mininco, resultó herido de gravedad un trabajador forestal que fue trasladado al Hospital Regional de Temuco. Según informó 24 Horas, se trataría de Ceferino González, quien tendría impactos de bala, a la espera de su evolución.

CONFLICTOS CON FORESTAL MININCO DEL GRUPO MATTE

Diversas comunidades y organizaciones mapuche, entre ellas, la CAM, mantienen de larga data, activos conflictos territoriales con la empresa Forestal Mininco, del Holding CMPC, perteneciente al grupo Matte, que involucra reivindicaciones de tierras o protestas debido los impactos causados en el sur como consecuencia de las plantaciones industriales de monocultivos forestales.

CMPC – Forestal Mininco, tiene diversos cuestionamientos en Chile. Desde su rol en la dictadura militar que involucra a ejecutivos de la Planta CMPC de Laja con detenidos y ejecutados políticos, hasta los graves conflictos de tierras con comunidades del Pueblo Mapuche que ha involucrado el asesinato de un joven Mapuche, Alex Lemún, en noviembre del 2002, la muerte de Zenón Díaz Necul en mayo 2005.

También Forestal Mininco está detrás de la aplicación de leyes fácticas, como la antiterrorista en contra de numerosas personas Mapuche, contribuyendo a intensificar la criminalización y militarización de numerosas comunidades Mapuche que reclaman tierras ancestrales en el Bio Bio y Araucanía, casos que incluso han sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El grupo Matte, de Mininco – CMPC, con fortunas destacada en Forbes en miles de millones de dólares, controla más de setecientas mil hectáreas de plantaciones, cuyo modelo industrial ha sido denunciado de causar graves impactos a los territorios y sus ecosistemas.

En febrero del año 2017, 110 organizaciones de diversas regiones, exigían al Estado chileno el fin del modelo forestal representado por Forestal Mininco y Forestal Arauco, señalándose que “La expansión e invasión ha sido mayoritariamente a través de especies como pinos y eucaliptus, con tres millones de hectáreas de plantaciones, generando en múltiples localidades graves consecuencias, tales como: crisis hídrica, sequedad de la tierra, plagas, empobrecimiento de territorios, desplazamiento de población rural, pérdida de soberanía alimentaria, perdida de bosques nativos, de flora y fauna, de ecosistemas, de humedales y la proliferación de numerosos focos de incendios a causa de sus composiciones y efectos, mientras sus sostenedores, son multimillonarios grupos económicos que además han obtenido suculentos beneficios otorgados con fondos fiscales por más de 40 años, desde una política pública exclusiva a favor de dos grupos económicos (Matte y Angelini) junto a la implementación del Decreto Ley 701, instrumento fáctico que si bien no se ha prorrogado, se mantiene en status quo al interior del Congreso con un proyecto de Ley desde el 2015”.

FORESTAL MININCO Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL MAPUCHE

Uno de los casos emblemáticos de acción punitiva del estado a favor de intereses de la empresa, fue el de “Poluco-Podenco” (2004), donde se obtuvo la primera condena por delito terrorista en el juicio por el incendio del fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco. Este juicio, desarrollado bajo la Ley Antiterrorista, condenó a cinco comuneros mapuche de las comunidades de Tricauco, San Ramón, Chekenco y Rukañanco a 10 años y un día de presidio por participación en los delitos de incendio terrorista.

El caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la demanda describió abusos, aberraciones y desproporcionalidad en la aplicación de la Ley Antiterrorista, y denuncia diversas irregularidades que afectaron al debido proceso y otras garantías sobre derechos humanos en contra de dirigentes y autoridades ancestrales del pueblo mapuche.

“Poluco Pidenco” se sumó a otros dos casos por aplicación de Ley Antiterrorista a causas en los que se acusó a Mapuche, siendo condenado el estado chileno el 29 de mayo de 2014, por violar, entre otros derechos, los consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos: el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el principio de la legalidad, el principio de responsabilidad penal y la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a ser juzgado ante un juez imparcial.

El caso Poluco Pidenco es parte de la criminalización que han vivido cientos de personas a causa de reivindicaciones o protesta social en el marco de conflictos territoriales con empresas Forestales, en particular Mininco del grupo Matte y Arauco de Angelini.

CONFLICTO FORESTAL Y OPERACIONES REPRESIVAS

Alex Lemún tenía 17 años cuando el oficial de Carabineros, Marco Treuer le disparó en la cabeza mientras la comunidad del joven reivindicaba un fundo de Forestal Mininco del grupo Matte (Fundo Santa Elisa, comuna de Ercilla), asesinato que quedó en la impunidad por largo tiempo y que es señalado como la antesala al “Plan de Operación Paciencia”, de fines del 2002 al 2005.

El oficial fue protegido por la institución, ascendido y trasladado, bajo impunidad otorgada por el tribunal Militar. Sin embargo, una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a que la Corte Suprema reabriera el caso. Hoy se encuentra a la espera de una condena.

También fue desplegado el “Plan de Operación Paciencia”, que conllevó la aplicación de la Ley antiterrorista, persecuciones por asociaciones ilícitas terroristas a la Coordinadora Arauco Malleco, militarización por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campañas informativas a través de medios masivos comerciales, todo, articulado por sectores privados y estatal dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche.

La iniciativa buscó frenar las movilizaciones del Pueblo Mapuche por tierras ancestrales y protestas, principalmente las llevadas contra empresas forestales, en especial Mininco, donde el asesinato de Lemún fue prácticamente un punto de partida.

LAS OPERACIONES TAURO Y HURACÁN

El 24 enero del 2017 se da inicio a la Operación “Tauro” tendiente a desmoronar la “escuela de guerrillas en el Wallmapu“. El procedimiento se enmarcaba en la tan bullada acción contra los autores de la “violencia rural” y que tanto la Intendencia de La Araucanía de la época, como el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, General Inspector Gonzalo Blu, y el Jefe de la IX Zona Araucanía, General Christian Franzani, catalogaban como una política prioritaria para la región.

La operación tuvo amplia publicidad de parte de la prensa, llegándose a mostrar como evidencias armas de juguete y una escopeta que jamás se demostró que haya sido utilizada en algún delito como se pretendía señalar. Pese a la falta de pruebas concretas, el caso costó meses en prisión preventiva para el werken Hugo Melinao y Michel Escobar.

Todo fue un montaje.

Melinao en 2010 fue encarcelado acusado de quemar un bus de la empresa Forestal Mininco. Estuvo cinco meses en la cárcel y salió sin pruebas que lo inculparan. En el 2014 lo encerraron acusado de atentar contra camiones forestales en la ruta 5 sur en Pailahueque.

El seis de agosto de 2013, Rodrigo Melinao Licán, hermano de Hugo Melinao, fue encontrado muerto al interior de la parcela N°4 del sector de Chiguaihue en Pidima. El cuerpo del joven mapuche de 26 años tenía un impacto de escopeta en el tórax. Ese mismo día, el ex Fiscal adjunto de Collipulli, José Ricardo Traipe, confirmó que se trataba de un asesinato, hecho que aún no se aclara.

La Operación Huracán iniciada posteriormente acabaría demostrando que la policía a falta de pruebas contra los Mapuche, las inventaban.

El 23 de septiembre del 2017, mientras la tensión se mantenía a causa de la crítica huelga de presos Mapuche del denominado Caso Iglesias: Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, quienes cumplían 109 días en huelga de hambre líquida, se da inicio a la denominada “Operación Huracán”, con amplia publicidad mediática, dando cuenta en todos los medios de circulación nacional supuestos wathsapp entre personas del movimiento mapuche. Sin embargo, en la vida real uno no tenía teléfono y otro no tenía wathsapp, por lo que no había comunicación entre ellos. Todo fue un montaje.

La “Operación Huracán” fue coordinada desde una unidad de inteligencia de Carabineros, con sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017. En la práctica generó una amplia red de ilícitos, con cifras entre cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de wathsapp falsos, atentados que en realidad eran montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche.

El objetivo declarado fue perseguir a figuras emblemáticas en la lucha contra las forestales, como Héctor Llaitul, vocero de la CAM, y de ese modo frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales.

A partir de marzo del 2018, se imputaron cargos por asociación ilícita para cometer los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, en calidad de autores, a los ex-carabineros Gonzalo Blu, Patricio Marín y Leonardo Osses, y al Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrícola, Magíster en Administración de Empresas Alex Smith Leay, supuesto creador de los softwares denominados Antorcha y Tubicación, utilizados para la implantación de mensajes de texto falsos en teléfonos celulares. Asimismo, se formalizó por delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación a Marcelo Teuber (exjefe de la UIOE), Manuel Antonio Riquelme, Marcos Sanhueza, Darwin Vázquez y Marvín Marín. Por el delito de obstrucción a la investigación se formalizó, en tanto, a Cristián Pérez.

Sin embargo, La Operación Huracán no era un hecho aislado. Fue la antesala a la “Operación Andes” que intentaba llevarse a un escenario internacional y transfronterizo Chile – Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecían ex miristas a cargo de un tráfico de armas desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco en Chile. Estaba todo listo, los supuestos chat que probarían los delitos y los mapas con las ubicaciones precisas de los inculpados. Pero todo se vino abajo cuando la Fiscalía sospechó de las pruebas, luego del inicio del desmoronamiento de la operación Huracán.

Todo fue una invención.

Las operaciones se cayeron y hubo una serie de acusaciones cruzadas que incluyeron intentos de manipulación de evidencia y montajes entre agentes de inteligencia de Carabineros y fiscales, con el gobierno de Piñera tratando de desmarcarse, tratando de aparecer como “víctimas” de esta unidad de Carabineros.

Luego ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, perpetrado por agentes del GOPE – Comando Jungla, quien ya estaba previamente en la mira según informes policiales de inteligencia trascendidos en el marco del caso “Operación Huracán”. Andrés Chadwick, como Ministro del Interior, dijo a la prensa en noviembre del 2019 con respecto al asesinato de Catillanca: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta la revuelta social de octubre del 2019.

Alfredo Seguel

El Ciudadano

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