Duras críticas al gobierno de Piñera por licitación del litio a transnacionales

El gobierno de Sebastián Piñera a través del Ministerio de Minería, dio a conocer la convocatoria este 13 de octubre que “busca adjudicar contratos especiales de operación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una”. Según su comunicado para una licitación nacional e internacional, habrá un plazo de 7 años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción.

El anuncio no pasó inadvertido en medios internacionales, la Agencia France 24, publicó el mismo día: “Desde hace más de 40 años, Chile declaró de interés nacional el litio, que en la actualidad es codiciado en el mercado mundial para la producción de baterías, el desarrollo de la electromovilidad y para satisfacer el mayor consumo de energías limpias”.

Agregó la publicación: “La demanda mundial de este metal se cuadruplicará hacia 2030, alcanzando 1,8 millones de toneladas de carbonato de litio, según proyecciones del ministerio (…) La empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle SQM explotan en Chile el Salar de Atacama (norte), uno de los depósitos de litio más ricos del mundo”.

Reacciones en Chile

El diputado PC, Daniel Nuñez, señaló en rrss: “Régimen de Piñera se desploma, pero el imputado se da el lujo de rematar internacionalmente los salares para que se lleven el litio. No permitiremos que Piñera regale el litio. Lo protegeremos con movilización y en nueva Constitución. Soberanía para nuevo desarrollo sustentable!

Cristina Dorador, Científica y Convencional Constitucional distrito 3, ante la licitación internacional de exploración y producción de Litio abierta por el Gobierno: «También es momento de que acá, en Chile, podamos pensar, con toda la evidencia disponible, qué es lo que queremos para nuestro País. ¿Realmente es esa una alternativa para Chile, explotar los salares a tal punto que su daño sea irreparable?

Agregó también en un tuit: “No es posible que mientras escribimos una nueva Constitución el gobierno busque profundizar el extractivismo que daña irreparablemente a los salares, biodiversidad y comunidades. Discutamos honesta y abiertamente este tema”.

Por su parte, el diputado Marcelo Díaz indicó que “me parece absolutamente inconveniente realizar esta licitación estando pendiente la dictación de una nueva constitución que establezca de manera clara e inequívoca que la administración de estos recursos y la explotación de estos recursos debe ser en beneficio de las y los chilenos, no de operadores privados, no de empresas extranjeras”.

Por su parte, el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señaló: “El Régimen de Piñera busca asegurar nuestros recursos naturales a empresas extranjeras. Ninguna “jugada” de estas puede tener legitimidad en medio del escándalo #PandoraPapers y la #AcusaciónConstitucional. ¡Nueva Constitución debe garantizar estos recursos para Chile!”

La dirigenta Colla, Ercilia Araya, (Presidenta de la Comunidad Pai-Ote), señaló a El Ciudadano: “Estamos viendo que la explotación de los salares es un desastre, porque cumplen una función importante en el territorio, en el ecosistema. Acá no se trata de un tema de dineros, se trata de la vida de un territorio, se trata de comunidades, de familias, de seres vivos”.

Conflictos por proyectos de explotación de litio en Chile

El año 2018, partió la elaboración de un informe de la Comisión especial investigadora de la cámara de diputadas y diputados, de los actos del gobierno relativos al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama, y su ejecución.

Por esta vía, la Comisión buscó recabar antecedentes sobre los actos de los Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del mismo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero. Asimismo, evaluar las acciones de fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado.

El problema que se debe resolver urgentemente es la incapacidad del Estado, y de CORFO en particular, para controlar los contratos que afectan a la propiedad fiscal de las pertenencias ubicadas en el Salar de Atacama, en particular para ser una contraparte efectiva en los contratos suscritos con la empresa SQM y la transnacional Rockwood-Abermarle.

En el presente, uno de los conflictos territoriales que actualmente está vigente a causa de proyectos para la explotación de litio, involucra a la empresa Simco SpA, firma ligada al Grupo Errázuriz y en particular a Francisco Javier Errázuriz Ovalle, vinculado a la familia del excandidato presidencial y ex senador, Francisco Javier Errázuriz (conocido como FraFra), cuyo proyecto busca producir litio en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama, con una inversión de unos US$ 350 millones, siendo calificado como favorable ambientalmente en septiembre del 2020 por la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente del gobierno de Piñera. Sin embargo, se encuentra judicializado con una serie de reparos, incluida la acción de protección de comunidades Colla de este territorio.

El proyecto pretende la explotación de salmueras frescas desde el sector nororiente del Salar de Maricunga, a una tasa de extracción de 275 L/s, siendo procesadas las salmueras mediante el método de evaporación solar y posterior precipitación en una planta de carbonato de litio para la producción de 5.700 t/año, y, mediante la extracción por solvente, se obtendrán 9.100 t/año de hidróxido de litio (equivalentes a 14.300 t/año de carbonato de litio), añadiendo además 38.900 t/año de cloruro de potasio como subproducto. Las salmueras de descarte del proceso de extracción por solvente -pobres en litio-, serán retornadas al Salar de Maricunga a través de pozos de reinyección.

El proyecto presenta una serie de reparos razón por la cual se ha judicializado en materia ambiental y también de protección. Frente a este proyecto, la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, y la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del pueblo de Los Loros, mantienen interpuesto acciones judiciales, indicando una serie de ilegalidades e irregularidades no atendidas por las autoridades ambientales encargadas de evaluar el proyecto.