Duro revés del Tribunal General de la Unión Europea contra Von der Leyen por Pfizergate

El Tribunal General de la UE (TGUE) ha propinado un duro revés para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras determinar su actuación incorrecta al haber ocultado los mensajes intercambiados con el gerente principal de la farmacéutica Pfizer en una millonaria compra de vacunas durante la epidemia de Covid-19.

Conocido como Pfizergate, el escándalo se inició en febrero de 2021, cuando gran parte de la población de Europa enfrentaba la pandemia del Covid-19, ocasión en que von der Leyen intercambió una serie de mensajes de texto en el proceso de adquisición de vacunas que terminó con la compra más grande realizada en la historia de la Unión Europea (UE), cuando fueron compradas 1.800 millones de dosis de vacunas por un valor de 35 mil millones de euros.

La población de toda la UE el año 2019 se estimaba en 342.597.698 habitantes.

Ese mismo mes de febrero se anunció la compra al laboratorio norteamericano Pfizer de un primer lote de 900 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 hasta el año 2023, y una cantidad similar los años siguientes.

La millonaria operación se llevó a cabo a través de mensajes de texto intercambiados entre Ursula von der Leyen con el director ejecutivo de la farmacéutica, Albert Bourla, según denunció en abril de 2021 el periódico The New York Times, en cuyas páginas se describió el negocio como «una sorprendente combinación de supervivencia política y ajetreo corporativo».

Una solicitud para acceder a esos mensajes también fue pedida por el medio web alemán Netzpolitik.org, la que fue denegada. El medio acudió entonces a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, quien abrió una investigación el 16 de septiembre de ese año, a quien también le fueron denegados los mensajes, argumentándose que la CE no tenía obligación de conservarlos. Una solicitud posterior de O’Reilly, realizada en enero de 2022, para realizar una nueva búsqueda fue respondida por la Comisaria de Transparencia de la UE, Věra Jourová, quien aseguró que no hubo resultados en la búsqueda de mensajes, lo que produjo un comunicado en julio de 2022 de la instancia de defensoría, criticando la mala administración de von der Leyen.

En octubre de ese mismo año se sumó a la investigación la Fiscalía Europea (EPPO), organismo encargado de investigar y perseguir los delitos financieros.

El negocio generó sospechas sobre su transparencia y legalidad. Sin embargo, cuando el periódico norteamericano solicitó los mensajes de texto, la UE rechazó entregarlos argumentando que dichos mensajes de texto no eran documentación oficial.

Ya antes, cuando era ministra de Defensa de Alemania, Von der Leyen también realizó negociaciones de millonarios contratos a través del teléfono, eludiendo etapas en los procesos de contratación pública. Al momento de comenzar las investigaciones, dichos mensajes ya habían sido borrados.

EL FALLO DEL TGUE

El TGUE, máxima instancia judicial de Europa, determinó que von der Leyen actuó de manera incorrecta, señalando que la Comisión Europea tendría que haber entregado la información sobre los contratos de compra de vacunas con Pfizer.

“La CE no ha proporcionado una explicación convincente para justificar la ausencia de los documentos solicitados”- sentenció el TGUE.

De esta forma, los mensajes intercambiados entre von der Leyen y Bourla pueden considerarse documentación oficial y von der Leyen tendría que responder política y legalmente.

El Ejecutivo comunitario se defendió diciendo que no hubo negativa al acceso a los mensajes de texto, sino que no fueron registrados porque no contenían contenido relevante. Según las normas internas detalladas por la CE, sólo se archivan comunicaciones que tengan importancia, mientras que las comunicaciones efímeras, como los mensajes de texto operativos, no se guardan.

Según el fallo del TJUE, “el Reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir, de la manera más completa posible, el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones. De este modo, y por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público”.

También definió que la CE no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, “sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos”. Así determinó que la instancia presidida por von der Leyen “no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados”.

De igual modo, la CE tampoco aclaró si los mensajes de texto solicitados “se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo”.

La investigación fue promovida por la Defensora del Pueblo Europeo y luego por la Fiscalía Europea (EPPO), instancia a cargo de examinar posibles delitos de corrupción, abuso de poder o destrucción de documentos públicos. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la UE también expresó preocupación por la falta de documentación formal sobre las negociaciones.

El término Pfizergate comenzó a circular luego de que un informe del British Medical Journal planteó inquietud sobre la integridad de los datos y la supervisión regulatoria de los ensayos realizados con la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

La opacidad ha caracterizado a Von der Leyen en su gestión como presidente de la Comisión Europea, quien además promovió el enfrentamiento y sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania. En declaraciones recientes se ha opuesto a las negociaciones para la paz en el conflicto e incluso advirtió que Europa no reanudará la compra de gas y combustibles a Rusia cuando acabe el conflicto.

El Ciudadano