La crisis política que se desató en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank sigue en aumento, ya que mientras los jubilados exigen recuperas sus fondos, el presidente Santiago Peña, quien intentó dejar el poder, deberá enfrentar un juicio político del que dependerá que acabe con fueros o ante la Fiscalía, que ya lo investiga.
El escándalo estalló luego de que del Banco Central de Paraguay ordenara la intervención y disolución de la entidad financiera, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo requerido.
Los 2,9 millones de clientes del banco, casi la mitad de los habitantes del país suramericano quedaron con sus ahorros congelados, mientras las aplicaciones y las tarjetas dejaron de funcionar.
Además, Ueno Bank gestiona el 9% de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad a cargo de las pensiones de 32.000 jubilados del país y parte de los fondos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y de la Represa Binacional de Itaipú, una de las mayores empresas productoras de energía del planeta.
La intervención de Ueno Bank causó un efecto político en la administración de Peña, ya que fue socio empresarial del banco hasta marzo de 2025,fecha en la que decidió vender sus acciones por más de 6 mil millones de guaraníes. Posteriormente, en octubre de este año, un reportaje de ABC reveló que una empresa en la que el mandatario fue accionista hasta marzo de este año todavía facturaba millones de guaraníes a Ueno Bank por servicios de marketing.
Ante el impacto de la crisis financiera, un bloque de 35 diputados de la oposición presentaron ante el Parlamento un pedido de juicio político para destituir tanto a Peña como a su vicepresidente Pedro Alliana por «mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes»
El documento presentado por los parlamentarios se estructura en cinco ejes centrales:
En primer lugar plantea un conflicto de intereses y cuestiona los vínculos comerciales y societarios del mandatario con directivos de la entidad financiera y la eliminación de barreras legales entre la función pública y el sector privado.
También apunta a una manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS que facilitaron la colocación masiva de recursos previsionales en Ueno Bank.
El otro eje se vincula con el sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y encubrimiento institucional del Banco Central de Paraguay.
El documento plantea un presunto incremento patrimonial ilícito de Peña derivado de las operaciones comerciales y financieras bajo sospecha y el daño generado en la credibilidad bancaria y la desestabilización financiera causada por Ueno Bank
A la par, el fiscal general, Emiliano Rolón, abrió una investigación contra el mandatario y la encargó a tres fiscales de la unidad anticorrupción.
Ante la crisis, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia, pidiendo disculpas al pueblo paraguayo y afirmando que este es «uno de los momentos más difíciles» que le ha tocado vivir.
«Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí (…) Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay» señaló en un video compartido en sus redes sociales.
Sin embargo en Paraguay, la renuncia del presidente no surte efecto por sí sola. El artículo 202 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de «aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República«, y para aprobarla se requiere la mayoría simple de las dos cámaras reunidas.
En la sesión bicameral extraordinaria, los legisladores oficialistas abandonaron el hemiciclo al comprobar que no tenían los votos para aceptar la renuncia y la sesión se quedó sin quórum, lo que impidió que se completara la votación y se levantara la sesión.
Acto seguido, Peña publicó un comunicado anunciando que se presentará a ejercer su defensa ante el Parlamento.
Juicio político contra Peña sigue en pie
Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que el proceso contra el mandatario sigue su curso formal con la intervención de los fiscales acusadores de la Cámara Baja
‘Lo que va a acontecer a continuación es que se va a dar continuidad al proceso del juicio político del presidente de la República, Santiago Peña, que tuvo inicio en la Cámara de Diputados. El siguiente estadio es su juzgamiento en la Cámara de Senadores, que va a tener la participación de los diputados seleccionados para el efecto en condición de fiscales acusadores’, dijo en declaraciones recogidas por el portal paraguayo ABC.
Tras la formulación de los cargos por parte de los fiscales acusadores quedó establecido que Peña, deberá comparecer a ejercer su derecho a la defensa este viernes 6 de noviembre.
Jubilados exigen recuperar sus fondos
Mientras se define el futuro político y judicial de Santiago Peña, desde la Alianza de Gremios y Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) exigieron al Banco Central del Paraguay (BCP) adoptar las medidas correctivas necesarias ante la crisis de Ueno Bank y priorizar la recuperación de los recursos del Fondo de Jubilaciones comprometidos en la entidad intervenida.
Desde la agrupación también exigieron que se establezcan responsabilidades políticas del Gobierno de Peña, y se apliquen las sanciones previstas en la Constitución Nacional y las leyes penales pertinentes.
«Entre sus principales exigencias, la Alianza plantea la sustitución y/o sanción del actual presidente y de los miembros del Consejo de Administración del IPS, así como de anteriores autoridades, por lo que considera negligencia en la protección de los recursos del Fondo de Jubilaciones», consignó el portal Última Hora.
Para la Alianza es imprescindible que el BCP garantice la devolución de los recursos del IPS comprometidos en la entidad bancaria, tanto en dólares como en guaraníes.
A la par, señalaron que el IPS debe defender los intereses de los jubilados y garantizar el pago oportuno de los futuros haberes jubilatorios y del Beneficio Adicional Anual (aguinaldo) correspondiente a este año.
Desde el gremio advirtieron que si no obtienen respuestas emprenderán acciones de calle, movilizaciones y otras medidas de fuerzas.
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