La doble emergencia para los afectados por la contaminación del río Atoyac

Por Kara Castillo

Tras el incumplimiento de las autoridades de la Recomendación 10/2017emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el actual y limitado Convenio Marco para el Saneamiento del Río Atoyac, Puebla y Tlaxcala, los años 2020 y 2021 han representado para afectados ambientales de la región, una doble emergencia sanitaria.

Las comunidades afectadas por contaminación, en la zona considerada ya un “infierno ambiental”, no sólo siguen padeciendo los problemas de exposición a las sustancias tóxicas de la cuenca Atoyac-Zahuapan, sino que han tenido que enfrentar la emergencia epidémica del Covid-19. “En esta pandemia se les ha negado el derecho a un ambiente sano, también el acceso agua de calidad y a la información pública”.

Así lo consideró el biomédico Omar Arellano Aguilar, fundador de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental, investigador de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). representante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

“Sistemáticamente se siguen violentando los derechos humanos de afectados, la comunidad académica así como ambientalistas y defensores, vemos que el escenario a mediano plazo es que la situación va a seguirse agravando y no sabemos hasta cuando el estado decidirá reparar el daño que ha ocasionado a las generaciones de personas que viven en los márgenes de los ríos Atoyac y Zahuapan”, confió a El Ciudadano.

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Regiones de emergencia ambiental

El autor del análisis “El río Atoyac y la lucha por revertir la contaminación”, precisó que varios municipios de Puebla y Tlaxcala han sido considerados ya Región de Emergencia Ambiental, lo que implica que el daño no ha sido un hecho aislado o un accidente. “Estamos hablando de dos décadas de contaminación persistente, de degradación, de cambios de uso de suelo, que ya están impactando en la salud de las personas que viven en la cuenca y que autoridades simplemente han ignorado”.

El Centro Fray Julián Garcés lleva más de 20 años denunciando la dramática destrucción del medio ambiente en Tlaxcala y Puebla, estados que están rodeados por uno de los cinturones industriales más importantes del país, con empresas que descargan en el río desechos tóxicos que están prohibidos en países del primer mundo.

Académicos e investigadores del Centro han advertido que existe un incremento en la incidencia de muertes por cáncer e insuficiencia renal en todos los municipios de Puebla y Tlaxcala ubicados en la ribera del río Atoyac-Zahuapan, atribuibles a las sustancias tóxicas, cancerígenas y muta-génicas en las cauces de los ríos, suelos y en el aire de toda la cuenca.

Los pobladores de las comunidades donde se han detectado enfermedades degenerativas; cáncer, insuficiencia renal, leucemia, padecimientos derivados de la interacción de los corredores industriales, han tenido que enfrentar esta emergencia sanitaria por el coronavirus en condiciones de desventaja y con “agua que enferma”.

Convenio, otra afectación más a los ya afectados ambientales

El día 28 de septiembre de 2020 — a tres años de haberse emitido la Recomendación de la CNDH por fin se concretizó un acuerdo— los gobernadores de Tlaxcala y Puebla, Marco Antonio Mena y Miguel Barbosa, respectivamente; María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); un representante del titular de la Cofepris; además de Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmaron públicamente el Convenio Marco de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica, por el que se anuncia que se da cumplimiento a la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida el 21 de marzo de 2017 por la “Violación a los Derechos Humanos a un Medio Ambiente Sano, Saneamiento del Agua y Acceso a la Información, en relación con la Contaminación de los Ríos Atoyac, Xochiac y sus Afluentes; en Agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en Puebla, y en Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en Tlaxcala.

Para habitantes y defensores del medio ambiente, éste convenio no da respuesta cabal a la Recomendación de la CNDH porque no hay una participación directa de comunidades para la elaboración de este programa (como había sido requerida en la Recomendación) y no atiende ni da respuesta a la problemática urgente de salud que se había planteado de parte del Centro Fray Julián Garcés.

Ambientalistas revelaron a éste medio que éste programa contiene cinco acciones concretas, que en el fondo vuelven a vulnerar a los ya afectados ambientales.

Y es que el programa pone énfasis en la construcción y mantenimiento de plantas de tratamientos que una vez construidas, municipios y estados fijarán cuotas y tarifas de saneamiento, lo que quiere decir que a los afectados ambientales además del daño que ya sufren, se les va a imponer tarifas de agua.

“El Estado sigue sin hacerse responsable del estado de omisión que obliga a los ciudadanos a estar expuestos a contaminantes peligrosas haciéndose vulnerables cada vez más”, aseguró Arellano Aguilar.

Arellano coincidió con las organizaciones Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC quienes señalaron en un pronunciamiento que “El Programa Integral de Restauración Ecológica como las acciones que se lleven a cabo para su implementación se realicen sin antes haber revisado y actualizado la NOM 001 y la NOM 002, pues se ha demostrado que son totalmente obsoletas para ésta y otras regiones devastadas en el país, y sin considerar la manera de adecuar a este proceso la definición de Restauración que se da en el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que también resulta insuficiente para la elaboración de un Plan Integral de Restauración Ecológica tal y como lo han reconocido las titulares de la Conagua y de la Semarnat”.

El panorama, no tan negro

Ante el incumplimiento de autoridades a la Recomendación de la CNDH a cuatro años de su emisión, y del incompleto convenio firmado, la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, así como habitantes de comunidades afectadas que sostienen la lucha por la justicia ambiental y social en la Cuenca, han emitido una propuesta comunitaria de saneamiento integral que especialistas y académicos consideran un instrumento muy importante y completo, que los órganos de gobierno tendrían que usar para echar a andar la verdadera atención al problema de salud.

“Las comunidades siguen organizadas y trabajando, tienen como bandera de lucha la propuesta comunitaria de saneamiento integral, instrumento que no tiene precedentes porque son las comunidades organizadas las que están poniendo nuevas propuestas y las que están identificando claramente una hoja de ruta de trabajo y que seguirán insistiendo en que esto se haga”

Omar Arellano Aguilar, investigador de la UNAM.

“Desde que fue emitida la Recomendación, las comunidades de la Cuenca del Alto Atoyac se han embarcado en un proceso de construcción positiva de una propuesta de saneamiento de esta región, de formulación de un Plan de Salud y de reparación del daño que habrán de discutir entre sí y ante las autoridades, porque ese es su derecho y la Recomendación de la CNDH (aunque limitada en su alcance) lo ratifica: las comunidades deben ser escuchadas en el proceso. No pueden seguir siendo consideradas un objeto pasivo al que se dirigen las políticas públicas (para ‘beneficiarlas’ o agredirlas), sino sujetos de derechos plenos, capaces de ejercerlos responsablemente y de defender su posición”, sostiene el Centro Fray.

Buscan los «infiernos ambientales»

El investigador Arellano Aguilar también insistió en que comparado con otros gobiernos, en esta administración se ha visto al menos interés de dependencias por la grave situación ambiental en el país.

Citó los esfuerzos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Políticas (Conacyt) que desde 2020 ha abierto convocatorias para que grupos académicos de investigación puedan involucrarse en la resolución de la problemática de contaminación en las Regiones de Emergencia Ambiental (REA) a través de los Programas Nacionales Estratégicos PRONASE y ha generado además espacios de discusión a nivel nacional en la identificación de “infiernos ambientales”, en donde no solamente se está presentando la información y los estudios que se están haciendo a la fecha, sino que se están identificando cuáles son las causas y los factores de fondo que han llevado a que estas regiones estén en esta situación.

“Aunque se ve que no ha pasado nada, al menos en este gobierno actual hay dependencias que sí se están movilizando para buscar soluciones a largo plazo, como Semarnat y Conacyt. Pero en los hechos no vemos cambios”.