Con bastante sigilo funcionarios de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) están avanzando en la Consulta Indígena que debe visar el acuerdo entre SQM y Codelco para mantener a la empresa de la familia Ponce Pinochet en la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060.
El polémico acuerdo implica la entrega hasta el 2060 del 49,99% de la explotación del litio a SQM, dirigida desde hace poco por Francisca Ponce Pinochet, nieta del dictador. El pacto pasaría a reemplazar el actual contrato entre dicha empresa y Corfo, el que estipula la devolución en el año 2030 de las pertenencias mineras que explota SQM en el acuífero atacameño a la Corfo y la venta a precio de libro de la capacidad industrial instalada.
Al ser dueña de las pertenencias mineras, la Corfo está a cargo del proceso de consulta indígena, que es visto desde el Ejecutivo como un trámite más para llevar a buen puerto el acuerdo con SQM.
Iniciada en noviembre del año pasado, en el cronograma original apuntan a cerrar la Consulta el próximo 19 de Julio. Para lograr esto de la forma más expedita posible, la estrategia de los funcionarios a cargo del proceso ha sido desplegar un método de trabajo que no pasa por la aprobación en asambleas mayoritarias o por comunidad, sino que sentar la legitimidad de la Consulta en “un proceso de consensos”, que en la práctica es capaz de convertir las discusiones en acuerdos y diluye la participación efectiva de las comunidades.
Con el envoltorio de que se trata de una iniciativa inédita, se determinó que “en esta consulta indígena los acuerdos se adoptan a través de un proceso de consensos entre Corfo y las organizaciones representativas del pueblo atacameño o lickanantay, no a través de la votación”,según se desprende en uno de los documentos de la convocatoria al que tuvo acceso El Ciudadano.
Ariel León, asesor jurídico de las comunidades coyas de Atacama, quienes ya participaron en un proceso de consulta indígena, comenta que “la votación es engañosa en los pueblos originarios. En estos no existe la votación, sino que los acuerdos son por la vía de consensos, todos se tienen que llevar su pedazo. Sin embargo, hay que poner ojo con que el consenso debe ser determinado por las comunidades, no por el gobierno. Si se trata de un consenso real o una imposición encubierta como consenso. Si es una metodología indígena pertinente, como dice el Convenio 169, o es uno aparente que oculta imposiciones”.
LA ESTRATEGIA DE CORFO
La Consulta Indígena es una obligación del Estado al explotar los recursos de su territorio, mecanismo que es consagrado en el Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, vigente desde el año 2009 en Chile. Iniciada en noviembre del año pasado en la comunidad atacameña de Río Grande, la Consulta se ha desplegado en reuniones realizadas en algunas comunidades, en las que los profesionales de la Corfo se preocupan de entregar lo más rápidamente posible las propuestas a las comunidades, como si fuesen profesores con la obligación de pasar los contenidos del ramo. Así fue avanzando la consulta con reuniones en el Centro de Desarrollo Agrícola Ambiental de Camar, el Gimnasio de Toconao, la sede del ayllu de Cucuter y la junta de vecinos de Peine.
La geógrafo Pamela Hidalgo Pulgar lidera el equipo de Corfo a cargo de la Consulta. Hidalgo tiene un Magíster en Ordenamiento Territorial y Geografía, e integra la Comisión Evaluadora de Corfo desde 2018. La acompaña el arquitecto Leonardo Valenzuela, subdirector de Contratos Mineros de la Gerencia de Asuntos Estratégicos de la Corfo. Su experticia es la negociación de este tipo de acuerdos. Valenzuela ingresó al Sistema de Empresas Públicas (SEP) como ejecutivo de activos prescindibles en 2004, cargo que incluía la custodia y gestión de las propiedades mineras. Revisando los contratos con SQM detectó anomalías en el pago de la renta de arrendamiento a Corfo, lo que dio inicio a un arbitraje solicitado por la estatal en 2013. Los asiste en la negociación la abogada Pamela Bórquez Astudillo, quien ingresó a Corfo en 2005 y es actualmente subdirectora Legal de Asuntos Corporativos.
Si bien Corfo lleva la consulta adelante, de igual forma Codelco y SQM siguen de cerca la negociación y son requeridos por los funcionarios estatales para que aporten antecedentes o validen compromisos.
La propuesta de Corfo divide en tres grupos diferenciados a las 18 comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) y otras 22 asociaciones, ya sean de regantes, agricultores o estancieros de las mismas asociaciones territoriales indígenas. Así, un primer grupo está integrado por las comunidades de Toconao, Socaire, Camar, Talabre y Peine, cuyos dirigentes defienden el principio de afectación diferenciada al ser las más próximas a las faenas de extracción de litio en el Salar de Atacama. En un segundo grupo están el resto de comunidades lickanantay del CPA y, en un tercer grupo, a las asociaciones de agricultores, regantes o de pastores.
LOS PUNTOS EN DISPUTA
En el curso de la Consulta han surgido 13 temas. Estos incluyen el balance hídrico de la cuenca, finalizar el uso de agua continental, nuevas tecnologías de extracción de litio, el uso de energías limpias, garantías de cumplimiento ambiental y el establecimiento de un anillo de protección de 2 a 10 km. en torno del salar, entre varios otros.
Los puntos que están en disputa actualmente son la exigencia de las comunidades de eliminar el uso de agua continental o “cierre de llave”, como se llama. La respuesta de Corfo plantea que dicho objetivo se puede realizar en cinco años, definido como “el tiempo más acotado técnicamente factible para lograr la eliminación total del consumo de agua continental”. Sin embargo, los plazos son a partir de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
El tema del agua es capital para la sobrevivencia en la cuenca del salar y la extracción del litio contribuye con la desertificación. Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy publicaron en 2018 un estudio, en el que calcularon que se evapora en promedio medio millón de litros de salmuera por tonelada de carbonato de litio (1).
Sin embargo, no sólo la evaporación está secando la cuenca. En mayo de 2024, la minera Albemarle pidió a la institucionalidad ambiental revisar los estudios de impacto otorgados tanto a sus operaciones como a SQM, luego de constatar un importante descenso de agua en los pozos al interior del Salar de Atacama. Lugareños consultados creen que se llegó a modificar la cuña salina, que es la que separa el agua dulce de la salmuera.
La comunidad de Peine, la más próxima a las faenas de Albemarle, ya tuvieron que enfrentar que se secara una laguna y un bosque de algarrobos producto de la explotación de SQM del salar, así como también faenas mineras de cobre próximas hechas por Minera Escondida y Zaldívar.
Pese a la escasez hídrica, el nuevo convenio conlleva un aumento automático de la cuota de extracción de litio de las actuales 165 mil toneladas anuales -que SQM estaría agotando antes del 2030- a 300 mil toneladas.
También las comunidades reclaman la implementación de nuevas tecnologías de extracción. Según el Documento Etapa de Diálogo de la Consulta Desarrollo de Nuevas Tecnologías, éstas pidieron revisar y analizar reducir el plazo de 7 años para tener implementadas estos nuevos métodos de extracción. La respuesta de Corfo es que los 7 años son el tiempo más acotado técnicamente factible para tener implementadas las nuevas tecnologías. Según el cronograma ya fijado, este plan de implementación será entregado por la Sociedad en primer semestre de 2026.
En relación al tema de las reinyecciones de salmuera del salar, tampoco se establece una fecha concreta, limitándose la respuesta de Corfo a señalar que “habrá controles y seguimiento sobre las reinyecciones y sobre la implementación de las nuevas tecnologías, y evaluar compromiso de porcentaje mínimo de reinyección”. La reinyección se haría “una vez implementadas las nuevas tecnologías, de al menos un 30% de la salmuera extraída y tratada”.
AMBIGÜEDAD EN EL APORTE ECONÓMICO
Sin embargo, el principal punto en disputa es la compensación económica de las comunidades. Las comunidades exigen una suma mínima asegurada de 10 millones de dólares, cifra que equivale a un monto del 1,6% al 1,8% de las ventas netas. También se pide la eliminación del tope de US$ 15 millones actualmente existente.
Este cálculo se basa en el actual acuerdo entre Albemarle, minera norteamericana que extrae litio en la parte sur del salar, firmando en 2016 con el Consejo de Pueblos Atacameños y que estableció el reparto del 3,5% de las ventas de litio. Desde esa fecha las comunidades han sido compensadas con unos 100 millones de dólares. En tanto SQM, que extrae mucho mayor salmuera del acuífero atacameño que su par norteamericana, ha entregado entre 2018 y 2022 sólo unos US$ 63,5 millones.
La distribución se dará en base a la distancia de las comunidades respecto de las obras de extracción de litio, la afectación diferenciada y la cantidad de socios. La compensación diferenciada, defendida por los presidentes de las comunidades más próximas al Salar de Atacama (Toconao, Socaire, Camar, Talabre y Peine) es vista como una estrategia de división por otros comuneros. Así la propuesta de compensación presentada por la Corfo fue construida a partir de la diferenciación de tres grupos, estableciendo a estas comunidades en el primero; seguidas por las comunidades lickanantay restantes y, en un tercer grupo, a las asociaciones de agricultores, regantes o de pastores.
La contrapropuesta de la Corfo, hasta la semana pasada, eran un mínimo asegurado de 10 millones de dólares anuales. En relación a un monto determinado, el documento exhibido en la reunión efectuada el 9 de Julio en Camar, decía que “presenta brecha respecto de contenido en borradores de contratos. En análisis”.
También se establece un Fondo 1 entre los años 2025 y 2030, manteniendo el actual esquema de distribución de aportes. Del año 2031 al 2060, el documento dice que “se mantienen requisitos y fecha de inicio de la consulta”.
La distribución del dinero desde el 2031 en adelante “está siendo objeto de análisis”, al existir “diversidad de planteamientos y enfoques sobre distribución”.
Si bien las comunidades del lado sur son las que más han avanzado en el acuerdo con SQM, en la reunión efectuada el 9 de Julio pasado la incerteza de los montos compensatorios provocó que sus dirigentes suspendieran la reunión.
Bernarda Mella, comunera de Talabre, comentó que “Corfo no ha tomado asunto en la demanda de las comunidades, por lo que esta consulta no puede continuar porque no viene con los puntos claros para las comunidades”.
Por su parte, el presidente de la comunidad de Toconao, Yermin Básques, sostuvo en la reunión con Corfo que entre el 10 y 15% son propuestas abiertas, es decir, no dan respuesta concreta. “No nos parece una propuesta de este tipo para los próximos 30 años”.
Para el dirigente hay desidia de parte de la Corfo en acoger las exigencias de las comunidades en forma concreta, en tanto consideró que la presentación “es un monólogo: son las propuestas que siempre han planteando”.
Sergio Cubillos, presidente comunidad de Peine, también reclamó que no hay respuestas claras. “Acá más evasivas que respuestas”- comentó en la reunión.
En tanto, Bernardo Mella, de la comunidad de Talabre, comentó que “hasta el día de hoy no hemos sido escuchados. No nos están dando la respuesta que estamos buscando y dicen que todo lo van a analizar”.
Las ganancias por la venta del Potasio también genera suspicacias. Pese a las millonarias asesorías pagadas por Codelco, no detectaron una cláusula del acuerdo con SQM, la que establece que la producción de Potasio y sus derivados debe ser vendida en su totalidad a la empresa de la familia Pinochet.
En 2023 las ventas de fertilizantes, yodo, potasio y químicos industriales representaron el 33% de las ganancias de SQM. Sin embargo, en un tema que está siendo investigado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), si SQM exporta a 353 dólares la tonelada de Potasio, los agricultores chilenos pagan 610 dólares por tonelada.
Lo que no causo interés en los asesores de Codelco si genera dudas en las comunidades indígenas. La comunidad de Coyo presentó un recurso de protección ante los tribunales de Calama alegando que la Consulta se está llevando de manera arbitraria y unilateral, incluyendo el opaco tema del Potasio. En tanto, en la reunión sostenida en Camar, al momento de detallarse los montos del pago a las comunidades, un comunero levantó la mano y preguntó:
¿Se incluyen todas las ventas o sólamente el litio?
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
NOTAS:
(1) Victoria Flexer; Celso Fernando Baspineiro; Claudia Inés Galli. Lithium recovery from brines: A vital raw material for green energies with a potential environmental impact in its mining and processing. Nature Reviews Earth & Environment volume 4, 2023. pp. 149–165.
https://www.nature.com/articles/s43017-022-00387-5
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