Directorio de Ma’u Henua acusa al Gobierno de estar tras conflicto en Rapa Nui

Desde mediados de 2018 se vive un quiebre dentro de la comunidad indígena polinésica Ma’u Henua, originada dos años antes para hacerse cargo del Parque Nacional Rapa Nui. Creado en 1935, éste fue administrado por Conaf entre 1972 y 2016, para luego ser co-gestinado con la comunidad entre mediados de ese año y fines de 2017, en que la Presidenta Michelle Bachelet lo traspasó completamente a Ma’u Henua.

Considerado un hito histórico para el pueblo rapanui, así como un importante ejemplo para el resto de las etnias de Chile, esta experiencia se encuentra en un momento crítico. A partir de mayo del año pasado, un sector “disidente” de la comunidad comenzó a cuestionar al Directorio -electo en 2016 y en funciones hasta 2020-, por supuestas irregularidades financieras, poca transparencia y manejos inadecuados de los recursos.

Las acusaciones fueron escalando hasta que, en marzo de este año, la oposición eligió su propia Directiva, que logró el reconocimiento de la Conadi y de otros organismos y poderes públicos. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Valparaíso ha confirmado al Directorio original, quienes además vienen realizando auditorías y ya presentaron un recurso a la Justicia.

El Directorio de la Comunidad Indígena Ma’u Henua denuncia que el Gobierno de Chile está interfiriendo en sus asuntos internos, con el fin de que el Estado se reapropie del Parque Nacional Rapa Nui y favorecer los intereses de grandes empresarios. A continuación, reproducimos una declaración en que presentan su versión de los hechos:

Vuelve el colonialismo a Rapa Nui

Intervencionismo del Gobierno en los asuntos internos de la Comunidad Indígena Polinésica Ma’u Henua

A mediados de 2016 comenzó la creación de la comunidad indígena polinésica Ma’u Henua, cuyo propósito fue asumir directamente la administración del Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), patrimonio arqueológico y cultural del pueblo rapanui. Esta conquista es el resultado de las luchas por la restitución territorial que por más de 130 años han llevado adelante los habitantes originales de la mundialmente famosa “Isla de Pascua”. En este proceso reivindicativo, cabe destacar, durante las últimas tres décadas, el aporte precursor del “Parlamento”, organización de autogobierno creada en los años 90.

En un comienzo, si bien la comunidad Ma’u Henua tuvo apoyo institucional (de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua –Codeipa– y del Ministerio de Bienes Nacionales) no contaba con recursos económicos. En este contexto, fue el mismo precursor, Camilo Rapu, y su directorio -conformado por Tavake Hurtado Atan, Marco Tuki Hito, Kerematina Tepano Haoa, Lavinia Pate Tuki y Sergio Manuheuroroa Teave-, quienes financiaron la fundación de esta organización, con el apoyo de sus familias y en el espíritu de cumplir el anhelado sueño de la administración propia. La entrega que realizó el Gobierno de Michelle Bachelet, no fue fácil; no contó con recursos físicos y monetarios para comenzar las operaciones de administración.

No obstante, al cabo del primer mes, Ma’u Henua había duplicado la venta de tickets del parque. Y, a contar del primer año, ya recaudaba 4.000 millones de pesos, con cerca de 119.600 tickets vendidos en 2018. Antes, Conaf lograba 900 millones en utilidades, los cuales eran distribuidos a lo largo de los parques del país. Solo 200 retornaban a la isla si Conaf local desarrollaba proyectos de inversión en el interior del parque nacional. El año 2017 alrededor de 187 millones fueron entregados solo en ayudas sociales.

En cambio, hoy en día los casi 4.300 millones quedan en la isla para la administración (contrataciones, proyectos de infraestructura, entre otros). Los ingresos se han reinvertido también en mejoras notables en el Parque, tales como cierres perimetrales, mejora de las casetas, incorporación de iniciativas sustentables (paneles solares, ecobaños, biodigestores, recolección de aguas lluvias) y el resguardo de 25 sitios en todo el Parque –a diferencia de lo que ocurrido durante la administración de Conaf, en que sólo había cinco sitios resguardados–, a lo que se debe adicionar el generar las condiciones de seguridad e higiene dignas para los funcionarios.

Esta transformación produjo cerca de 21 sitios nuevos en el parque Rapa Nui y más de 300 empleos, en los cuales el 99% corresponde a jóvenes rapanui; comenzaron las capacitaciones para los muto’i (guarda parques): atención al turismo, primeros auxilios, atención a visitantes, entregando herramientas a miembros de la comunidad, integrándolos en el ámbito laboral. En contraste, Conaf contaba con sólo 15 guarda parques.

El éxito de la administración de este directorio se supo no solo en Rapa Nui, sino que en el continente (ver nota de TVN), y en especial en los otros pueblos originarios que ven en esta experiencia una oportunidad para su propio desarrollo. Por ejemplo, el pueblo Licanantay, del cual los rapanui aprendieron sobre el co-manejo, quiere conocer cómo la isla lo ha conseguido. También se logró la incorporación al Winta, organización de turismo indígena mundial -quienes reconocieron a Ma’u Henua como un ejemplo único en el mundo-, y a la ITB de Berlín, la feria de turismo más grande del planeta.

ORIGEN DEL CONFLICTO

La gran transformación que esto provocó en la vida social, económica y política fue inesperada; incluso superó las expectativas de sus precursores. El alto éxito de esta experiencia única en el mundo, generó rápidamente controversias e intereses en los actores locales y del continente; es aquí donde radica el origen del conflicto.

En este escenario, se hace muy difícil dar satisfacción a todas las expectativas de la comunidad indígena. Se producen desconfianzas y descontento de parte de las autoridades locales y algunos comuneros. El primero en presentarse insatisfecho es el actual alcalde, Petero Edmunds, debido a que la administración del parque no le fue entregada al Municipio.

Paralelamente, la organización de representantes de clanes –Honui- (encargada de fiscalizar el funcionamiento de la comunidad) sufrió una fragmentación, debido a un problema proveniente de la “autoelección” de representantes; es decir, hay 36 familias o clanes reconocidos y existen más de 45 representantes si se suman ambas facciones.

Por otra parte, desde mediados de 2018, la “disidencia” organizó siete elecciones “autoconvocadas” que no cumplieron con los estatutos; se dejó fuera a los integrantes del directorio legítimo y no alcanzaron los quorum requeridos por los estatutos.

Por su parte, el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su ministro y representante local, impulsó una campaña de presiones para que Camilo Rapu modificara el contrato de concesión a favor del ingreso de instituciones del Estado, algo que el dirigente no aceptó porque atenta contra la autonomía del pueblo rapanui. Esto, en la búsqueda que tiene el Estado de otorgar mayores atribuciones a sí mismo en la administración del parque, y subsanar lo que para ellos es un error del gobierno anterior.

De este punto de vista, el Gobierno se beneficia con el conflicto, porque instaura la visión del Estado paternalista que soluciona el problema dentro de esta comunidad indígena que no logra entrar en acuerdo. Una realidad ficticia, ya que la oposición a la actual administración solo representa al 25% de los socios de la comunidad; la mayoría está conforme con la actual gestión.

A falta de otro diagnóstico de la problemática política actual en Rapa Nui, la comunidad indígena se plantea lo siguiente: ‘La industria del turismo y su alto crecimiento han provocado un fuerte desarrollo económico y diferenciación social al interior de la etnia rapanui, diferente al imaginario de “la comunidad” que prevalece en los discursos. Este proceso de diferenciación ha incubado disputas y tensiones, las que tienen en común rivalidades por el acaparamiento de oportunidades, redes y recursos producidos por esta industria. Llegamos a un momento en el cual el sistema social parece un cuerpo invertebrado, sumado al sistema político obsoleto; un tipo de abandono parcial estatal y el establecimiento de caudillos locales, dando espacio a la crisis de autoridad política que se vive en Rapa Nui. En donde la intervención del Estado (Gobierno actual) es poco oportuna, generando un incentivo a la conflictividad, actuando de manera colonial en los asuntos internos de los rapanui.’

LOS HECHOS DE 2019

El primer antecedente de esta controversia se produjo el 21 de febrero de 2019, cuando Fernando Sáenz, director(s) de Conadi a nivel nacional, mediante el memorándum Nº 135, declara, según la ley indígena Nº 19.253, no tener injerencia en los asuntos internos de la comunidad, por lo que no puede intervenir. Esta declaración se contradice con lo que, más adelante, realizará la Conadi, la cual tomará partido por la facción “opositora”.

El 12 de marzo se realizó la última elección de los “disidentes”, obteniendo alrededor de 300 participantes, insuficiente para lo que exige el estatuto, que define como mínimo la participación de dos tercios de los socios, que en total son alrededor de 2.100 comuneros. Se constituye un directorio “alternativo” encabezado por Nancy Rivera.

Un mes más tarde, miembros de la oposición viajaron a Santiago y Temuco para lograr, a través de contactos políticos y de la ayuda de algunos medios de prensa, que Conadi emitiera un certificado que reconoce a la directiva disidente como la oficial.

El 29 de marzo bloquean las cuentas bancarias Santander y BancoEstado con gestiones ocultas, realizadas en Santiago.

El 1 de abril los trabajadores van a realizar su cobro de sueldo y se les informa que las cuentas están bloqueadas.

El día 3 de abril Conadi emite el certificado electrónico con el directorio de Nancy Rivera.

El día 4 de abril existe un intento de toma del Parque de parte de esta facción.

El día 5 de abril se convoca a la reunión de Codeipa a los honui de Ma’u Henua, Gobernación y Conadi, donde se reconoce la vigencia del actual directorio. A las cuatro de la tarde aparece el jefe provincial de Conadi, Sergio Tepano, y anuncia en esta mesa la validez del directorio de Camilo Rapu. Ese mismo día, a las tres de la tarde, el certificado es cambiado apresuradamente, lo que queda en evidencia en los errores del mismo en su versión digital.

El 6 de abril se presentan, en los tribunales de Valparaíso, recursos de protección contra Nancy Rivera y el directorio de Conadi, por intervencionismo.

Entre el 8 y 9 de abril, el directorio “disidente” es recibido por el alcalde Petero Edmunds en el Municipio, y por Codeipa y el Consejo de Ancianos, en las instalaciones de la Gobernación, con lo que intentan validarse ante la opinión pública (ver nota de prensa). Como respuesta, estibadores se tomaron el muelle de carga y descarga de la isla, en apoyo a la directiva presidida por Rapu y como protesta por lo que calificaron como “intervencionismo” por parte de la Conadi.

El 11 de abril, el consejero Rafael Tuki de Conadi impugna al director nacional de Conadi en el consejo nacional por “intervencionismo”, realizando una serie de publicaciones en los medio sobre este caso (ver entrevista en CNN Chile).

El 12 de abril, los partidarios de la directiva legítima realizan una marcha de unas 300 personas frente a la Gobernación, en la cual se entrega una carta dirigida al Presidente de la República (foto de portada).

El 13 de abril, el grupo “disidente” intentó tomarse la sala multiuso. Luego de siete horas negociación, el lugar quedó bajo la administración de Carabineros.

El 15 de abril la facción opositora se instala al frente de la boletería del parque. Nancy Rivera, con apoyo de la Gobernación, declara la entrada liberada, lo que produce un nivel más alto de tensión. No obstante, se sigue cobrando el ticket. Esta campaña buscó desestabilizar la economía del parque, afectando intencionalmente a los trabajadores, en la búsqueda de que estos cesen en el apoyo del actual directorio. Nancy Rivera promete pagos a finales de mes para todos los trabajadores que apoyen a este nuevo directorio.

Esto no se concreta ya que el Tribunal Electoral de Valparaíso emite una resolución dando el reconocimiento de que el directorio liderado por Nancy Rivera es ilegítimo; ninguna elección cumplió con los procedimientos que corresponden y de esta manera se reconoce como oficial el directorio que encabeza Camilo Rapu. Sin embargo, Conadi aún no actualiza con la misma rapidez que lo anterior el certificado de inscripción del directorio, demostrando con otra prueba más la verdadera intervención del Estado.

El 22 de abril, sale la sentencia del Tribunal Electoral (TER) de Valparaíso que invalida la elección del supuesto directorio de Nancy Rivera, dejando esto en un empate y a dos instituciones del Estado en pugna: por una parte, Conadi, instrumento político del Gobierno para modificar al directorio y, por la otra, el Tribunal Electoral, una institución seria que invalida dicha elección, dejando esto en foja cero.

El 23 de abril comienza la regularización de la situación en Conadi, bancos y Gobernación, para rectificar al directorio legítimo. Pero las instituciones del Estado han intervenido para detener este proceso.

CONCLUSIONES

En síntesis, tenemos un aprovechamiento-intervención de parte de las instituciones gubernamentales, Municipalidad de Isla de Pascua, Gobernación y Codeipa, que han actuado en coordinación con Conadi y el Ministerio de Bienes Nacionales, para aprovecharse de las diferencias entre los comuneros y así provocar una situación de crisis e intervenir el contrato de concesión de 50 años, aprovechándose de un grupo de rapanuis para conseguir esto. Seguramente la presidenta de la directiva no legítima da las garantías que el Estado necesita para intervenir, modificar y obtener derechos sobre el parque que pertenece a los rapanui.

El gran pecado de la administración actual es haber tenido una gestión exitosa, que quintuplicó los ingresos del parque, que da 270 empleos, que modernizó las instalaciones y que generó un programa de administración a 20 años. Esta situación alertó a los empresarios nacionales e internacionales que ven en este hecho un problema para sus intereses. ¿Por qué a la comunidad indígena es la única organización en Rapa Nui que se le exige hacer cuentas públicas?; ninguna otra institución las ha realizado hasta ahora. Además de una ausencia sostenida del Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se va exigir boletas y facturas en una institucionalidad que libera del pago de impuesto a este territorio? No existe un SII en Rapa Nui.

El Gobierno está instando a la conflictividad con su inoportuna intervención, o como dijo Rafael Tuki: “hay un golpe de Estado en marcha para quitar el parque a los rapanui y devolverlo al Estado”. ¿Es posible que el Gobierno no reconozca la sentencia del Tribunal Electoral y detenga el proceso legítimo de administración de Ma’u Henua para conseguir su objetivo final, volver a tener participación en las oportunidades, recursos e ingresos que genera la exitosa administración del PNRN? ¿Vuelve el colonialismo a Rapa Nui con la intervención del Gobierno en los asuntos internos de la Comunidad Indígena Polinésica Ma’u Henua?

Directorio Comunidad Indígena Polinésica MA’U HENUA