ONG asegura que secuestro de líderes garífunas en Honduras devela negligencia del Estado

Global Witness denuncia la grave situación que viven los pueblos originarios en el país centroamericano y la incapacidad de los entes gubernamentales en resguardarlos

La organización internacional Global Witness afirmó que el secuestro de cinco líderes garífunas en Honduras evidencia la incapacidad del Estado para proteger a los defensores de los derechos de los pueblos originarios.

«La violencia en este caso es un claro ejemplo de lo que sucede cuando las políticas estatales fallan en proteger a las personas que forman parte de las comunidades indígenas, cuando éstas exigen sus derechos y resisten desde sus territorios ante negocios irresponsables o intereses poderosos», denunció Global Witness en un comunicado.

Varios miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz fueron secuestrados el pasado 18 de julio por desconocidos con indumentaria policial, y desde entonces se desconoce su paradero.

En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares ordenando al Estado de Honduras garantizar la protección de los garífunas.

«Las comunidades indígenas son quienes lideran la lucha climática; estos ataques demuestran que, en vez de avanzar hacia la garantía de sus derechos, los Estados están fallando de manera flagrante a quienes protegen a nuestro planeta», afirmó Ben Leather, investigador principal de Global Witness.

Leather agregó que el actual contexto de pandemia global propicia atropellos como los cometidos contra el pueblo garífuna, ya que las cuarentenas obligatorias exponen a las personas defensoras de derechos humanos y ambientales a mayores riesgos de ataques.

Global Witness, ONG dedicada a exponer los casos de corrupción y violación de derechos humanos para la explotación de recursos naturales, constató en un reciente informe que Honduras se destaca entre los países más peligrosos para la defensa de la tierra y el medioambiente.

Según la investigación, el país registró la mayor tasa de asesinatos per cápita en 2019, un año en el que se denunciaron 212 agresiones en contra de activistas que resisten para mitigar las consecuencias de la crisis climática.

«Hemos trabajado durante años con las comunidades garífunas, documentando la violencia que han enfrentado por defender sus derechos; y el Estado, por su parte, no ha cumplido con su responsabilidad hacia quienes se alzan para proteger la tierra y el medioambiente», acotó Leather.

De acuerdo con el relato de testigos, el pasado 18 de julio individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones se llevaron de sus casas a los activistas Alberth Centeno, Suami Mejía, Gerardo Rochez, Milton Martínez y Junior Rafael Juárez.

«De comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada», advirtió Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, quien afirmó que eso significaría una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune.

Centeno, uno de los secuestrados, preside el patronato costero de Triunfo de la Cruz, comunidad que en 2015 ganó una demanda en la CIDH que obligó al Estado de Honduras a otorgarle a esta etnia afrocaribeña un título de propiedad colectiva sobre los territorios donde viven.

La CIDH comprobó que el Estado pretendía despojar a los garífunas de sus tierras para propiciar la construcción de grandes proyectos turísticos en ese paraje natural, y que todavía incumple sus obligaciones de delimitar y demarcar cientos de hectáreas conferidas a la comunidad.

Cortesía de Sputnik

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