Pedir perdón al pueblo mapuche, un gesto insuficiente del Estado chileno

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los errores y horrores cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado insuficiente por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en La Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, ya que uno de los peores episodios sucedió el 14 de junio cuando carabineros lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los menores de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el 27 de junio un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de La Araucanía en cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico.

Esto de pedir perdón y reconocer que hubo errores y sobre todo horrores es importante, declaró Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración el 23 de junio de la mandataria socialista.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión el Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de La Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores, creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenía antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

Por su parte, la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de diálogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la Ley Antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Por otro lado, comuneros mapuche han sido detenidos y procesados bajo la Ley Antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y aún vigente, que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También existen aymarás, atacameños, quechuas, rapa nui, mientras aparecen sin población los alacalufes, onas y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón. Si no va acompañada de reparación justa”.

Bresciani cree, asimismo, que habría diálogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese diálogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su Plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el diálogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo. Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión trae más violencia”, dijo Pinto, quien además obtuvo el Premio Nacional de Historia en 2012.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región (…) necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato) debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

Por su parte el misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en La Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral.

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapudungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobdryaeiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo y que difícilmente podrá concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras.

Por Orlando Milesi, IPS.