FARC-EP retoman la lucha armada: «No cesa la matazón» contra indígenas y líderes sociales

Desde tempranas horas de este jueves 29 de agosto, la noticia que retumbó en los medios fue el retorno a las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), luego de que una facción del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) -liderada por los exsenadores Iván Márquez y Jesús Santrich- asumiera la clandestinidad, tras ser perseguidos por el Estado y denunciar la traición -por parte del Gobierno de Iván Duque- al acuerdo de paz suscrito en La Habana, Cuba.

El regreso a la insurgencia y a la lucha contra la oligarquía enquistada en el Poder Político y en el Estado colombiano la asume la renovada FARC-EP, como un sinónimo de lucha que busca un cambio trascendental en el país, para lograr una transición hacia un nuevo gobierno que permita la contrucción de «un nuevo orden social justo».

Así lo explica, en un video de 36 minutos difundido por las FARC-EP, el guerrillero Iván Márquez, quien hasta hace poco fue senador del partido FARC y que actuó como uno de los negociadores del acuerdo de paz suscrito en Cuba el 26 de septiembre de 2016.

Para los nuevos miembros de las FARC-EP, el fracaso del acuerdo que sufrió la paz de Colombia está en manos de los sectores de la ultraderecha colombiana como el Centro Democrático y otros vinculados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente Iván Duque y los responsables de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, pues fueron quienes «comandaron la inexcusable derrota de la paz».

«Esta insurgencia no se levanta de las cenizas», advierte Márquez, quien sostiene que ahora las FARC-EP «volará para abrazar, con la fuerza del amor, los sueños de la vida digna que suspira la gente de bien, la gente del común».

Para tal fin, agrega, que se unirán y buscarán coordinar esfuerzos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y todos «los compañeros que no han plegado sus banderas de lucha», con el objetivo de conseguir un cambio y la salida definitiva de la oligarquía que tiene sometido al pueblo colombiano a miseria y violencia.

El Estado conocerá una «nueva modalidad operativa»

En su mensaje, Márquez también sostiene que la oligarquía inserta en el Palacio de Nariño y en el Estado, de ahora en adelante va a conocer «una nueva modalidad operativa» para la lucha. «No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clases».

Márquez apuntó que dentro del propio Gobierno y el Estado colombiano, hay militares y policías que anhelan la paz del país y simpatizan con las luchas históricas de «la gente del común», que sólo quiere la «construcción de un nuevo orden social justo».

«Vemos que la gran mayoría se distancia de ser cipayos de Washington en una guerra contra Venezuela», precisa Márquez, quien alega que la gran mayoría de los colombianos quieren es paz y la paz de los países vecinos.

«Queremos un Gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que condene la opresión, la anarquía (…) estamos en la lucha constante por los cambios para lograr la paz con justicia social y soberanía, para establecer un gobierno alternativo que salve al país, donde haya alimento, empleo, agua, techo, educación, vías, conectividad, democracia, sólo así daremos sentido a la vida», subrayó.

Márquez acotó que desde la guerrilla combatirán el fracking implementado actualmente por el Gobierno de Duque, que causa enormes daños a las aguas subterráneas del país y al medio ambiente.

En su discurso, el grupo guerrillero resaltó que tras la firma del acuerdo en La Habana y el «desarme ingenuo» «a cambio de nada», no ha cesado «la matazón» contra lideres sociales y combatientes revolucionarios.

«En dos años, más de 500 líderes, 150 del movimiento social, han sido asesinados y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado. Cuando firmamos el acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y desposeídos, pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente la de evitar su asesinato por razones políticas».

«Todo esto: la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento del compromiso por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente, por eso la lucha continúa», agregó el mensaje difundido por Márquez junto al cuerpo de combatientes.

Obligados a retomar las armas

Las FARC-EP argumentan en su mensaje a la colectividad mundial que su postura será entendida por la traición del Estado y en ese sentido, «la historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas».

«El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo, pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ella por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua».

Seguidamente, tras tomar el poder, el presidente Iván Duque envió un mensaje que ponía en jaque la paz, pues «sin inmutarse» dijo que no estaba obligado a cumplir el acuerdo suscrito por su antecesor, Santos, en un claro acto de desconocimiento a la democracia y a la legitimidad del Estado.

«¿Quiénes son Duque y el Centro Democrático para desconocer al Estado? El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la comunidad internacional ni de su propio pueblo. Estuvimos cerca de poner fin -a través del diálogo- al más largo conflicto del hemisferio, pero fracasamos porque el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones, el pacta sunt servanda y la buena fe. Logrado lo que querían, que era la entrega de las armas, concientemente hicieron trizas el acuerdo de paz desplazando -como dicen los uribistas- ‘ese maldito papel'», relató Márquez.

El jefe guerrillero también resaltó que todos los involucrados al uribismo y la extrema derecha santanderiana «serán señalados con el dedo de la ignominia de los ojos de la historia» como los traidores de la paz que tanto anhelan los colombianos.

FARC-EP quiere liberar al pueblo de la «maldición del santanderismo»

Para el grupo insurgente es fundamental que en el Palacio de Nariño -sede del Ejecutivo colombiano- «debe haber un nuevo gobierno colocado por una gran coalición de fuerzas de la vida, de justicia social y democracia, que convoque a un nuevo diálogo de paz, que corrija y encadene a la perfidia y la mala fe, que involucre a las fuerzas guerrilleras y a todos los sectores armados para que podamos fundar una paz definitiva, estable y duradera, sellada con el compromiso del colectivo del nunca más».

Sólo así, resaltan las FARC-EP, se logrará «retirar las armas de la política» y colocarlas «lejos de su uso»; pues se daría el fin definitivo a la oligarquía que enarbola el «santanderismo» en detrimento del «bolivarianismo».

«No más santanderismo, sino nos liberamos de la maldición del santanderismo, no habrá paz«, resalta el cuerpo combatiente, que considera a Santander como un «falso héroe nacional» que «no tenía cara sino careta», que se traduce en «el triunfo del pícaro sobre el hombre honrado», que fue el mismo que planeó el asesinato y traición al Libertador Simón Bolívar y al Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que le entregó la soberanía grancolombiana a Estados Unidos y a las élites que hasta hoy dominan la oligarquía colombiana.

Para ello, las FARC-EP consideran que sólo el pueblo tiene la capacidad de «levantar de las ruinas esta República», pues «es el verdadero soberano».

«La fuerza del pueblo está en la unidad, la potencia transformadora, unidad y conciencia de todas las fuerzas que confluyen en el anhelo de la patria nueva, y para eso no debemos dejarnos llevar por los guerreristas y tiranos (…) debemos lograr un gobierno de transición, un gobierno amoroso de sus ciudadanos, respetuoso de sus vecinos, un gobierno que haga la felicidad del pueblo».

Ese modelo de Gobierno -que enarbola las FARC-EP- debe luchar por «la educación gratuita y de calidad en todos los niveles como la primera necesidad de la República, por una política internacional de paz que retome la idea de Bolívar de conformar en este hemisferio una gran nación de Repúblicas hermanas que garantice nuestra independencia y libertad, un nuevo orden que al proclamar la soberanía patria, proscriba la extradición de nacionales, el libre albedrío de las multinacionales y la presencia de bases militares extranjeras en el territorio».

Contra la paz y la crisis humanitaria

Es ampliamente conocido que Colombia sufre desde hace más de medio siglo una crisis humanitaria sin precedentes, en la que predomina la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y una innumerable cantidad de delitos de lesa humanidad.

Un actor de ese terrorismo de Estado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se ha convertido en uno de los principales interesados en acabar con el proceso de paz en Colombia y en concretar la extraditación a Estados Unidos de los guerrilleros, como el caso de Jesús Santrich.

Uribe, creador de los falsos positivos en Colombia, promotor de los grupos paramilitares y estrechamente vinculado a los negocios del narcotráfico que han convertido a ese país mayor productor y exportador de cocaína del mundo, representa en la actualidad el ala más radical contra la paz del pueblo colombiano, al punto de ser sinónimo de sicariato, violencia y desolación.

Ese escenario de miedo impregna a millones de colombianos que no quieren dejar atrás el proceso de paz y que lo identifican como el gran ganador en la derrota que ha tenido el proceso de paz en la nación neogranadina.

Al respecto, el expresidente colombiano y exsecretario de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), Ernesto Samper, destacó que «el factor detonante» para que los miembros de las FARC-EP volvieran a tomar su lucha armada, fue precisamente el maltrato del Estado al acuerdo de paz, específicamente al caso de senador Jesús Santrich.

Santrich, quien fue negociador de los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano en La Habana, fue perseguido por el Gobierno de Iván Duque, quien pretendía extraditarlo a Estados Unidos al vincularlo a un supuesto caso de narcotráfico.

Samper acotó que dos de los principales responsables de la conformación de la nueva FARC-EP, liderada por Iván Márquez y Jesús Santrich, son el presidente Duque y el que fuera Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien renunció al cargo luego que no se aprobara la extradición del líder guerrillero y para entonces senador del partido FARC, denominación política que asumieron los combatientes tras firmar el acuerdo de paz en Cuba.

«El factor detonante de la nueva guerrilla fue el tratamiento que le dieron las autoridades al caso Santrich, empezando por el presidente de la República y el entonces Fiscal General, que convirtieron su extradicion en un caso político y minó la confianza en lo pactado en La Habana», tuiteó Samper.

El partido FARC se deslinda del Ejército del Pueblo (EP)

Por su parte, el presidente del partido FARC, el exguerrillero Rodrigo Londoño alias «Timoshenko», dijo sentir «preocupación» por lo sucedido y pidio disculpas por el retorno de las FARC-EP.

En ese sentido y distanciándose de la posición asumida por sus excompañeros guerrilleros y de partido, dejó claro que la postura del partido FARC es negociar con el Gobierno de Duque y unirse a él.

«Las cosas se han definido y necesitamos unirnos con el Gobierno, con el presidente Duque, para no darles munición a quienes quieran hacerle daño al proceso. Es una vergüenza (…) yo pido disculpas, ese no ha sido el talante de los farianos, una cosa que nos enseñó Marulanda fue cumplir la palabra», acotó.

Londoño aseguró que su posición es clara: «Aquí si naufragamos naufragamos todos, yo no me voy a bajar de este barco», resaltó, no sin antes decir a los medios colombianos que el había planteado que Jesús Santrich no fuera parte de la dirección del partido FARC, pero la mayoría opinaba lo contrario.

El exguerrillero también dijo -según él- que aún el proceso de paz en Colombia está vigente y se debe trabajar para no dañarlo.

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