¿Argentina a punto de un estallido? El pedido de condena contra Cristina Fernández de Kirchner exacerba la polarización

El pedido de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso de los bienes de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tensó el clima político e incrementó la polarización del país sudamericano.

La víspera, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a la expresidenta de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado por un monto de 1.000 millones de dólares.

El alegato fue celebrado de inmediato por  la oposición partidaria y mediática, que dio por probada la culpabilidad de la exmandataria, mientras que el oficialismo la defendió y aseguró que es víctima de una persecución judicial (‘lawfare’) porque no hay pruebas de los delitos que le imputan.

«Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa», fue la primera reacción de Fernández de Kirchner, luego de que el tribunal rechazara su petición para ampliar su declaración indagatoria.

Después de que le impidieran hablar formalmente en el proceso, la vicepresidenta anunció que entonces este martes emitiría un mensaje a través de sus redes sociales, lo que desató una fuerte expectativa, ya que se esperan duras críticas al Poder Judicial.

El debate público a favor y en contra de Fernández de Kirchner, una figura que suele despertar amores y odios, se intensificó.

Antagonismos en la política argentina

El presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional, gobernadores, intendentes, senadores, diputados y militantes peronistas salieron a respaldarla, en una muestra de unidad que el oficialismo no tenía desde hace tiempo.

Incluso compararon su caso con el del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado, pero luego quedó libre al comprobarse que el caso en su contra había sido armado para proscribirlo. Hoy, es el candidato que encabeza las encuestas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 2 de octubre.

La polarización, que es permanente en las redes sociales, se replicó de manera física en la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, a donde primero llegaron varios grupos de personas para celebrar el pedido de condena en su contra, pero luego fueron desplazados por los miles de simpatizantes que acudieron a apoyarla al grito de «¡Todos con Cristina!» y «¡Cristina no se toca!».

En medio de la tensión, la Policía de la capital, que es gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, opositor al peronismo, reprimió a los seguidores de la vicepresidenta.

«Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas», acusó la vicepresidenta.

En respuesta, el jefe de Gobierno le advirtió que no «engendrara más violencia».

Sin embargo, para ese momento, Francisco Sánchez, diputado de la alianza que encabezan Macri y Rodríguez Larreta, ya había pedido incluso la «pena de muerte» contra Fernández de Kirchner, pero nadie de su espacio salió a criticarlo o a despegarse de la propuesta.

¿Justicia partidaria en Argentina?

Los políticos y medios antiperonistas, en tanto, trataron de darle un tono épico al pedido de los fiscales y compararon su alegato con el histórico «Nunca más» que pronunció Julio César Strassera en 1986, cuando se realizó el juicio que condenó a las cúpulas de las juntas militares que encabezaron la última dictadura argentina (1976-1983).

La diferencia, sin embargo, es que las condenas a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad sí tienen un amplio consenso social. 

Por el contrario, el pedido de condena e inhabilitación contra Fernández de Kirchner es cuestionado por un amplio sector de la sociedad, debido a la parcialidad manifesta de gran parte del Poder Judicial que suele actuar por intereses políticos, tal y como actuó Sergio Moro, el fiscal que impulsó las condenas contra Lula y luego se sumó al gabinete de Jair Bolsonaro. 

En este caso, por ejemplo, se demostró que Luciani, uno de los fiscales que pidió la condena de la vicepresidenta, y Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal que la juzga, jugaban juntos al futbol en una de las canchas de la casa del expresidente Macri.

Respaldo a Cristina

La discusión ya tuvo repercusión internacional debido al apoyo que diversas personalidades le han manifestado a Fernández de Kirchner, entre ellos los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; Colombia, Ernesto Samper; y Ecuador, Rafael Correa; y el excandidato presidencial de Francia, Jean Luc Mélenchon.

«Como habíamos advertido, la hermana (Cristina) es víctima de un ataque inclemente de ‘lawfare’, o guerra política que usa a la justicia como arma, para inhabilitarla. Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al juez Moro. ¡Fuerza hermana Cristina!», escribió Morales.

Samper también aludió a un ‘lawfare’ al asegurar que «movieron con extraña rapidez un proceso judicial que no la vincula, pasando por encima del debido proceso y que busca impedirle presentarse en las próximas elecciones: toda una farsa«.

Mélenchon, por su parte, se solidarizó con Fernández de Kirchner. «El uso de la justicia para el ajuste de cuentas político continúa en todo el mundo», lamentó.

Correa, en tanto, reposteó los carteles que convocan a protestar «contra la persecución política, mediática y judicial» de la vicepresidenta argentina.

¿Qué dijo Cristina?

La vicepresidenta de Argentina denunció este martes que las acusaciones en su contra y el pedido de prisión, inhabilitación y decomiso de sus bienes solo responden a una persecución judicial, ya que no hay prueba alguna de las imputaciones.

«Es una feroz campaña política y mediática», aseguró la expresidenta en un mensaje que se transmitió en vivo desde el Senado, y en el que aseguró que el juicio comenzó con «una ficción» a partir de «un guión falso y bastante malo».

«Este no es un juicio a Cristina Fernández de Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares a los que peleamos por la memoria, verdad, la justicia», afirmó al explicar que lo que se busca es disciplinar a los dirigentes políticos para que no combatan a los poderes empresariales y mediáticos.

También aseguró que, cuando dijo que ya tenían la sentencia escrita de antemano, se quedó «corta», porque en realidad todo el caso demuestra las falencias de un sistema judicial afín al expresidente Mauricio Macri, que actúa con intereses partidistas y que solo busca proscribirla.

Recordó, por ejemplo, que el macrismo acosó e hizo renunciar a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y montó un sistema de espionaje masivo e ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además, Fabián Rodríguez, el exasesor judicial de Macri, se encuentra con orden de captura internacional.

«Rodríguez es el único político prófugo y no es peronista, es de ustedes, los macristas. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos excarcelaron. Nos quedamos acá en la Argentina a dar cuenta. Ustedes huyen ante la primera citación», subrayó. 

¿Persecución de la justicia argentina?

Consideró, además, que el proceso es «una farsa» que va más allá del «lawfare» (persecución judicial) que ha habido en Bolivia, Brasil o Ecuador, ya que no solo se trata de estigmatizar a los dirigentes progresistas.

«Se trata de confundir a gobierno populares con asociaciones ilcitas, protegen a los que verdaderamente robaron en el país. El partido judicial no solo nos va a imputar a nosotros, los protege a ellos [los macristas]», dijo.

La víspera, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a la expresidenta de haber encabezado junto con su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, una asociación ilícita que defraudó al Estado por un monto de 1.000 millones de dólares al direccionar las obras públicas de vialidad de la provincia de Santa Cruz a un solo empresario, Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner.

Junto con ella están acusados otros 12 empresarios y exfuncionarios. Todos podrán ofrecer sus últimas declaraciones en las próximas semanas, y se prevé que el tribunal dará a conocer su sentencia a más tardar en diciembre.

El lunes, los fiscales pidieron una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de los bienes de la vicepresidenta, lo que tensó el clima político e incrementó la polarización del país sudamericano, ya que la oposición da por probada la culpablidad y el oficialismo, su inocencia.

Mientras los fiscales argumentaban, la exmandataria sorprendió al solicitar al tribunal que se le permitiera ampliar su declaración indagatoria, ya que en la acusación se presentaron pruebas a las que ni ella ni sus abogados habían tenido acceso, lo que viola su derecho a la defensa.

Como el tribunal rechazó su pedido, Fernández de Kirchner decidió emitir un mensaje en vivo que este martes se transformó en el principal punto de la agenda política y que fue seguido por decenas de miles de personas.

Nuevas pruebas

A lo largo de una exposición que duró 90 minutos, la vicepresidenta presentó testimonios, documentos, llamadas y mensajes que contradicen a los fiscales, y que demostrarían los vínculos de varios de los imputados con empresarios o funcionarios del macrismo, que jamás fueron ni siquiera mencionados durante el proceso.

Otro eje del discurso fue la complicidad mediática de la prensa tradicional y antiperonista que investiga o maneja con doble estándar los casos judiciales para proteger al macrismo.

Como ejemplo, citó el caso de José López, el exsecretario de Obra Pública de Argentina que en 2016 protagonizó uno de los escándalos más importantes de corrupción de este país, cuando se transmitieron videos en los que se le veía llevando bolsos con millones de dólares en efectivo a un convento.

López ya fue condenado por ese caso y, además, está imputado en el juicio actual contra Fernández de Kirchner, quien dio a conocer transcripciones de la cercanía del exsecretario con Nicolás Caputo, un empresario al que Macri consideraba su «hermano», y que nunca fue llamado ni siquiera para declarar.

«Nunca investigaron el origen de los fondos de los bolsos de José López porque era de ustedes, los macristas», señaló.

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