El 14 de octubre de 2020, el Pleno de la Corte Suprema se reunió para recibir el juramento de su nueva integrante, la ministra Adelita Ravanales Arriagada, quien ocupó la vacante del exministro, Hugo Dolmestch. Sin embargo, la figura de Ravanales fue muy cuestionada debido a su cercanía con Carabineros de Chile, al impartir clases durante 20 años, participando en causas con uniformados activos o en retiro involucrados. Incluso, actuó en resoluciones del Pacogate -como lo reveló un reportaje de Interferencia-. Además, de ser ministra de la Corte de Apelaciones desde el 2007 hasta el 2020, según se lee en su curriculum vitae y en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
No obstante, un antecedente llama la atención, y es que está casada desde abril de 2002 con el exmilitar Luis Federico Werner Medina, administrador del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y quien asumió el cargo el 1 de febrero de 2018, tras ser ratificado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago -de la época-, Mauricio Silva. Según la Transparencia Activa del Poder Judicial, Werner posee un sueldo de $5.999.489.
Por lo tanto, se puede confirmar que Werner fue nombrado administrador cuando Ravanales -su esposa-, era ministra de la Corte de Apelaciones, y no relatora de la Corte Suprema -versión que se ha instalado al interior del Poder Judicial-, labor que desempeñó entre el 2002 y 2007.
Lo anterior, genera alerta puesto que, dicho nombramiento infringiría las inhabilidades y prohibiciones que establece el artículo 260 inciso primero del Código Orgánico de Tribunales, y en donde «no podrán ingresar en el Escalafón Secundario (los defensores públicos, notarios, conservadores, archiveros, administradores, subadministradores y jefes de unidades de tribunales) aquellos que sean cónyuges o tengan alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones».
Respecto a esto, El Ciudadano contactó a Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, quien estaba en conocimiento del caso Ravanales, y sostuvo que a su criterio sí existe una inhabilidad en el nombramiento, lo que les parece grave ya que, efectivamente ella era cónyuge cuando su marido estaba postulando al cargo de administrador, incluso él ni siquiera debería haber estado en la terna.
-Nos parece de suma gravedad, ya que la ministra Ravanales está encabezando la Comisión para generar el Código de Ética, y esto daña las confianzas que puedan estar amparados en su persona (…) con estos antecedentes solicitaremos a la Ilustrísima Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, quien tome la responsabilidad administrativa, de que haga la investigación sumaria, sancione o tome los resguardos de trasladar al funcionario (Werner)-, dijo Acevedo.
Este medio también conversó con una fuente muy cercana al Poder Judicial de Santiago, quien corroboró la inhabilidad de Luis Werner en el cargo de administrador por ser esposo de una ministra de Corte. Además, comentó que le parecía preocupante que un exmilitar esté como administrador de tribunal, especialmente porque en ese recinto se resuelven los casos que vinculan a funcionarios policiales y/o Fuerzas Armadas.