Marcel Solá, curador del Museo del Estallido Social: “No tenemos financiamiento del Estado. Somos completamente autónomos y autogestionados”

Tras la polémica que se generó por la invitación del Ministerio de las Culturas, a visitar el Museo del Estallido Social (MES) durante el Día de los Patrimonios, el diputado UDI Juan Antonio Coloma afirmó que el gobierno de Gabriel Boric financiaba este museo.

Sin embargo, este medio conversó en exclusiva con Marcel Solá, curador del MES, quien desmintió lo dicho por el parlamentario, explicando que el museo es autogestionado y autónomo, y que los 19 millones de pesos que se adjudicaron, fueron en el contexto de un Fondo Nacional en el que participaron más museos (privados y públicos). Además, este medio confirmó que las bases de este Fondo, y su presupuesto fueron aprobados durante el gobierno de Sebastián Piñera, al igual que la apertura de postulaciones a esta convocatoria.

Por Josefa Barraza Díaz

“Invitamos a vivenciar el trabajo de memoria activa y presente en torno a la revuelta social permanente y el hito del estallido social, en el contexto del arte callejero, intervenciones artísticas y testimoniales…”, de este modo comenzaba la invitación del Ministerio de Culturas a visitar el Museo del Estallido Social (MES) -ubicado en Barrio Bellavista-, durante el Día de los Patrimonios, el que se vivió durante el fin de semana pasado.

No obstante, dicha promoción provocó rechazo entre autoridades y representantes -especialmente de derecha-, quienes catalogaron la instancia como una oda a la violencia y al odio. Por su parte, Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia -comuna donde se encuentra el MES-, afirmó que “en vez de sembrar cultura, generan odio y divisiones, siendo esto lo menos que necesitamos. Esto no es patrimonio ni lo será. Basta de romantizar la violencia y disfrazarla de cultura”.

Incluso, la senadora de Los Ríos, María José Gática, publicó en su cuenta de Twitter que el “#MuseoDelEstallidoSocial es un insulto a las #pymes destruidas y el perro #matapacos es una ofensa brutal a las familias de #carabineros asesinados. El gobierno promueve el odio y el desorden. Pdte Boric, madure, Chile necesita ser gobernado”.

Debido a las reacciones anteriores, y los cuestionamientos hacia el museo -especialmente por su temática y financiamiento-, el equipo del MES publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el que revelaron amenazas y hostigamiento.

“El Museo del Estallido Social es un proyecto autogestionado que se sostiene únicamente por medio de la colaboración voluntaria de la comunidad de usuarios que conforma este refugio de memoria activa y resistencia. No tiene ninguna dependencia orgánica del Estado (…) Hemos recibido cientos de amenazas de quienes consideran que este proyecto genera odiosidad y polarización. Lo paradojal es que son ellos quienes incitan a odiar un proyecto que nace del legítimo derecho de la ciudadanía a organizarse y construir su memoria activa contra hegemónica”, se detalla en la misiva.

El Ciudadano conversó en exclusiva con el curador del Museo del Estallido Social y licenciado en Estética y Máster en Museología, Marcel Solá, quien aprovechó esta instancia para aclarar el financiamiento del espacio y el contexto del Fondo de 19 millones de pesos, que recibieron en el año 2022 de parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural -lo que también fue foco de críticas-.

-En redes sociales se mencionó que el MES era financiado por el gobierno de Gabriel Boric, ¿esto es así? ¿Cómo es financiado el museo?

Lo primero es responder categóricamente que no tenemos financiamiento del Estado en materia de gestión y gastos operacionales. No dependemos orgánicamente del Estado, de la subdirección de museo, ni tampoco tenemos ningún vínculo de sustento desde el sector privado o sea, vale decir, somos completamente autónomos y autogestionados en ese sentido nos financiamos básicamente a partir de los aportes voluntarios que hacen las personas que visitan el museo. Esa gran comunidad de usuarios que nosotros denominamos más que audiencias o público, que es una mirada más bien descomprometida, que genera la institucionalidad respecto al vínculo con la comunidad.

Respecto a esto, Solá también precisó que el sustento económico de este museo se complementa con la venta de publicaciones y elementos de la tienda del lugar. Además, diversas colectividades generan instancias de arte y cultura para recaudar fondos, principalmente dentro del MES, pero también en otros lugares.

Lo expuesto por el curador es confirmado en la página web del museo, en donde se entrega la opción de aportar a la iniciativa, o de colaborar mediante a través de la “Tienda M.E.S Online”.

Sin embargo, la temática del MES no ha sido lo único que ha generado debate en estos últimos días, puesto que, el diputado UDI Juan Antonio Coloma -y quien también participó en la Comisión Especial Investigadora sobre los Incendios en el Metro, del 18 de octubre de 2019-, aseguró a través de su perfil de Twitter que el gobierno financia el MES, “Casi 20 millones de pesos le entregó este gobierno a un ”museo” que avala la violencia, el ataque contra Carabineros y la destrucción de los espacios públicos. Financiar a este falso museo es incitar al odio y la violencia”.

Según antecedentes que recopiló El Ciudadano, y a lo que se refirió Coloma, fue el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, el que abrió su convocatoria de manera pública el 3 de marzo de 2022 -durante el gobierno de Sebastián Piñera-, con un monto total de $1.066.690.000; postulación que era dirigida “a museos que no reciben financiamiento del Estado y que presenten un certificado de ficha actualizada emitido por el Registro de Museos de Chile al momento de postular” (confirmando lo dicho por Marcel Solá y desmintiendo lo publicado por Coloma sobre el financiamiento estatal).

Incluso, la aprobación de las bases del “Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos Convocatoria 2022” -Resolución exenta Nº 0273-, ocurrió el 2 de marzo de 2022, siendo firmado por Carlos Maillet, ex director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural -dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio-.

“Uno de los elementos estructurantes de la Política Nacional de Museos, es la creación de un Fondo para el Mejoramiento Integral de los museos que funcionan en Chile y que a la fecha no reciben aportes directos del Estado, razón por la cual se hace necesario realizar una convocatoria para el año 2022 (…) la Ley N° 21.395 de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022 ha contemplado recursos suficientes para financiar el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos correspondiente a la convocatoria del presente año 2022”, se lee en el documento resuelto durante los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera.

El presupuesto para museos de administración pública fue de $508.277.000, mientras que para los de administración privada fue de $558.410.000. De los 24 museos que recibieron recursos, el Museo del Estallido Social obtuvo el lugar 15 respecto a la cifra del presupuesto entregado, es decir, muy por debajo de los $39.000.000 entregados a otros museos.

-Según un documento del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ustedes se adjudicaron $19.813.285 en el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, ¿en qué consiste esta adjudicación? ¿No tiene relación con un financiamiento estatal?

Nosotros postulamos el año pasado (2022) a este Fondo de Mejoramiento Integral de Museos que no dependen del Estado, ni orgánicamente ni presupuestariamente. Entonces se abrió esa convocatoria que no es una cosa nueva, viene desarrollándose varios años, pero el énfasis de aquel entonces fue también apoyar varias instituciones y organizaciones que no hayan tenido un óptimo funcionamiento conforme a diversas consideraciones sanitarias durante la pandemia. Entonces, esa convocatoria fue anunciada cuando todavía estaba vigente la administración de Piñera, y nosotros postulamos. El proceso de evaluación ocurrió después.

No obstante, los presupuestos destinados para instituciones y organizaciones, por decreto ley, se aprobaron para ese año en el gobierno de Piñera, entonces esto contraviene muchos de los preceptos de las críticas infundadas que se han hecho respecto al museo.

Marcel Solá también detalla que este fondo está orientado para dos ámbitos. En el caso del MES, su postulación se enfocó en el ámbito de documentación y registro para catalogar su colección de piezas simbólicas, y mejorar la seguridad y conservación de ellas.

-¿En qué ha consistido el gasto de este Fondo?

-Los fondos que se obtuvieron se han destinado para labores de catalogación y registro de la colección. Eso implica la adquisición de un software para estandarizar los registros propios del inventario y también todas las fichas que refieren a cada una de las piezas del museo. Son cerca de 300 piezas que integran el museo y cada una se ha sistematizado a partir de entrevistas con las/los autores, y colectividades que han donado piezas de valor simbólico al museo. Por otro lado, el fondo también cubría ciertas consideraciones de seguridad. Implementamos cámaras de seguridad y también sistemas para generar gabinetes de alta seguridad para conservar piezas dentro de lo que sería un depósito. Depósito se denomina el lugar donde se guardan, digamos, piezas o bienes de interés en algún museo o galería. En este caso lo que nosotros hicimos fue implementar un depósito con sistemas de seguridad, también de control de humedad relativa y todo lo que son las consideraciones propias de un ámbito de gestión de patrimonio.

-¿El Museo del Estallido Social es patrimonio?

No se puede cuestionar bajo ningún punto de vista que lo que el museo alberga y su propósito es también desarrollar un constructo de memoria presente, memoria activa, por parte de la ciudadanía. Quienes nos organizamos para contribuir de alguna manera, a documentar, testimoniar las distintas expresiones artísticas que emanaron de la revuelta social y con eso a partir de la recopilación de diversas expresiones artísticas, condensar las diversas luchas y resistencias que se han sostenido a lo largo de estos 50 años. Entonces en ese sentido necesitamos enfatizar en el debate planteando, que desde nuestra mirada el patrimonio no es lo que se suele denominar piezas que sitúan su valor en el contexto histórico del pasado, sino que en la medida de que son elementos que tienen un impacto, un valor simbólico y que un alto sector de la sociedad le atribuye un sentido de pertenencia, de representatividad al menos de interés cultural, de valor patrimonial cultural y de valor patrimonial. Entonces, el patrimonio no nos triva su nombre únicamente en decretos, a través del Consejo de Monumentos, que hace una declaratoria formal. El patrimonio es mucho más que eso, también debe ser considerado patrimonio las expresiones de arte que responden a diversas instancias de movilización popular.

En cuanto a este debate, la antropóloga y doctora en sociología, Francisca Márquez, comenta que el estallido social en Chile quedará escrito en los anales de la historia nacional, “nos guste o no, compartamos o no los sentidos que movilizaron a miles de manifestantes, la revuelta instaló en el espacio público y la discusión política, los profundos malestares que aquejan a la sociedad chilena». Incluso, la investigadora también sostiene que nada de lo que hoy se discute políticamente, se comprende sin hacer referencia a esa gran revuelta del 2019; “de allí la importancia de recordar, de hacer memoria sobre ese momento histórico que marcó el proyecto social y político de nuestra sociedad. Hacer “como si nada hubiese ocurrido” sería negar que el país ha cambiado”.

El Ciudadano contactó al Ministerio de las Culturas para conocer su versión respecto a lo sucedido con el Museo del Estallido Social, quienes aseguraron que “ellos postularon a un Fondo, al que postulan museos públicos y privados, y cumplieron con los requisitos de la convocatoria, que ese año entregó más de mil millones a organizaciones públicas y privadas”. Además, aclararon que el Museo del Estallido Social no es uno de los museos nacionales, ni tampoco pertenece a los museos regionales y especializados del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

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