ONU revela lista de transnacionales y empresas israelíes cómplices de la ocupación palestina

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) publicó una lista de 112 empresas que trabajan en colonias israelíes levantadas ilegalmente sobre territorio palestino.

La divulgación de la lista provocó un escándalo internacional. Mientras que los palestinos la consideran como una victoria legal, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo calificó como “una verguenza”.

Las empresas, de las cuales 94 son israelíes y 18 transnacionales, operan en asentamientos ubicados en Cisjordania y Altos del Golán que son considerados ilegales por el derecho internacional.

La lista de la discordia responde a una resolución de 2016 del CDHNU que solicitaba una base de datos de las empresas que realizan actividades específicas vinculadas a las colonias israelíes en los territorios palestinos ocupados.

La realización de la lista fue objeto de enormes presiones. Un año atrás, la alta comisionada, Michelle Bachelet, fue acusada de retrasar deliberadamente su publicación y el CDHNU “se escudó en que estaba verificando de forma meticulosa las alegaciones y dando la oportunidad a las empresas de refutarlas o de rectificar”, reseñó La Vanguardia.

De hecho, inicialmente la lista incluía a más de 300 compañías y quedó reducida a apenas una tercera parte.

Asentamientos ilegales

Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este —donde se han afincado más de 600.000 israelíes en el último medio siglo— carecen de legitimidad internacional, como reiteró por última vez el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2016, al igual que las colonias construidas en los Altos del Golán, territorio ocupado desde 1967.

Cuatro años después de la resolución 2334 —aprobada poco antes de que el presidente estadounidense, Barack Obama, abandonara la Casa Blanca—, la ONU vuelve a insistir en la necesidad de diferenciar con claridad el Estado de Israel de los asentamientos.

La difusión de la lista cayó como un balde de agua fría a Tel Aviv, que plantea la anexión de las colonias de Cisjordania apoyándose en Washington, y que da luz verde a la absorción territorial por Israel del estratégico valle del Jordán.

En diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que llamó a Israel a poner fin a su política de construir asentamientos en territorios palestinos ocupados.

En total, 147 países votaron a favor del texto denominado “Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina”, siete naciones lo rechazaron y 13 se abstuvieron.

La resolución exhorta a las autoridades israelíes a terminar con la construcción de asentamientos y a retirarse de los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluido Jerusalén Oriental.

En la resolución, la ONU planteó que  los asentamientos carecen de toda legalidad y pide respetar los derechos del pueblo palestino, en específico a crear un Estado autónomo.

Incluso, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró que la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados carece de validez jurídica y constituye una flagrante violación del derecho internacional.

“Esas acciones amenazan con socavar la viabilidad de establecer un Estado palestino sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, manifestó.

Capital internacional cómplice de Israel

La lista publicada por la CDHNU  incluye a empresas que han colaborado en la construcción de los asentamientos, algunas con domicilio fiscal en Israel y otras en países como Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Tailandia y Reino Unido.  

En la lista figuran nombres famosos como Airbnb, Booking.com, el grupo Expedia, TripAdvisor, Alstom, eDreams, General Mills y Motorola Solutions. También figura uno de los grandes distribuidores estadounidenses de alimentos, General Mills.

Para ser incluidas, están empresas debieron colaborar con el suministro de equipos y materiales que facilitan la construcción y expansión de asentamientos y de la barrera israelí de Cisjordania.

También debieron haber suministrado equipos para la demolición de viviendas e inmuebles, y la destrucción de granjas, invernaderos, olivares y cultivos, o prestar servicios que contribuyen al mantenimiento y la existencia de asentamientos, incluido el transporte.

Igualmente, las compañías realizaron operaciones bancarias y financieras para desarrollar, expandir o mantener los asentamientos y sus actividades, incluidos préstamos para vivienda y negocios.

Aunque llama la atención la presencia de algunas empresas en la lista, también lo hacen algunas ausencias.

Según la organización Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), la lista debería ser mucho más extensa. Por ejemplo, aparece Shapir, constructora israelí del tren ligero solo para israelíes que debe unir las colonias con Jerusalén, mediante numerosas expropiaciones, pero no se incluye al consorcio CAF, su socio vasco.

A diferencia de BDS, la organización de colonos más importante, Yesha, condenó la existencia de la lista y consideró que el organismo de la ONU ha demostrado una vez más que “no es neutral”.

Victoria legal para Palestina

El primer ministro palestino, Mohamem Shtayyeh, consideró a la publicación de la lista “una victoria de la legalidad internacional” .

En un comunicado, exigió a las empresas incluidas en el documento que cierren de inmediato sus sedes y sucursales en los asentamientos israelíes ilegales, porque su presencia contradice a las resoluciones internacionales y de la ONU».

Advirtió que, en caso contrario, su Gobierno acudirá a instancias internacionales y demandará compensación en los tribunales por la explotación de sus tierras.

Por su parte, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Maliki, urgió a imponer a las empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes el cese de sus actividades en territorio ocupado.

“Es una victoria del derecho internacional”, proclamó, al tiempo que insistió en la necesidad de que la ONU dicte lo antes posible directrices sobre las compañías que fueron incluidas en la lista.

Israel explota contra Bachelet

La alta comisionada, Michelle Bachelet, aclaró que la lista no pretende servir por sí misma como “base para una condena judicial”, ya que no contiene estipulaciones que conlleven sanciones o vetos internacionales.

Asimismo, la expresidenta chilena reconoció que se trata de un documento “muy controvertido”, producto de un informe efectuado tras un “proceso de revisión largo y meticuloso”.

No obstante, Israel decidió suspender sus lazos con la Oficina de la Alta Comisionada.

Según el diario israelí Times, la medida «excepcional y dura» contra la oficina de Bachelet fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, quien acusó a esta instancia de la ONU de «servir a la campaña BDS», movimiento que intenta poner fin a la «ocupación» mediante presiones políticas y económicas sobre Tel Aviv.

Washington defiende a su aliado

El Gobierno de EE. UU. manifestó su indignación por la lista de la CIDH, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó al organismo internacional de parcialidad antiisraelí.

«Me indigna que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya publicado una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel», señaló, mediante un comunicado.

«EE. UU. se ha opuesto por mucho tiempo a la creación o publicación de esta base de datos. Su publicación solo confirma el implacable sesgo antiisraelí tan prevalente en las Naciones Unidas (…) Los intentos de aislar a Israel van en contra de todos nuestros esfuerzos por construir condiciones propicias para unas negociaciones entre los israelíes y los palestinos que conduzcan a una paz integral y duradera», agregó. 

Pompeo afirmó además que su país «no ha proporcionado, y nunca proporcionará, ninguna información a la Oficina de la Alta Comisionada para respaldar la compilación de estas listas».

Asimismo, expresó «su apoyo a las empresas estadounidenses a las que se hace referencia» la lista.

Recientemente, Washington anunció que reconocerá una futura anexión por parte de Israel de sus colonias ilegales en Cisjordania y en Jerusalén Este. Además, Donald Trump ya sacó a su país de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en 2018.

Israel insiste en su agresión

A pesar de la publicación de la controversial lista, Israel anima a las empresas activas en Judea y Samaria a continuar sus actividades como de costumbre.

“Pido a las empresas que no se molesten por esta medida elaborada por organizaciones de boicot conectadas con grupos terroristas que actúan con motivos antisemitas”, afirmó el ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, en declaraciones a The Jerusalem Post.

Luego, indicó que Israel trabaja para construir una “infraestructura internacional para defender a las empresas, para que no se asusten de estas presiones”.

Según Erdan la amenaza de perder negocios en Estados Unidos es el antídoto más eficaz contra los boicots.

“Se supone que las empresas deben tomar decisiones comerciales, no políticas. Si toma una decisión política de boicotear a Israel, debe tener en cuenta que también se verá perjudicado en EE. UU. y en otros países amigos de Israel”, subrayó.

En sus declaraciones, el Ministró israelí fue más allá y planteó que “dañar a estas empresas incluidas en la lista perjudica a los palestinos que son empleados en ellas”.

“Juzgarlos por estar en territorios en disputa es una decisión totalmente política sin conexión con los derechos humanos”.

Asimismo, indicó que la lista fue compilada sin profesionalidad e incoherentemente. “Cientos de otras compañías están haciendo lo mismo, y no están en la lista”, dijo. “Fue compilada por organizaciones de boicot y no por profesionales. Hay empresas y países a los que no querían enfrentarse, así que no las pusieron”, dijo.

Por si fuera poco, los colonos informaron que planean presentar una demanda colectiva local contra las Naciones Unidas, basada en la ley anti-boicot de Israel.

“La organización que se llamó a sí misma ‘Consejo de Derechos Humanos de la ONU’ se convirtió en una organización de Boicot, Desinversión y Sanciones. Es una organización antisemita e hipócrita que habla de paz, pero su verdadero propósito es sabotear al Estado de Israel y dañar la convivencia”, señaló el jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, citado por The Jerusalem Post.

La demanda apuntaría a Antonio Guterres, Michelle Bachelet y el Consejo de Derechos Humanos, y podría incluir una exigencia de compensación económica.

Por lo pronto, el CDHNU prevé abordar las repercusiones de la publicación de la base de datos en la sesión que comienza dentro de dos semanas en la sede de la ONU, en Suiza. En concreto, deberá fijar los mecanismos para que una empresa pueda solicitar su salida del listado, o para la incorporación de otras compañías.

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