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Panamá: la reforma constitucional que pretende imponer la derecha para beneficio del empresariado

El proyecto modifica 96 artículos, de los cuales los más rechazados son el que establece el matrimonio entre hombre y mujer, y el aumento de salario para los diputados de la Asamblea Nacional

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Desde hace varias semanas, Panamá vive un proceso político y social que evidencia las desigualdades de ese país y, al mismo tiempo, las pretensiones que tienen las minorías con poder político y económico que buscan imponer una reforma constitucional que los beneficie desde todos los ámbitos.

Protestas populares que denuncian las arbitrariedades que pretenden imponer estos sectores sobre la gran mayoría de los panameños, han evidenciado las razones por las que una gran parte de la población está descontenta con el modelo político actual y han dejado en evidencia el verdadero trasfondo que tiene la reforma constitucional que promueve el Gobierno.

El actual presidente, Laurentino “Nito” Cortizo, prometió durante su campaña electoral continuar el proceso constituyente que promocionó su antecesor, Juan Carlos Varela, pero no con propósitos que verdaderamente reivindiquen las luchas populares, sino más bien, que ablande y haga más permisiva la Carta Magna para beneficio del sector empresarial.

Por eso, la aprobación de la nueva Carta Magna se convirtió en una prioridad para el Gobierno entrante, que sin haber cumplido seis meses de gestión, ha dejado a más de 95 personas detenidas arbitrariamente y un sinnúmero de violaciones a derechos constitucionales contra manifestantes contrarios a las reformas promovidas por el Gobierno y de muchos que simplemente se encontraban en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Un artículo publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) aborda la situación en Panamá y explica en detalle cómo «todo parece indicar que, por la fuerza, se impondrá una Constitución Política que beneficia al sector empresarial del país canalero; un pacto de minorías».

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Movilizaciones masivas se han manifestado en contra de la reforma constitucional

Panamá y la Reforma Constitucional de Cortizo

Explica el Celag que antes de asumir, Cortizo se reunió con la Presidencia del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND), a cargo de Michelle Muschett. Dicha reunión se realizó en nombre de la transición de los gobiernos (saliente y entrante), entendiendo que Cortizo sería la cabeza de la Concertación tan pronto iniciara su mandato presidencial (julio de 2019).

El CCND fue creado en el marco de la discusión de la ampliación del canal de Panamá, en 2006. Fue la Ley número 20 del 2008 la que fundó este espacio de diálogo y consulta en el que convergerían diversos sectores que, de manera participativa y concertada, trabajarían en la búsqueda de acuerdos y consensos sobre temas nacionales relevantes.

En teoría, la Concertación quedaba conformada por: i) la Presidencia de la República, que lidera la Concertación; ii) el sector empresarial; iii) el sector obrero; iv) los pueblos originarios; v) instituciones educativas; vi) Organizaciones No Gubernamentales y; vii) la iglesia. Sin embargo, en la percepción pública quedó establecido que en la Concertación el sector más representado era el empresarial y que este era quien decidía el camino a seguir, como se confirmó posteriormente.

Tras cuatro sesiones plenarias y cuatro talleres de trabajo –iniciados en febrero-, la CCND logró un acuerdo sobre el proyecto de Reforma Constitucional. Tras conocer la propuesta y sin realizar cambio alguno, Cortizo presentó el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional de Diputados en octubre.

Fue el 14 de octubre cuando la Asamblea se declaró en sesión permanente para discutir y aprobar los tres bloques de reforma constitucional e introdujo modificaciones que, según la ciudadanía, promueven la corrupción y otorgan excesivo poder al Legislativo.

Tal declaración fue el puntapié para el inicio de las movilizaciones populares, tras quedar en evidencia que las reformas constitucionales serían discutidas por el sector empresarial panameño y al interior de  un órgano profundamente ilegítimo para la mayoría de población, como lo es la Asamblea Nacional de Diputados.

Lo que pretende buena parte de la población es que se convoque una Asamblea Constituyente –Originaria, como se le conoce en Panamá– que integre a la totalidad de sectores de la sociedad y que permita establecer un diálogo sobre las normas básicas para la convivencia social. Se entiende que, de lo contrario, Panamá se regirá –nuevamente- por un pacto realizado entre las minorías gobernantes que propician el sistema desigual presente en el país.

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Reformar el poder contra la discriminación y el rechazo popular

La propuesta de Reforma Constitucional modifica un total de 96 artículos, de los cuales los más rechazados son: i) el establecimiento del matrimonio entre hombre y mujer, dejando de lado la posibilidad del matrimonio igualitario; ii) aumento de salario para las y los diputados de la Asamblea Nacional; iii) aumento de poder de la Asamblea Nacional al crear la posibilidad del nombramiento de un fiscal que pueda investigar al procurador general y al procurador de la Administración; iv) la posibilidad de censura a ministros de la República por parte de la Asamblea Nacional y; v) la modificación del presupuesto nacional.

Pero las protestas masivas también se fermentan en el rechazo a la corrupción y la discriminación. Según el sociólogo y profesor universitario, Marco Gandáseghi, la reforma suprime la norma “el poder público sólo emana del pueblo” y lo reemplaza por  el “poder público del pueblo”, otorgando ambigüedad al concepto.

De esta manera, “el contenido de la propuesta de la Constitución Política en Panamá es básicamente conservador y tiende a crear una camisa de fuerza para mantener las relaciones sociales injustas, actualmente existentes. A diferencia de la Constitución Política de 1946, que creía en un país dinámico y promovía cambios sociales (el novedoso ‘Título Social’), la actual propuesta hace todo lo contrario”, sostiene Gandáseghi citado por el Celag.

Otros de los aspectos novedosos en la propuesta de reforma corresponde a la incorporación de las nociones de: “seguridad nacional”, “salud pública” y la “protección laboral para los y las nacionales” como base para la legislación en materia migratoria. Estas cuestiones denotan la profundización de procesos de criminalización, discriminación y patologización de la población migrante en Panamá, todos permitidos constitucionalmente.

Además, establece que “nadie puede ser privado de libertad por más de 24 horas” -en el artículo 121-, lo cual atenta contra las libertades fundamentales en democracia y el debido proceso. El debido proceso ya de por sí se ha visto violentado en las distintas manifestaciones contra las reformas constitucionales.

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Las protestas en Panamá son silenciadas por los grandes medios. Foto: Agencias

Jóvenes son claves en la lucha social de Panamá

Los jóvenes han sido claves en la resistencia contra las reformas constitucionales, aglutinadas, en un primer momento, en la defensa de la educación pública. Estas movilizaciones incidieron en la eliminación, por parte de la Asamblea Nacional, de los artículos que modificaban el presupuesto universitario.

Durante los enfrentamientos con la policía fueron detenidas entre 40 y 50 personas los días 30 y 31 de octubre. Las detenciones y la represión alcanzaron a personas que no participaban de la concentración, al punto de privarles de su libertad por transitar cerca de las inmediaciones de la Asamblea. También sufrieron los efectos de los gases pimienta arrojados por la policía. Más de 90 jóvenes fueron, en su momento, procesados judicialmente por “alteración” a la convivencia pacífica, aunque luego las acusaciones fueron retiradas.

El abuso policial es amplio y se reporta que: i) un grupo personas detenidas fueron rociadas por policías con gas pimienta dentro de una patrulla policial; ii) la negación de atención médica a personas privadas de libertad que sufrieron ataque de asma por el gas pimienta o porque se encontraban golpeadas por la policía; iii) un policía apuntó directamente con un arma de fuego a un joven manifestante faltando así a las normas respecto a la portación y uso de armas durante manifestaciones, entre otras.

Precisamente, el abuso policial y la fuerza son las repuestas para las personas movilizadas que exigen la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria que garantice un diálogo entre los distintos sectores de la sociedad panameña. Además, los y las jóvenes proponen que la lucha contra la corrupción se consigne en la Carta Magna.

El conflicto, en ese sentido, es profundamente antagónico pues las concesiones del Ejecutivo y el Parlamento no alcanzan a la demanda popular. A estos sectores no les interesa convocar a una Asamblea Constituyente amplia y diversa, sino que optan por el mecanismo paralelo, por el que la Constitución puede ser modificada siempre y cuando transcurran dos periodos legislativos y un plebiscito. Las concentraciones se reanudaron en noviembre, al igual que la represión estatal y, con ello, Panamá se suma a la lista de países de América Latina en que la democracia está siendo profundamente cuestionada.

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¿Qué puede suceder?

Resulta complejo dilucidar escenarios posibles. El punto de partida es la confrontación de dos posturas políticas altamente antagónicas: el Gobierno y la Asamblea Nacional impulsan un proceso de Reforma Constitucional a través del mecanismo paralelo, mientras que las personas movilizadas exigen un proceso constitucional originario que garantice la participación de todos los sectores sociales.

En ese sentido, el primer escenario sería que el Gobierno y la Asamblea no cedan a la presión de la calle y continúe el “debate” de las reformas constitucionales, que se retomará en enero, después del receso legislativo. Esto incidiría en el aumento de represión así como en los procesos judiciales contra los y las manifestantes.

Además, durante el primer semestre del 2020, el Ejecutivo deberá convocar y realizar un plebiscito para modificar la Constitución, que sería rechazado por la mayoría de la sociedad panameña. Rechazadas las reformas, en Panamá se llevaría a cabo un proceso de tensión donde muy probablemente los poderes fácticos se encargarían de legalizar las reformas constitucionales por una vía no consultiva.

Un segundo escenario, menos probable, tiene que ver con el recrudecimiento de las movilizaciones en contra de las reformas constitucionales, al sumarse otros sectores como el feminista, ecologistas y pueblos originarios. Este recrudecimiento acarrearía mayor represión y judicialización de la protesta hasta que la Asamblea Nacional ceda y retire el proyecto de la Concertación Nacional y el Ejecutivo convoque a un proceso constitucional originario.

En definitiva, Panamá se suma a la lista de países en los que se cuestiona profundamente a la democracia y el sistema neoliberal. Un cambio estructural es la apuesta de la juventud movilizada, frente a una clase dominante que se aferra al status quo y al poder, y que sostiene tanto un sistema profundamente desigual como una política entreguista de uno de los puntos geoestratégicos más importantes de la región: el canal. La aprobación de las nuevas modificaciones que restringen aún más los derechos de la población conformarían así, un nuevo pacto entre la minoría gobernante.

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