"Estos crímenes de lesa humanidad, por su gravedad, no pueden ser amnistiados, indultados o recibir conmutación de pena", se advierte en misiva que fue entregada en La Moneda este martes.

En el marco de las acciones tomadas frente al Coronavirus, la administración Piñera anunció que reactivará un proyecto de ley que permitiría a condenados por delitos de Lesa Humanidad terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

SEPTIEMBRE+MEMORIA

Entre ellos el ex uniformado Julio Castañer, condenado por el Caso Quemados

“Me da ira, porque estos criminales han vivido su vida libres y mi vida terminó el 2 de julio del 86 y, mayormente, el 6 de julio, que es el día en que fallece Rodrigo”, afirmó Verónica de Negri, madre del joven asesinado por oficiales del Ejército.

"El continente entero, no solo Venezuela, tenemos derecho a vivir en paz. Hoy, con este clima que se está armando desde el norte de nuestra América hacia el resto del continente, están pasando tiempos difíciles en el país, no son los tiempos mejores que prometieron”, afirmó Gustavo “Lulo” Arias, uno de los vocalistas de Legua York.

Pidieron a Carabineros que inicie una investigación por las burlas que recibieron las personas que acudieron a respaldar al gobierno de Nicolás Maduro.

“Hoy en La Moneda se reúne Sebastián Piñera con Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. Nos parece vergonzosa la forma como se está moviendo para que fracase la acusación constitucional contra tres jueces por denegación de justicia”, afirmó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Por más de dos horas expusieron las representantes de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, ante los diputados integrantes de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada por la oposición en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema –Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama– por […]

La manifestación alrededor del Palacio de La Moneda tiene lugar tras de la presentación de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema que otorgaron libertad condicional para siete violadores de DDHH.