La iniciativa, que contó únicamente con el respaldo de parlamentarios de la derecha, avanzó en el Senado medio de una fuerte controversia, ya que. no distingue la gravedad de los delitos y podría beneficiar a criminales de lesa humanidad.

Punta Peuco es más que una cárcel: es un símbolo de la desigualdad ante la justicia, de la impunidad negociada y de la batalla entre memoria y negacionismo. Su origen y funcionamiento han estado marcados por condiciones excepcionales y denuncias de trato preferencial a los criminales de lesa humanidad que cumplen condena entre sus rejas.

"Lo que se les debe asegurar a los criminales de lesa humanidad de Punta Peuco es un trato digno dentro de la cárcel, pero igual a cualquier otro preso", planteó el abogado de derechos humanos Hiram Villagra Castro, en conversación con El Ciudadano.

El fallo impugnado ordenaba a Gendarmería de Chile contratar un médico de planta y disponer de una ambulancia para atender las necesidades de salud de los reos, medidas que implicaban el uso de fondos fiscales no autorizados, lo cual según determinó la Suprema, excede las atribuciones de la Corte de Apelaciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que Gendarmería deberá disponer de un médico de planta y una ambulancia en el caso que se requiera el traslado de alguno de los internos de Punta Peuco a un centro de salud.

El ministro Cordero envió un oficio a la Cámara de Diputadas y Diputados en el que indicó que "no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales".

El cambio en el régimen de visitas, no le gustó a los internos, condenados por violación a los derechos humanos en dictadura, quienes en conjunto presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En total, se recibieron 2.013 solicitudes a nivel nacional, de las cuales solo se acogieron el 0,99%.

El exteniente coronel de Carabineros, Ciro Torré Sáez, cumplía condena de 10 años en el penal por diversos crímenes mientras estuvo en la DINA entre los años 1974 y 1977, donde incluso fue jefe de local del centro de torturas de José Domingo Cañas.

El comandante (r) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Luis Enrique Campos Poblete estaba cumpliendo condena de 17 años de presidio, luego de haber sido declarado culpable del asesinato de José Francisco Bordas Paz, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en diciembre de 1974. La condena fue en calidad de autor.