This week, the National Assembly of Venezuela approved the initiation of a national consultation aimed at comprehensive reform of the country's criminal justice system, placing human rights at the forefront of this important dialogue.

La consulta recorrerá barrios, universidades y tribunales de todo el país caribeño para recoger propuestas desde la base social y revisar el Código Orgánico Procesal Penal y leyes conexas para humanizar la atención a víctimas y procesados

Venezuela hat eine umfassende nationale Konsultation zur Reform der Strafjustiz initiiert, die die Menschenrechte ins Zentrum des Dialogs rückt. Ziel ist es, die Verfahrensabläufe zu vereinfachen und ein agileres Justizsystem zu schaffen.

Contraloría auditó siete cárceles y detectó que 1,539 casos de drogas no recibieron sanción disciplinaria. Tampoco se sancionó a 507 funcionarios ni a 397 visitantes con prohibición de ingreso. Ordenó a Gendarmería regularizar denuncias y enviar antecedentes al Ministerio Público en 60 días hábiles.

Un informe de la organización de DD.HH. Cristosal reveló que las cárceles de El Salvador se han transformado en “una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado” y que se han confirmado 419 muertes de reclusos, muchas bajo condiciones de tortura, desnutrición y falta de atención médica.

El agresor del conserje en Vitacura no solo enfrenta cargos por lesiones graves: su historial incluye detenciones previas, episodios de violencia, una red de emprendimientos millonarios y un discurso de éxito financiero que contrasta brutalmente con sus actos.

La Maryland Correctional Enterprise (MCE) explota a sus reclusxs pagándoles tan solo 1,16 dólares al día por su trabajo penitenciario, mientras genera 50 millones de dólares anualmente

Diversos análisis, seminarios y actividades académicas destacan la dignidad de todos los seres humanos y no faltan los políticos que anotan nuestros severos déficits al respecto, aunque de verdad, nada o muy poco hacen todos para atender el llamado de Gendarmería, de las organizaciones sociales, los familiares de los presos y de la instituciones religiosas y asistenciales para que nuestra supuesta democracia se ponga a la par con otras que, como el caso de Estonia, le dan ejemplo al mundo.

Con respecto a la nacionalidad de los detenidos, se reveló que 2.069 de ellos son colombianos. Le siguen bolivianos (2.058), venezolanos (1.943), peruanos (756) y dominicanos (214).

Algunos autoproclamados liberales sostienen que el problema del delito puede resolverse con criterios economicistas que, en términos simples, se reducen a que si aumento la tarifa -es decir, si subo las penas-disminuyen los delitos.