El organismo emitió informe el 20 de mayo, donde confirma lo señalado por organizaciones y vecinos y vecinas de Puerto Guadal desde sus primeras denuncias de marzo de 2020: el proyecto debió someterse a evaluación ambiental con participación ciudadana. Con esta conclusión, sumada al fallo en el mismo sentido que emitió el Tribunal Ambiental de Valdivia, la Superintendencia del Medio Ambiente, que desestimó sistemáticamente los reclamos interpuestos, deberá emitir resolución que obligue a la empresa a cumplir la ley.
