La solicitud fue formulada por María Inés Salgado, presidenta de la Corporación Iguales, entidad que actualmente tiene en comodato el inmueble -de propiedad fiscal- y que se dedica a programas destinados a niños, niñas y adolescentes (NNA), que viven vulneraciones a sus derechos. La petición recibió el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y de distintos representantes de la sociedad civil organizada.
