La decisión generó de inmediato variadas reacciones, tanto entre las y los integrantes de la CC, como de la ciudadanía, donde algunos se refirieron a la inminente eliminación del Senado que significaría la aprobación de la norma.

"El sistema político debe convertirse en un espacio de movilización de la sociedad en torno a proyectos de desarrollo y mejoramiento de la vida en común. Para esto, debe adoptar formas que faciliten y permitan la participación efectiva", afirmó la delegada constitucional del Distrito 7.

"Es intolerable que en una democracia los jueces “inamovibles” de una corte suprema, que los ciudadanos no han nombrado, puedan ser los que detengan el poder de interpretar o influir, en el presente y en el futuro, en el sentido de las normas constitucionales..."

Propuesta levantada propone incorporar al texto constitucional la protección y promoción de la diversidad de nuestras expresiones culturales y el derecho soberano a desarrollar, conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que se estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de nuestras expresiones culturales.

La iniciativa fue trabajada por los ediles junto a los trabajadores y trabajadoras que son parte de la Unión Portuaria de San Antonio.

Constituyente Jaime Bassa (FA) destacó la importancia del fortalecimiento de la Educación Pública, recordando que "el espacio en el cual se garantiza la universalidad del ejercicio del Derecho a la educación es precisamente la Educación pública".

“Desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país, valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación y diálogo que se determinen en cada comisión”, expresó Quinteros.

Comisión de Derechos Indígenas y Plurinacionalidad dio luz verde al cronograma propuesto. De acuerdo al texto aprobado, el proceso partirá con una etapa de difusión, diálogo y deliberación, para dar paso posteriormente a la recepción y sistematización de las discusiones e ideas.

Propuesta presentada por Chilemigra busca que la nueva Constitución reconozca el derecho de toda persona a migrar desde y hacia Chile, así como el pleno respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

La norma establece que "el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes".