El máximo tribunal condenó a 20 integrantes de la disuelta CNI por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de Lucía Vergara Valenzuela, Sergio Peña Díaz y Arturo Vilavella Araujo.

El Grupo de Amigos Personales (GAP) fue el servicio de seguridad personal del presidente de Chile Salvador Allende

El Caso Fraude en el Ejército. con sus más de 40 aristas, pasará a partir del 4 de septiembre de 2023, a manos de Ana María Osorio, quien juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2022.

Jueza asumió el 3 de marzo de 2017 la investigación de este caso, encausando a 68 militares, incluyendo a los últimos 4 comandantes en jefe de la institución: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).

El abogado querellante Nelson Caucoto, representante de las familias de Jara y Quiroga valoró el fallo señalando que “se ha dictado la sentencia final y definitiva por parte del máximo tribunal de la República, en dos crímenes infamantes cometido por militares chilenos contra dos figuras relevantes de la sociedad chilena”.

Afectada dio a conocer la situación ante la comisión para la intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria de la UACh, pero según el máximo tribunal, dicha instancia no adoptó medidas de resguardo eficaces.

“Durante varios años, a partir del año 1973, bajo una formal legalidad y funcionamiento aparente dentro de ella, la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA) operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores, entre los que consideraron a Carmelo Soria Espinoza", señala la sentencia

Según el máximo tribunal, "no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del ex Jefe de Estado y eventuales maniobras para ocultar su envenenamiento".

33 personalidades de redes sociales interpusieron un recurso de protección que buscaba declarar ilegal la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el Gobierno. Sin embargo, la justicia desestimó las acusaciones asegurando que no existe una amenaza directa a los derechos de los ciudadanos.

El secretario general del máximo tribunal, Jorge Sáez, indicó que las propuestas de cambio se realizaron dentro del plazo de cuarenta días y también se cumplió con los requisitos establecidos en el propio reglamento.