Por este mismo caso exmiembros del Ejército y Carabineros enfrentan penas por secuestros y apremios ilegítimos perpetrados contra las mismas personas fallecidas durante la dictadura en Puerto Montt.

Con uniformes de salud, pero con balas de muerte los efectivos policiales secuestraron a 4 personas y mataron a una, mientras intentaban hallar refugio en la embajada de Argentina durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El Primer Juzgado Civil de Santiago determinó que el militante de las Juventudes Comunistas fue detenido por efectivos de Carabineros en febrero de 1989 en la población La Victoria y sometido a torturas en unidades policiales y la cárcel de San Miguel.

Entre el listado figura un empresario prófugo, responsable por 7 desapariciones forzadas, así como culpables de torturas y asesinatos, quienes aún no cumplen sus penas. También se incluye a los involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga y en los casos “Quemados” Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y masacre en Laja-San Rosendo, entre otros.

En el aspecto civil, la Corte Suprema mantuvo la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $220.000.000 por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.

La Corte IDH condenó la aplicación, por parte de la Corte Suprema, del polémico recurso de “prescripción gradual”, que permitió reducir las sentencias de condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet, causando que muchos de ellos quedaran en libertad

A juicio de la secretaria general del PC, es necesario reafirmar que el "Nunca Más", no es solamente "respecto a quienes fuimos afectados de manera directa, sino que una sociedad no puede permitirse decir -si quiere llamarse democrática- que eso no fue tan terrible".

La Corte Suprema confirmó la sentencia contra el oficial (r) de Carabineros por los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos infringidos a José Contreras Ojeda en 1973. Previamente había sido condenado a 15 años de cárcel  por dar muerte al exparlamentario del Partido Socialista, Luis Espinoza, y por el homicidio del campesino, Abraham Oliva.

El médico cirujano Manuel Amor Lillo fue el encargado del hospital de campaña instalado en el velódromo del Estadio Nacional, el cual se convirtió en un centro de detención y torturas durante la dictadura.

El ex teniente coronel de Carabineros  Gerardo Ernesto Godoy García fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y el ex empleado civil del Ejército Rodolfo Valentino Concha Rodríguez a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, ambos como autores del delito de secuestro calificado (desaparición forzada) de Chanfreau.