El Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Alfred de Zayas (en la foto, a la izquierda), señaló tras su visita a Venezuela que en el país «no existe una crisis humanitaria»

En una de las grabaciones que han salido a la luz se ve a un preso siendo agredido por un guardia con una pistola eléctrica, pese a que el delincuente no ofrece ningún tipo resistencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidió atender de forma urgente “las formas contemporáneas de esclavitud” que existen en el país, tras el informe que los sitúa entre las 20 naciones con más víctimas de trata de personas identificadas

Bajo las etiquetas #FueraJOH, #HondurasResiste y #FraudeElectoral, en las redes sociales se difundió la brutalidad policial y militar, ordenada por el actual gobierno, tras las protestas motivadas por las denuncias de fraude en las últimas elecciones.

Tras más de cinco años de audiencias, se conoció la sentencia Megacausa ESMA III, el juicio oral más grande de la historia trasandina. Iniciada en noviembre de 2012, se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos por 54 genocidas contra 789 víctimas en el mayor centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Se trata del fallo por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que funcionó como centro clandestino de torturas, asesinatos y secuestro de bebés durante la dictadura cívico militar.

En cajas herméticas, protegidas del polvo y la humedad, se encuentran los miles de testimonios del informe Valech I, comisión que investigó la represión política y la tortura durante la dictadura chilena

El conflicto armado de los 80's y 90's dejó más de 13.000 desaparecidos, la mayoría campesinos de origen humilde oriundos de los Andes del Perú, según datos de la fiscalía y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto suman 18,778 las personas desaparecidas en México.

En el marco de los 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado y de los más de 300 niños apropiados por la dictadura cívico-militar trasandina, los hijos de los represores quieren ayudar a esclarecer los hechos y declarar en contra de sus padres. La ley argentina lo prohíbe.