Reinalda Pereira, tecnóloga médica y militante comunista, estaba embarazada al momento de su detención y actualmente figura como detenida desaparecida.

Ambos valientes en dos momentos distintos. Él enfrentando a sus camaradas traidores y la intervención estadounidense, manteniendo firme su posición y el principio de no injerencia de las Fuerzas Armadas, lo que le costó la vida. Ella abriendo las puertas a las diversidades, a temas incomodos que nos obligan a reflexionar y a hacernos cargo de que no somos el país moderno y pluralista que creíamos ser.

Su muerte –y sobre todo su vida ejemplar– reactiva el deber histórico del Estado de reconocer formalmente que, en 1973, la razón, la legalidad y el humanismo estuvieron del lado de los militares que se mantuvieron apegados a la Constitución. Una gesta que debe ser destacada como ejemplar en las escuelas militares.

Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

Las dictaduras suramericanas secuestraron, torturaron, y asesinaron a miles y a cientos de exiliados, o los devolvieron a la fuerza a los países de los que habían huido. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro, amparados por el pacto de silencio entre los autores que nunca se ha quebrantado. Ninguno de ellos ha mostrado un asomo de arrepentimiento.

Con solo tres años de edad, Macarena Aguiló fue detenida por agentes del Estado y se le mantuvo incomunicada durante 22 días. Hoy la justicia condenó al fisco a pagarle una millonaria indemnización por daño moral.

El exsubsecretario del Interior recibió el encargo personal de detectar y desarticular a los grupos que aún se negaban a deponer las armas tras el retorno de la democracia. "En el período de Patricio Aylwin se torturaba a las personas para arrancarles confesiones", denunciaría años más tarde un expreso político.

“Durante varios años, a partir del año 1973, bajo una formal legalidad y funcionamiento aparente dentro de ella, la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA) operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores, entre los que consideraron a Carmelo Soria Espinoza", señala la sentencia

El objetivo de esta macabra acción fue presionar al padre de la menor, el dirigente del MIR Hernán Aguiló, a que se entregara a la DINA. Al no cumplir con su objetivo, los represores inventaron un montaje informando que carabineros había encontrado a la menor "vagando por la calle".

Se trata de los ex militares Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y José Miguel Meza Serrano.