Households in El Salvador are feeling the harsh impact of the austerity measures implemented by President Nayib Bukele following the 2024 agreement with the International Monetary Fund (IMF), leading to mass layoffs, rising inflation, and a cost of living crisis for the most vulnerable populations.
El crecimiento económico de El Salvador es de los más bajos de Centroamérica, con una proyección de desaceleración del 3,9% en 2025 al 2,9% en 2026, y la situación es tan crítica que siete de cada diez ciudadanos señalan a la economía como su principal preocupación
Die Haushalte in El Salvador erleben die Härte der Sparmaßnahmen, die die Regierung von Nayib Bukele nach dem IWF-Abkommen 2024 implementiert hat. Massive Entlassungen und steigende Lebenshaltungskosten belasten insbesondere die verletzlichen Bevölkerungsschichten.
Una nueva oligarquía ha surgido en El Salvador, conformada por el presidente Nayib Bukele, su familia y un círculo de funcionarios de su círculo que han multiplicado exponencialmente su patrimonio en solo siete años —con incrementos de hasta el 713%— amparados en préstamos millonarios del Banco Hipotecario, una fiscalización tributaria extremadamente laxa y la revalorización del centro histórico de San Salvador, lograda mediante el desalojo forzado
In El Salvador hat sich die Vermögenssituation im Umfeld von Präsident Bukele dramatisch verändert: Während das Vermögen seiner Vertrauten um bis zu 700 % zunimmt, sehen sich die Bürger zunehmender Armut gegenüber.
Terms such as “amigue, compañeres, niñe, todos y todas, alumn@,” “jóvenxs,” and “nosotrxs” will not be accepted under any circumstances in El Salvador’s public education establishments.
Términos como «amigue, compañeres, niñe, todos y todas, alumn@», «jóvenxs» y «nosotrxs» no serán aceptados bajo ninguna circunstancia en los establecimientos de educación pública de El Salvardor.
Un informe de la organización de DD.HH. Cristosal reveló que las cárceles de El Salvador se han transformado en “una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado” y que se han confirmado 419 muertes de reclusos, muchas bajo condiciones de tortura, desnutrición y falta de atención médica.
El dato que fue replicado por los medios chilenos, no fue verificado de forma independiente y está en el ojo del huracán de la opinión pública, al ser comparado con otros registros que se han dado conocer desde hace seis años y que dejan en evidencia el supuesto "hito histórico" anunciado por Bukele.
