El camino para lograr una ley que proteja los glaciares en territorio nacional ha sido largo y no obstante infructuoso. Desde el año 2005, cuando Bachelet se comprometió por primera vez durante su campaña presidencial a patrocinar un proyecto de ley que resguardara los macizos, han tenido que pasar 10 años para que el ejecutivo se pronunciara legislativamente al respecto, al respecto -una vez más- de la protección de los intereses mineros, dejando en manos del Comité de Ministros el futuro de la mayoría de formaciones del país.