En tanto, la parte querellante y el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigen 15 años de presidio mayor.

“Quiero preguntarle a él (Luciano Cruz-Coke), si sabe cuántas personas fuimos mutiladas, preguntarles si sabe cuántas personas fueron violadas dentro de las comisarías, preguntarle si sabe cuántas personas fueron asesinadas por agentes del Estado. Ojalá me diera una respuesta”, emplazó la senadora Campillai al parlamentario de Evópoli, durante la sesión que se trataba la ley que penaliza el delito de incendio en lugares de culto religioso.

El objetivo es reparar integralmente a las víctimas y a sus familias, en todos los ámbitos de sus vidas afectados por las consecuencias del actuar estatal represivo perpetrado desde octubre de 2019, en contexto de la revuelta popular.

“Quienes salieron a luchar a las calles por los cambios profundos que Chile necesita, y que hoy estamos construyendo, siguen en la cárcel desde hace más de dos años y medio en una supuesta prisión preventiva, sin derecho a juicio, por lo que es urgente tramitar esta ley con la que podrán estar en libertad”, señaló la parlamentaria.

Sobre lo que anticipa del nuevo Gobierno liderado por Gabriel Boric en materia de Derechos Humanos, Campillai planteó que espera una “reparación para nosotros, esa justicia, esa verdad que este Gobierno no nos dio, y al contrario, nos mutiló y encarceló a nuestros jóvenes por alzar la voz”.

"Considero gravísimo e inaceptable que un militante de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Diversidad de ese partido, funcionario público de Corfo hasta el 31 de diciembre pasado, se sienta con el derecho de hacerme una amenaza pública, y llamar a hacerme daño en mi hogar, lugar donde resido con mi marido, mis hijas e hijo pequeño", dijo Campillai en un comunicado.

La senadora electa, Fabiola Campillai, agradeció la instancia en la que el Presidente electo ratificó la creación de una mesa de trabajo en marzo, que avance hacia la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición hacia quienes sufren aún las consecuencias de la brutalidad perpetrada por agentes de la policía uniformada y militar, en el contexto del denominado “estallido social”.

Campillai, quien fue víctima de la violencia policial en el estallido social de 2019, exhortó al Congreso aprobar la Ley de Indulto General para los presos políticos de la revuelta: “Se ha alargado mucho el debate en las Cámaras, por lo tanto, pedimos a nuestros senadores que por favor este indulto lo aprueben para que estos jóvenes que lucharon un día puedan estar con sus familias”, dijo.

En este artículo se analizan los principales aspectos de la respuesta judicial frente a la rebelión popular de octubre de 2019 en Chile, y en especial los procesos de criminalización de quienes han sido imputados de participar en la comisión de delitos políticos y comunes en dicho contexto.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó la acusación particular en contra del capitán Patricio Maturana, por los hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2019, en San Bernardo.