The Investigative Police (PDI) have acknowledged before the Senate that they cannot expel 6,000 Venezuelan citizens, highlighting the structural limitations and barriers surrounding José Antonio Kast's main campaign pledge of mass deportation for foreigners with criminal records or irregular status.

La principal promesa de campaña de Kast, basada en la expulsión masiva de migrantes, enfrenta serias dificultades diplomáticas que ponen en duda su viabilidad, a lo que se suma que cada deportación puede costar hasta $3 millones y el presupuesto disponible no alcanza para enfrentar la magnitud del problema: se necesitan $18 mil millones para ejecutar las 6 mil expulsiones de ciudadanos venezolanos

Die PDI hat im Senat erklärt, dass sie 6.000 venezolanische Staatsbürger nicht ausweisen kann, was die strukturellen Barrieren von Kasts Wahlversprechen zur massenhaften Ausweisung aufdeckt.

La mayor matanza de “nacionalistas” en la historia de Chile no fue resultado de la acción del comunismo, sino por un gobierno de derecha. Al contrario, con el MNS bajo la persecución, fueron los partidos de izquierda los que lideraron la denuncia de los hechos.

“Pasé de la pena a la rabia, pero con el tiempo se sabrá lo que pasó y los culpables pagarán como corresponde”, afirmó en la misiva el exfuncionario de la FACh que fue formalizado por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita.

Los pasillos de las instituciones militares son oscuros, están llenos de secretos alejados de la realidad, esconden conspiraciones y negocios, donde cohabitan asesinos y víctimas. No es casualidad entonces que un país se entere que la ambición también está en la parada militar.

“Los imputados se organizaron con el objetivo de transportar droga desde Iquique a Santiago, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos de la referida rama de las Fuerzas Armadas”, indicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

El cabo primero, quien llevaba 12 años en la FACH al momento de ser expulsado por este caso, detalló cómo aprovechó su posición para transportar estupefacientes, incluyendo ketamina, utilizando recursos militares.

.La Corte de Apelaciones de San Miguel deberá resolver si la FACh vulneró garantías constitucionales al negar el acceso del abogado defensor a su cliente, que se encuentra imputado en la investigación por tráfico de drogas en el seno de la institución, y al ocultar información sobre su paradero y estado de salud.

La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, indicó que se han acreditado «por lo menos 10 envíos» de los vehículos conducidos por los militares en la ruta Iquique-Santiago para transportar la droga, «desde octubre del año pasado».