The Twenty-Fifth Civil Court of Santiago grounded its decision in "the age of the claimant and her family context, the temporal extent of her father's detention, and the unlawful duress and torture he suffered, as well as the sequelae resulting from them, particularly concerning the mental health of the claimant and the implications for her family life."

El Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago fundamentó su decisión en "la edad de la demandante y su entorno familiar, la extensión temporal de la detención de su padre y los apremios ilegítimos y torturas de que fue víctima, así como las secuelas provocadas a raíz de ellos, en particular, en lo referente a la salud mental de la actora y las repercusiones en su ámbito familiar".

The Appeals Court determined that Unimarc, by offering an escalator to its customers, assumed a "heightened duty of care," necessitating that it "adopt all necessary measures to prevent accidents or lessen their consequences."

La Corte de Apelaciones determinó que Unimarc, al poner a disposición de sus clientes una escalera mecánica, asumió un "deber de seguridad reforzado", por lo que debió "adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes o aminorar sus consecuencias".

La sentencia pone fin a una prolongada controversia legal sobre la validez del contrato con el Municipio de Santiago, que deberá comprar el inmueble. Frente a este nuevo revés judicial, el alcalde Mario Desbordes anunció que emprenderá todas las acciones legales necesarias para revertir el fallo.

El Banco Ripley deberá pagar una indemnización a la clienta de $7 millones. De acuerdo con la Corte de Apelaciones la empresa incumplió una sentencia previa en la que se le ordenó abstenerse "de efectuar llamados telefónicos de cobros extrajudiciales, mandar mensajes de texto o enviar cartas de la presunta deuda a la demandante".

El abogado de derechos humanos planteó que aunque el reciente fallo que obliga a los familiares del dictador a devolver al fisco más de 16 millones de dólares "marca un hito simbólico", también revela las limitaciones de la justicia chilena, ya que "mientras lo económico puede ser reparado décadas después, lo penal quedó en la impunidad".

Un fallo judicial histórico reconoce al Estado de Chile como responsable de la muerte de la niña de seis años, Alicia Marcela Aguilar Carvajal, quien resultó baleada por efectivos militares en la Plaza Panamá de Santiago una semana después del golpe de Estado de 1973.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto contra la empresa eléctrica y le ordenó dar cumplimiento a la resolución dictada de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que le ordenó cesar con los cobros de consumo sin respaldo que facturaba a una clienta desde 2022.

En la sentencia, el tribunal fue categórico al señalar que el diagnóstico inicial fue erróneo y que, pese a que la cirugía fue considerada un éxito, la paciente no logró recuperar su movilidad, quedando con discapacidad permanente.