El abogado Alberto Espinoza, defensor del werken de la CAM, cuestiona el fallo de la Corte Suprema que negó el traslado de Héctor Llaitul a un módulo de comuneros mapuche. Acusa al máximo tribunal de sustentar su resolución en antecedentes erróneos y en una mirada “racista y colonial” sobre la cultura del pueblo mapuche.

Actualmente, cerca de 4.200 personas condenadas están siendo monitoreadas, pero el sistema tiene capacidad para más de 8.000. Aun así, su uso en casos de violencia intrafamiliar sigue siendo mínimo. En 2023, se presentaron 1.764 solicitudes, pero solo el 4% fue autorizado por los tribunales.

Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas.

El tribunal descartó dolo, acusó falta de pruebas y reafirmó que el conflicto en la cárcel de Angol fue sobredimensionado: una nueva derrota para el montaje y la criminalización del pueblo mapuche.

Selín Nur, concejal recientemente electo del Partido Social Cristiano (PSC) en Coronel, fue condenado por apremios ilegítimos en su rol de suboficial mayor de Gendarmería, que incluye “reiterados golpes de puño”, según publicación de Radio Biobío.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos solicita a las autoridades el urgente traslado de Héctor Llaitul a la Cárcel de Temuco apelando al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT para resguardar su vida y dignidad en un contexto de huelga de hambre

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche ha bajado más de 7 kilos debido a la huelga de hambre seca que inició hace una semana para exigir por su inmediata liberación, debido a que ya cumplió su condena y debió salir de prisión el pasado 26 de junio.

La audiencia programada para el pasado 17 de junio en el caso de Héctor Llaitul, no se llevó a cabo debido a un retraso en la vista de las causas de la Corte Suprema. A pesar, de que el líder de la CAM ya lleva 18 días en huelga de hambre.

Tras una redada, que incluyó domicilios y unidades penales, al menos 11 personas resultaron detenidas, entre las que figuran gendarmes.

Los hechos se registraron en 2016 en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y producto de la agresión la víctima sufrió lesiones graves y resultó con una insuficiencia renal aguda.