After more than three months of fasting and two days on a dry hunger strike, the communal leaders from Module E in Angol ended their protest on October 16 after reaching "agreements with Gendarmería," reinforcing demands for intercultural medical care, agreement compliance, and process guarantees.

In a statement dated October 13, Module E of Angol announced that Estefani Pérez Ancalaf (103 days of fasting) and Antonio Lebu Neculpan have escalated their protest to a dry hunger strike due to a lack of responses. They demand transfer to the Intercultural Hospital of Nueva Imperial, respect for ILO Convention 169, and guarantees for fair trials for other detainees.

A través de un comunicado del 13 de octubre, el Módulo E de Angol informó que Estefani Pérez Ancalaf (103 días en ayuno) y Antonio Lebu Neculpan escalaron su protesta a huelga seca por falta de respuestas. Exigen traslado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, respeto del Convenio 169 de la OIT y garantías de juicio justo para otros comuneros.

Lebu se cuadra con las huelgas y aprieta al sistema: nulidad de juicio para Arzola y Queipul, fin de las suspensiones en la Suprema y traslado para el Caso Quilleco, señalan redes de apoyo.

El módulo comunero del CCP Temuco anunció una huelga de hambre líquida en solidaridad con José Arzola Millalén y Dago Queipul Marillán, quienes completan 43 días de ayuno. Exigen nulidad de juicio, el fin de la militarización y la salida de forestales del Wallmapu.

Las autoridades califican a los tres reos como peligrosos, debido a la gravedad de los delitos por los que fueron condenados, que incluyen homicidio, robo y narcotráfico. Desde Gendarmería indicaron que con colaboración externa, lograron "trenzar una cuerda de acero, que les permitió desplazarse sin contacto con el suelo, al estilo canopy".

Durante los años 2023 y 2024, casi tres mil funcionarios afiliados a Capredena y Dipreca salieron del país mientras estaban con licencia médica. La Contraloría detectó más de nueve mil viajes, algunos de ellos reiterados, y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, defendió su accionar, negando cualquier intención dolosa y atribuyendo el error a un problema administrativo. Además, desmintió categóricamente las acusaciones de haberse quedado dormida durante la audiencia de formalización.

El sujeto de nacionalidad venezolana y que forma parte de una cadena de sicarios vinculada al Tren de Aragua, fue liberado por Gendarmería al cumplir una supuesta orden del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que solicitaba dejarlo "sin medidas cautelares".

El caso reaviva el debate sobre la probidad en la carrera pública y la congruencia de las críticas de Matthei hacia Gendarmería, mientras uno de sus principales colaboradores fue sancionado por irregularidades en el mismo organismo.