El Gobierno de Argentina, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), catalogó peyorativamente a personas con diversidades funcionales, mediante decreto que busca clasificar a personas con beneficios estatales que no pueden trabajar.
Por decisión del presidente Alberto Fernández se declara así la emergencia pública en materia ocupacional, ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral.
